COAG pide a Consumo que investigue la venta de tomate saharaui etiquetado como marroquí en centros de Carrefour

La organización agraria COAG y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) han pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que investigue un posible "fraude" por la venta -en centros de Carrefour- de tomates cultivados en el Sáhara Occidental y etiquetados como originarios de Marruecos.

La denuncia presentada ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recoge el "supuesto incumplimiento de las normas de etiquetado en tomates cherry", según un comunicado de COAG y CECU.

Las organizaciones han explicado que "productos cultivados en el Sáhara Occidental se podrían estar comercializando como marroquíes, vulnerando los derechos de las personas consumidoras".

Según COAG y CECU, la empresa Azura, con más de 400 hectáreas de invernaderos en producción en el Sáhara Occidental "comercializa sus tomates cherry en supermercados de la Unión Europea (UE) etiquetados con origen Marruecos".

En particular, estas organizaciones han detectado la comercialización del producto en España "en varios establecimientos de la cadena Carrefour", han detallado.

Han asegurado que esta situación "ya se ha denunciado en Francia y que también se está produciendo en España".

Asimismo, han dicho que es "necesario determinar si se está produciendo una ocultación intencionada del origen real de los productos, dañando los intereses de los consumidores, pero también de nuestros agricultores por competencia desleal".

El experto en Alimentación de CECU Eduardo Montero ha exigido "que se cumpla la legislación y sentencias judiciales sobre este tema".

"Las personas consumidoras tenemos derecho a saber de dónde vienen realmente los alimentos que compramos, especialmente cuando afecta a un tema tan importante para la sociedad española como el Sáhara Occidental".

Por su parte, desde la comisión ejecutiva de COAG, Andrés Góngora ha dicho que "se deben investigar estos hechos que perjudican tanto a las personas consumidoras, como a productores y productoras, al suponer una competencia desleal para nuestras frutas y hortalizas.