Los sindicatos anuncian movilizaciones y amenazan con huelga para un acuerdo salarial en el sector público

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF han decidido intensificar su lucha por un acuerdo salarial para los empleados públicos, ante lo que consideran un bloqueo por parte del Ministerio de Función Pública.

Estas entidades anuncian que pondrán en marcha un calendario de movilizaciones en todo el país, que se extenderán hasta finales de año, con el objetivo de presionar al Gobierno para que desbloquee la negociación colectiva.

En caso de no haber avances, no descartan convocar una jornada de huelga.

El coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo; la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque; y el presidente de CSIF, Miguel Borra, serán los encargados de detallar el calendario de movilizaciones este martes.

Según adelantaron, las protestas se llevarán a cabo en diversas localidades del territorio nacional y abarcarán distintos tipos de acciones, tanto en la calle como en instituciones públicas, con el fin de mostrar el malestar de los empleados públicos frente a la falta de acuerdo.

Reivindicaciones

Las principales reivindicaciones de los sindicatos giran en torno a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, especialmente teniendo en cuenta el elevado coste de la vida y la inflación.

Sin embargo, los sindicatos también exigen avances en otras áreas cruciales, como la reducción de la temporalidad, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, el refuerzo de las plantillas en diversos sectores públicos y el desarrollo de la carrera profesional para los empleados de la Administración.

"No solo estamos luchando por una mejora salarial, sino por un modelo de Administración pública que garantice un servicio de calidad a la ciudadanía", señaló Isabel Araque, de UGT.

El Gobierno lo condiciona a la aprobación de los presupuestos para 2026

El conflicto ha cobrado una nueva dimensión después de las declaraciones del ministro de Función Pública, Óscar López, que en días recientes explicó que cualquier posible subida salarial de los funcionarios quedaría condicionada a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Según el ministro, el Ejecutivo tiene que desbloquear previamente las cifras del presupuesto antes de abordar la cuestión salarial con los sindicatos.

En este sentido, Óscar López defendió que "el Gobierno siempre ha negociado las subidas salariales con los sindicatos" y subrayó que lo hará también en esta ocasión, una vez que las cuentas públicas estén aprobadas.

"El aumento de los salarios públicos dependerá de ese escenario presupuestario que, lamentablemente, se ha retrasado", agregó el ministro.

Sin embargo, los sindicatos han rechazado tajantemente este argumento, considerando que se trata de "una excusa inaceptable".

Para Miguel Borra, presidente de CSIF, vincular el acuerdo salarial de los funcionarios a los presupuestos de 2026 es un "error estratégico", ya que "los sueldos públicos se han incrementado en otras ocasiones incluso con los presupuestos prorrogados".

Borra acusó al Gobierno de utilizar a los empleados públicos "como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria". "Exigimos que se nos trate con el respeto que merecemos y que nuestros salarios se negocien como siempre se ha hecho, de manera independiente, tal como se hace con el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones", destacó el dirigente sindical.

Además, las organizaciones sindicales recuerdan que el Ejecutivo ha cumplido con las subidas pactadas para los años 2022, 2023 y 2024, pero en 2025 los salarios de los empleados públicos han quedado congelados, lo que ha aumentado el malestar entre los trabajadores del sector público.

"Es inaceptable que el Gobierno se escude en los presupuestos para no cumplir con lo acordado. Los empleados públicos no podemos seguir esperando, y nuestras condiciones laborales deben mejorar ya", afirmó Lucho Palazzo, de CCOO.

Por otro lado, los sindicatos recalcan que la congelación salarial en 2025 es solo uno de los aspectos de una problemática más amplia que afecta al sector público.

Las plantillas se encuentran en muchos casos desbordadas debido a la falta de personal, y la temporalidad sigue siendo una de las principales lacras de la Administración. La implementación de las 35 horas semanales y el refuerzo de las plantillas son demandas que los sindicatos consideran urgentes.

Visibilidad

Las movilizaciones anunciadas por UGT, CCOO y CSIF no solo tienen un componente reivindicativo, sino también de visibilización de la situación de los empleados públicos, quienes, según los sindicatos, se sienten cada vez más desprotegidos y desatendidos por las administraciones.

"Lo que está en juego es la calidad de los servicios públicos y la dignidad de los trabajadores que los prestan", afirmaron desde CSIF, recordando que las funciones del sector público son esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad.

"Si no hay un cambio en la actitud del Gobierno, no descartamos ninguna medida de presión, incluida la huelga", concluyó Miguel Borra, presidente de CSIF.