TRIBUNA ECONÓMICA
Joaquín Aurioles
La economía del populismo
Sevilla/El Juzgado Mercantil de Sevilla ha acordado la liquidación de la constructora Díaz Cubero (Dicusa), que acumula una deuda de 37 millones de euros, principalmente con entidades financieras y proveedores. La compañía, que fue declarada insolvente en 2024 a petición de un acreedor, intentó sacar adelante un acuerdo con acreedores comerciales y financieros que proponía una quita de entre el 40 y el 50% , y el resto a pagar con la cesión de derechos de cobro, así como una condonación del 100% de la deuda subordinada. En cuanto a los créditos privilegiados de Hacienda y la Seguridad Social, proponía pagarles con la venta de inmuebles suyos y de su filial Construcciones Edimel. El juez mercantil terminó rechazando el convenio que proponía la constructora..
La sociedad Dicusa, fundada hace 31 años y con domicilio en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuenta sólo con activos inmobiliarios por poco más de 2 millones de euros y más de 13 millones de euros de cobros pendientes a clientes por obras en litigio por revisiones de precios o modificaciones de proyectos, sobre todo con la Administración, ya que estaba especializada en obra pública, aunque también realizaba restauración del patrimonio, rehabilitación, obra civil, residencial y mantenimientos. El auditor externo ya advirtió en las cuentas de 2023 de la incertidumbre que existía sobre el cobro de esas cantidades.
En 2023, últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, registró un volumen récord de facturación de 19,90 millones de euros y unas pérdidas de 3,65 millones de euros. Ya tenía entonces un patrimonio neto negativo de un millón de euros y un fondo de maniobra negativo de casi 4 millones de euros. Sus deudas a corto plazo eran entonces de 25,3 millones de euros, según la herramienta Insight View, de Iberinform, que recoge hasta doce participadas, entre ellas Construcciones Edimel y varias uniones temporales de empresas.
La compañía, cuyo administrador concursal es Tato & González Concursales, tenía en 2023 una cartera de obras por 67 millones de euros y una plantilla de 87 empleados. Al comenzar a tener problemas para atender los pagos a proveedores, Hacienda y la Seguridad Social presentó un ERE para parte de su plantilla y para evitar más pérdidas paralizó obras con el fin de intentar resolver la situación, aún sabiendo que sus clientes podrían aplicar sanciones y exigir indemnizaciones. La constructora alegó que parte de las deudas se generaron por el incremento de costes de los materiales derivados de la inflación postpandemia y la guerra de Ucrania, sin poder repercutirlo en las revisiones de contratos.
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