Telefónica comunica a los sindicatos un ERE en siete sociedades del grupo

Telefónica ha trasladado formalmente a los sindicatos su intención de iniciar siete expedientes de regulación de empleo (ERE) en otras tantas empresas del grupo, una decisión que afecta a Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

La compañía argumenta la concurrencia de “causas objetivas” para justificar la activación de estos procedimientos, que se enmarcan en su recién presentado plan estratégico.

Por el momento, la operadora no ha comunicado oficialmente el número de trabajadores afectados. Sin embargo, diferentes fuentes sindicales señalan que las primeras estimaciones internas sitúan la afectación inicial entre 6.000 y 7.000 empleados, una cifra que previsiblemente se reducirá durante el proceso negociador, tal y como ha sucedido en anteriores ocasiones.

Los datos definitivos para las tres principales sociedades de Telefónica en España se conocerán el 24 de noviembre, mientras que el resto de empresas los recibirán el día 25.

Con la comunicación formal remitida este lunes, queda activado el plazo de una semana para constituir las comisiones de negociación en cada sociedad.

Un ERE en lugar de PSI y en un contexto de reducción de costes

Telefónica ha optado en esta ocasión por la fórmula del ERE en detrimento del Plan de Suspensión Individual (PSI), empleado en anteriores ajustes, al considerar -según trasladan los sindicatos- que ofrece mayores garantías jurídicas y fiscales para los afectados.

El movimiento se produce tras la presentación del nuevo plan estratégico del grupo, que prevé una reducción del 25% de los costes operativos del centro corporativo y de las unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y la unidad de Innovación).

Este ajuste equivale a un ahorro estimado de unos 2.010 millones de euros hasta 2030, dentro de un plan global que contempla 3.000 millones de euros de reducción de costes a ese mismo horizonte (2.300 millones para 2028).

Durante la presentación del plan, el consejero delegado, Emilio Gayo, afirmó que los ahorros previstos incluyen “todos” los recortes factibles en materia de gastos operativos, entre los que figuran los relacionados con el personal. Gayo subrayó que cualquier actuación que afecte a la plantilla se desarrollará “de la mano de los representantes de los trabajadores”.

La compañía, además, busca encajar los tiempos de negociación para que el posible acuerdo pueda cerrarse antes del final del ejercicio fiscal o a comienzos de 2026, evitando así un impacto directo en las cuentas del próximo ejercicio.

Sindicatos: rechazo al ajuste y exigencia de garantías hasta 2030

Las organizaciones sindicales han mostrado un notable rechazo a la decisión de Telefónica.

UGT, sindicato mayoritario en el grupo, ha acusado a la compañía de recurrir “una vez más” a la reducción de plantilla como fórmula de ajuste organizativo y ha defendido que la voluntariedad debe ser el elemento central de cualquier salida.

Asimismo, ha recordado que su referencia será el modelo acordado en 2024, que afectó a más de 3.400 trabajadores de Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

UGT reclama además la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, exigiendo una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el plan estratégico y protección de los derechos laborales.

El sindicato rechaza acuerdos parciales por empresa y advierte de que no respaldará ningún ERE que no asegure el futuro de todos los trabajadores que permanezcan en la compañía, incluyendo la extensión de los convenios hasta 2030 y condiciones homogéneas para toda la plantilla.

Por su parte, CCOO ha señalado que previsiblemente las mesas de negociación quedarán constituidas el 24 de noviembre y ha coincidido en que será “indispensable” mantener y mejorar las condiciones laborales del personal que continúe vinculado al grupo. El sindicato apuesta por negociar convenios alineados con el horizonte temporal del plan estratégico, es decir, hasta 2030.

El tercer sindicato de referencia en la compañía, Sumados-Fetico, ha denunciado la “constante transmisión” a la plantilla de que la única salida a partir de ciertas edades es la anticipada. Reclama un ERE voluntario, universal y no discriminatorio, con garantías de vinculación hasta la jubilación ordinaria y con condiciones económicas, como mínimo, iguales a las del último despido colectivo.

Precedentes: el ERE de 2024

Telefónica ejecutó su último proceso de despido colectivo a comienzos de 2024, que concluyó con la salida de 3.420 empleados, un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas inicialmente.

El coste para la compañía se situó en torno a 1.300 millones de euros antes de impuestos, con un pago medio de 380.000 euros por trabajador, cantidad inferior a la de planes de salida de años anteriores. El ahorro anual para Telefónica derivado de este ajuste se estima en 285 millones de euros.

El ‘marco social’ y los ejes de transformación

Este nuevo proceso llega apenas unas semanas después de que Telefónica y los sindicatos cerraran el primer ‘marco social’ del grupo, un pacto destinado a unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla con independencia del convenio aplicable. Su objetivo es situar a las personas “en el centro” del proceso de transformación tecnológica y organizativa.

El acuerdo se estructura en torno a varios ejes: organización de personas, cohesión territorial, observatorio de inteligencia artificial y empleo, atracción y retención del talento, nuevas formas de trabajo, reskilling y upskilling, así como igualdad, diversidad e inclusión.

El Gobierno exige consenso con los sindicatos

El anuncio del ERE ha recibido también la reacción del Gobierno. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que cualquier medida de este tipo debe ejecutarse “siempre con acuerdo de los sindicatos”.

López recordó que el Ejecutivo, a través de la SEPI, posee un 10% del capital de Telefónica, lo que refuerza su interés en que el proceso se encauce mediante el diálogo social.