Endesa e Iberdrola reclaman casi 800 millones de euros al Estado por la tasa que abonan por la gestión de los residuos nucleares

Madrid/ El Ministerio para la Transición Ecológica ha recibido una reclamación patrimonial de Endesa a cuenta de la subida de la tasa que las empresas propietarias de las centrales nucleares en España deben pagar para la gestión de los residuos radiactivos.

Fuentes de este departamento han confirmado que la tramitación queda ahora en manos de la Abogacía del Estado, si bien no han especificado el importe de la reclamación, la cual ascendería a 454 millones de euros, según ha avanzado este martes el diario El País.

Fuentes de Endesa consultadas han declinado hacer comentarios al respecto.

Esta acción se conoce meses después de que trascendiera que Iberdrola reclamaba 324 millones de euros a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) por la subida en un 30% de la tasa de gestión de residuos radioactivos, lo que hace que la suma de las demandas de las dos compañías llegue a 778 millones de euros.

A ojos de Iberdrola se ha incumplido lo pactado en el protocolo del cierre nuclear en 2019, que limitaba ese incremento al 20%.

En su caso, la opción que eligió la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán fue una demanda interpuesta por la vía contencioso-administrativa el pasado febrero.

Ahora, conforme a El País, Endesa no habría acudido directamente a la Justicia sino que ha preferido presentar una reclamación patrimonial por los mismos hechos contra el Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene las competencias en materia de energía, y Enresa.

A tenor de la normativa aplicable, una reclamación de este tipo -que consiste en solicitar una indemnización por toda lesión que los interesados sufran en sus bienes y servicios como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos- precisa de un dictamen del Consejo de Estado para cuantías superiores a 50.000 euros.

Estas iniciativas coinciden con un momento de continuo debate sobre la vida útil de las centrales nucleares, cuyo cierre está programado a partir de 2027, en virtud del acuerdo suscrito en 2019 entre las empresas y Enresa.

Por lo pronto, el Gobierno insiste en que no ha recibido ninguna petición formal por parte de las propietarias para modificar el calendario, y recalca que, si llega, valorará si es compatible con la seguridad nuclear y de suministro y no tiene perjuicio para los consumidores.

Lo que sí le han notificado ha sido una carta firmada por Endesa e Iberdrola -dos de las propietarias de las centrales, junto con Naturgy y EDP- que el Ejecutivo entiende sólo como una declaración de intenciones condicionada a un cambio del marco normativo.