Científicos andaluces alertan en una revista especializada de que los vertidos mineros al Guadalquivir amenazan su ecosistema, la salud humana y la pesca

Nueve científicos de tres universidades andaluzas (la de Sevilla, la de Cádiz y la de Granada) y del Acuario de Sevilla han publicado un artículo en la revista Integrated Environmental Assessment and Management, de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC) de EEUU, en el que concluyen que los sedimentos del estuario del río Guadalquivir “ya están comprometidos con altas cargas de metales ecotóxicos”, lo que vinculan al vertido de la mina Cobre las Cruces.

“La mina Las Cruces ha estado vertiendo anualmente hasta 0,9 hectómetros cúbicos de agua tratada con metales y metaloides desde 2009”, dicen, y añaden que las concentraciones de arsénico, cobre, cromo, níquel y plomo disminuyeron significativamente tras el colapso accidental de la corta minera en 2019 y aumentaron de nuevo cuando se reanudó la actividad.

La lisa supera los límites legales de plomo en el 31% de los casos

Además, alertan de la vulnerabilidad de hábitats como los bosques de ribera y de la marisma y alertan de la exposición de especies como la nutria paleártica y aves limícolas. Además, confirman que han detectado concentraciones elevadas de arsénico, cobre, cromo, níquel y plomo en las muestras analizadas del lisa, un pez muy apreciado en la gastronomía de zona por sus huevas, y en el 31% de los casos se ha hallado plomo por encima del límite legal europeo. También alertan de las concentraciones de cadmio, cobre y zinc en crustáceos y moluscos como el camarón del Guadalquivir o el cangrejo rojo. El artículo concluye que la salud humana está expuesta por el consumo de ganado (por la afectación a las zonas ribereñas) y marisco contaminado.

Los investigadores llegan a afirmar que los metales ya alcanzan el Golfo de Cádiz y pueden llegar al mar de Alborán, lo que afectaría a la pesca y a la acuicultura.

Piden suspender vertidos y moratorias para los ya autorizados, como el de Aznalcóllar

Ante estas alertas, el artículo recomienda “evitar cualquier vertido minero en el Guadalquivir hasta que se realicen estudios de campo concluyentes”, y establecer una moratoria, en consonancia con la Directiva Marco del Agua, sobre los vertidos mineros recientemente autorizados por la Junta de Andalucía: uno de la propia Cobre Las Cruces (2,34 hectómetros cúbicos durante 14 años) y el de la Mina de Aznalcóllar adjudicada a Minera Los Frailes (hasta cuatro hectómetros cúbicos durante 17 años). Además, solicitan crear un comité interdisciplinar e independiente que asesore a la administración regional y plantean la suspensión del consumo de la lisa hasta que la contaminación detectada sea analizada en profundidad.

También apuestan por desarrollar simulaciones hidrodinámicas y fisicoquímicas avanzadas que incorporen la dinámica real de sedimentos y biota, porque consideran que las evaluaciones de impacto ambiental aprobadas se basan en modelos simplistas (citan, en concreto, el Cormix), centrados exclusivamente en la columna de agua (masa de agua), y sin tener en cuenta la adherencia de metales a partículas, su deposición en sedimentos, la bioacumulación en biota y los efectos sinérgicos y acumulativos de los tres vertidos simultáneos en la misma zona del estuario interior.

Una zona frágil donde se acumulan los metales, según el estudio

Según el artículo, una parte importante de los metales tóxicos vertidos no se queda flotando en el agua sino que se pega a las partículas de barro y arcilla que circulan por el estuario, hundiéndose con ellas hasta el fondo. Aseguran que la zona interior del Guadalquivir es especialmente frágil porque tiene poco oxígeno, poca sal y funciona como una trampa natural donde todo lo que entra tiende a quedarse acumulado en lugar de ser arrastrado hacia el mar.

El problema se agrava, argumentan, por la falta de agua: el río lleva tan poco caudal la mayor parte del año que el agua del estuario interior tarda más de cien días en renovarse, lo que da tiempo más que suficiente para que los metales se concentren y se depositen. Además, añaden, cada vez llega menos agua dulce desde tierra adentro, por la presión de la agricultura y los periodos de sequía cada vez más largos. Esa escasez de agua dulce, según asegura el artículo, provoca que el agua salada del mar penetre cada vez más hacia el interior, y eso es un problema adicional: la sal puede hacer que los metales acumulados en el fondo se disuelvan de nuevo y vuelvan a circular por el agua, contaminando zonas que hasta entonces estaban a salvo.

Presentación este miércoles en la Universidad

El autor principal del artículo es Jesús M. Castillo, de la Universidad de Sevilla, y han colaborado Sara Sirviente, Miguel Bruno y Remedios Cabrera-Castro y Jairo Sánchez-Rodríguez, de la Universidad de Cádiz; Carlos Granado y Blanca Gallego-Tévar, de la Universidad de Sevilla, Juan Miguel Miró, del área de Investigación Biológica del Acuario de Sevilla; y Manuel Díez-Minguito, del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Granada. El texto ha sido publicado por Oxford University Press.

Los investigadores presentarán este martes su artículo en la Universidad de Sevilla, y, según informala organización agraria COAG, asistirán alcaldes y/o representantes de los ayuntamientos ribereños y de la desembocadura del estuario, entre ellos Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Coria del río, Los Palacios y Lebrija; Fecopesca, Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz; la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda; Jarife, Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona; FACUA-Consumidores en Acción Andalucía; COAG-Andalucia, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas; Marea Blanca Andalucía, Asociación para la defensa de la sanidad pública en Andalucía; Acitur, Asociación de empresarios/as del comercio y turismo de Chipiona; Salvemos el Guadalquivir, Asociación ciudadana para la defensa de la salud del estuario y el mantenimiento de las actividades económicas compatibles con la misma; EA, Ecologistas en Acción Andalucía; Greenpeace y Ranca, Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua