La Justicia belga embarga a España las tasas de Eurocontrol por un laudo de renovables

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha autorizado el embargo temporal de las tasas aéreas que el gestor de navegación aérea de España, Enaire, recauda a través de Eurocontrol, ante el impago por el Estado de un laudo condenatorio de 59,6 millones de euros por las primas a las renovables.

Según han informado este viernes fuentes del proceso, la decisión está relacionada con un laudo, dictado en 2019 y aún pendiente de pago, a favor de RREEF, empresa que invirtió en el desarrollo de varias plantas de energía renovable en Andalucía y se vio afectada por los recortes retroactivos de las primas.

Fuentes de Enaire confirman a EFE la decisión del tribunal belga, y aseguran que el servicio y los compromisos del gestor de navegación aérea español están garantizados mientras se soluciona este bloqueo.

Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica avanzan que la Abogacía del Estado iniciará procedimiento de oposición, se abrirán otras vías de actuación litigiosa en paralelo y se impugnará el reconocimiento por parte de Bélgica, agotando todas las vías judiciales hasta la resolución.

En este sentido, añaden que, de acuerdo con la Comisión Europea, España no puede abonar los laudos resultantes de arbitrajes con sociedades afincadas en la Unión Europea porque vulneraría la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado. Desde su perspectiva, el laudo de RREEF es mixto, con una parte europea, por lo que se le aplicaría esta doctrina.

La historia del arbitraje

Hace seis años, el Ciadi, la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington (EEUU), reconoció a RREEF una indemnización de 59,6 millones de euros al entender que España violó el estándar de Trato Justo y Equitativo y los principios de estabilidad y transparencia al alterar de forma retroactiva las condiciones prometidas a los inversores.

A esta cifra hay que sumarle la acumulación de intereses desde el 30 de junio de 2014 a una tasa del 2,07%, así como distintas condenas en costas sufridas por España, lo que elevaría el total pendiente de pago a unos 73 millones de euros, explican ahora fuentes del proceso.

Estas fuentes relatan que la Abogacía del Estado se opuso a la ejecución alegando que, mientras siga abierta la investigación comunitaria, no se pueden ejecutar laudos derivados del Tratado de la Carta de la Energía. Conforme a esta tesis, los laudos intra-Unión Europea están prohibidos, lo que se extiende también a la Justicia belga.

Sin embargo, RREEF, que ha gestionado el caso a través del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, señaló que su matriz inversora está domiciliada en suelo británico, fuera del alcance jurisdiccional de la Unión Europea, argumento que fue aceptado por el tribunal.

Un precedente, en 2024

Esta situación encuentra un precedente similar hace un año, cuando un Tribunal de Apelación de Bélgica dio luz verde al embargo de 32 millones de euros en ingresos de España a través de Enaire por otro laudo condenatorio.

La deuda original entonces era de 28 millones de euros, a los que se sumaban los intereses de demora, conforme a la información proporcionada por Blasket Renewable Investments, que precisó que la factura total era de unos 41 millones si se tenían en cuenta las costas en este mismo asunto.

Semanas más tarde, España, en coordinación con la Comisión Europea, consignó el importe del laudo como medida para desbloquear el embargo de los ingresos que Eurocontrol transfiere a Enaire por la gestión del tráfico aéreo y recuperar, así, la normalidad en sus abonos.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclararon en ese momento que la consignación "debe considerarse como temporal y condicional, cuya finalidad es garantizar la continuidad de las actividades de Enaire y, al tiempo, permitir que España defienda sus derechos en el proceso judicial belga, cosa que hasta ahora no ha podido hacer".

Todas las reclamaciones obedecen a la reducción de la rentabilidad aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2013 para la mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

De acuerdo con datos de Transición Ecológica hasta marzo, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones de euros.

Un total de 43 se han fallado. De ellos, en diez ha ganado el Estado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido y otros ocho están pendientes de laudo. España ha conseguido reducir en un 85% las indemnizaciones reclamadas y las reconocidas ascienden a 1.514 millones.