Bruselas flexibiliza la Ley de Inteligencia Artificial solo unos meses después de su entrada en vigor

La Comisión Europea presentó este miércoles una revisión sustancial de su Ley de Inteligencia Artificial, apenas meses después de su entrada en vigor. El denominado "Digital Omnibus" propone aplazar más de un año las obligaciones más exigentes de la normativa y simplificar los requisitos para las empresas, una maniobra que Bruselas vende como necesaria para la competitividad europea pero que ha desatado acusaciones de desmantelamiento prematuro de un marco regulatorio pionero.

Un año más de margen para los sistemas de alto riesgo

El cambio más significativo afecta a los sistemas de IA clasificados como de alto riesgo: aquellos utilizados en la concesión de créditos bancarios, la selección de personal, la gestión del tráfico o en decisiones que pueden afectar directamente a derechos fundamentales.

Las obligaciones que debían aplicarse en agosto de 2026 se posponen ahora hasta diciembre de 2027, dieciséis meses adicionales que la Comisión justifica porque los estándares técnicos que las empresas deben cumplir todavía no existen.

"Diseñar estándares nunca es fácil", admitieron fuentes comunitarias, confirmando lo que muchos ya sospechaban: la ambición reguladora europea se adelantó a su propia capacidad de implementación.

La vicepresidenta Henna Virkkunen intentó suavizarlo: "Tenemos todos los ingredientes para el éxito en la UE. Pero nuestras empresas se ven frenadas por una burocracia excesiva".

Menos papeles, más flexibilidad

El paquete de medidas va más allá del simple aplazamiento. Las pequeñas y medianas empresas, junto con las compañías de mediana capitalización, verán simplificada su documentación técnica y sus sistemas de gestión de calidad. La Comisión calcula que estas facilidades supondrán un ahorro de al menos 225 millones de euros anuales, que podrían llegar hasta los 433 millones.

También desaparece la obligación directa para proveedores de impulsar la alfabetización en IA entre usuarios, una responsabilidad que ahora asumen los Estados miembros y la propia Comisión.

Y se elimina el registro obligatorio en la base de datos europea para sistemas que, sobre el papel, no sean realmente de alto riesgo.

La AI Office (Oficina de IA), la flamante autoridad europea de supervisión, emerge reforzada con nuevas competencias para supervisar modelos de IA de propósito general y sistemas integrados en grandes plataformas.

Tendrá capacidad sancionadora directa y coordinará un sandbox regulatorio a nivel europeo a partir de 2028, espacios de prueba donde las empresas podrán experimentar con mayor libertad.

La sombra de Trump y el recelo de la izquierda

Pero todo esto tienen un precio político. Los grupos de izquierda del Parlamento Europeo no tardaron en alzar la voz. "Para nosotros es muy claro que la reapertura de la legislación tecnológica es un desmantelamiento hacia Trump", sentenció la eurodiputada verde Kim van Sparrentak, en alusión a las presiones que la administración estadounidense habría ejercido sobre Bruselas.

El ex comisario Thierry Breton, artífice de la Ley de IA, publicó un artículo en The Guardian advirtiendo contra cualquier intento de desmantelar la normativa: "Nadie se deja engañar por el origen transatlántico de estos intentos. No seamos ingenuos". El título del artículo de Breton es contundente: "Los imperios digitales del mundo se disputan el poder: en Europa, no podemos permitirnos ser unos tontos útiles".

Frente a estas críticas, el Partido Popular Europeo celebró la propuesta como "un impulso crucial para la competitividad industrial de Europa" y pidió su aprobación urgente. Una fractura que refleja el dilema europeo entre protección y competitividad, entre regular y dejar hacer.

Empresas y consumidores: Dos visiones enfrentadas

Las organizaciones empresariales aplaudieron tímidamente. La Computer & Communications Industry Association, que agrupa a gigantes como Apple, Google, Amazon y Meta, consideró las medidas "un primer paso prometedor", pero exigió "una reforma más profunda". BusinessEurope, la gran patronal europea, valoró que los cambios "reflejan las demandas legítimas de empresarios que desean innovar".

En el otro extremo, la organización de consumidores BEUC advirtió que el texto "diluye las normas de privacidad y supone un debilitamiento sustancial que beneficiará principalmente a las grandes empresas tecnológicas extracomunitarias".

Laura Lázaro, del Center for Democracy & Technology, fue más contundente: la propuesta "debilita inaceptablemente el otrora prestigioso marco digital de la UE, canjeando sólidas garantías por la incierta promesa de una competitividad acelerada".

El eterno dilema europeo

Lo que emerge de este episodio es algo más profundo que un simple ajuste técnico. Europa diseñó una normativa que el mundo entero observaba como referencia, estableciendo un modelo de regulación de la inteligencia artificial centrado en los derechos fundamentales.

Pero, apenas unos meses después de su entrada en vigor, se ha topado con un baño de realidad: los estándares no están listos, las empresas protestan, la presión geopolítica arrecia.

¿Es pragmatismo adaptarse a lo posible o es capitulación ante lo inevitable? La pregunta permanece abierta mientras el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deliberan sobre una propuesta que, en cualquier caso, ya ha conseguido evidenciar la distancia entre la ambición reguladora y la capacidad real de implementación.

Una cosa es diseñar el marco legal más avanzado para gobernar la inteligencia artificial y otra muy distinta conseguir que funcione sin estrangular la innovación que dice proteger.