El Gobierno aprueba el Estatuto del Becario para asegurar los derechos del colectivo

El Consejo de Ministros aprobó este martes, en una primera lectura, el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario. Esta normativa, acordada en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque sin el respaldo de la patronal, tiene como finalidad reforzar los derechos del colectivo y establecer un marco claro para las prácticas formativas.

En la comparecencia posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó que el principal objetivo de la propuesta legislativa es “delimitar claramente qué es la formación en España y cuáles son sus derechos”. En palabras de la ministra, “los contratos en formación deben destinarse a personas que tienen que aprender y formarse, no a sustituir relaciones laborales en las empresas”.

Díaz destacó la dimensión del colectivo afectado: alrededor de 1,7 millones de personas, lo que equivale aproximadamente a uno de cada diez asalariados, y el 22% de ellos mayores de 30 años. “No son una anécdota”, remarcó.

La futura ley, que deberá recabar apoyos parlamentarios para continuar su tramitación, contempla medidas como la compensación de gastos para estudiantes en prácticas, el reconocimiento del derecho a vacaciones y un régimen sancionador específico para las empresas que incumplan.

La vicepresidenta definió esta norma como “la reforma laboral de las nuevas generaciones”, y apeló a la responsabilidad de los grupos políticos, haciendo referencia explícita a PP y Vox. Según señaló, esta última formación propone en su programa “salarios de inserción” para jóvenes, que Díaz calificó como “sueldos de miseria y sin protección social”.

El anteproyecto diferencia de forma precisa entre actividades formativas y tareas laborales, y establece el régimen jurídico aplicable a las personas que realizan prácticas en empresas, instituciones y organismos públicos o privados. Su ámbito incluye las prácticas vinculadas a titulaciones de Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, especialidades formativas del sistema nacional de empleo y prácticas universitarias tanto curriculares como extracurriculares.

Las tareas asignadas deberán corresponderse con el plan formativo individual y no podrán sustituir funciones propias de un trabajador. Además, deberá existir una vinculación directa entre las actividades desarrolladas y las competencias del itinerario formativo. El texto fija también un límite máximo de un tutor por cada cinco estudiantes en formación y establece que el número total de personas en prácticas no laborales no podrá exceder el 20% de la plantilla.

Las personas en prácticas tendrán derecho a protección frente a la violencia y el acoso, a la compensación de gastos derivados de la actividad, al descanso y al uso de los servicios del centro de trabajo en condiciones equiparables al resto de la plantilla. “Se acabó la segregación”, advirtió Díaz. “Deben ser incluidos en salas de descanso, lactancia, juego o comedores a los que tiene acceso el resto de trabajadores”.

Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá acceder a la documentación asociada a las prácticas y contará con actuaciones específicas en su planificación anual para verificar el cumplimiento de la nueva regulación.