Financiación autonómica

Tribuna económica

La vicepresidenta primera y ministra de  Hacienda, María Jesús Montero, tras una rueda de  prensa tras la reunión del Consejo de  Ministros, en el Palacio de  La Moncloa.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa. / Europa Press

20 de noviembre 2025 - 06:00

Techo de gasto, senda de déficit y compromiso de nuevo modelo de financiación autonómica a principios de año. Ingredientes demasiado fuertes, además de caducados, para una receta que garantiza problemas intestinales.

La ministra Montero prepara el terreno de la financiación anunciando que algunas materias se tratarán de manera bilateral, añadiendo que sin entrar en competencia con los recursos del resto. Esto solo puede interpretarse, si no me equivoco, que pactará con alguna su tratamiento particular y que serán las otras las que compitan por el reparto de lo que quede. También señala que presentará un modelo cerrado, sin negociación previa y sin comisiones de trabajo que despejen el camino hacia una propuesta consensuada. Lo justifica por el rechazo de las comunidades autónomas a su iniciativa de finales de 2021 para modificar el cálculo de la población ajustada.

La población ajustada modifica el tamaño de la población en las autonomías, teniendo en cuenta circunstancias (edad, dispersión, etc.) que afectan al coste de la prestación de servicios públicos y deben ser tenidas en cuenta a la hora del reparto. Cataluña fue una de las pocas que manifestó su conformidad, pero Fedea (diciembre de 2021) la tildó de arbitraria, por la inconsistencia de los argumentos y advirtió de sus consecuencias. En el modelo vigente, la población ajustada es la variable de reparto del Fondo de Garantía, mientras que el de Competitividad corrige la distribución de los otros fondos en función de la financiación por habitante ajustado, sumando entre los dos en torno al 80% de los recursos del sistema.

Las autonomías resisten frente a la promesa de Hacienda de más fondos que nunca y que todas saldrán beneficiadas. Suena a la cláusula de recursos mínimos, que tanto ha contribuido a la persistencia en el tiempo de la desigualdad en el reparto, al garantizar a cada comunidad con el nuevo sistema tantos recursos, al menos, como el anterior. Las autonomías exigen participación activa en todo el proceso y rechazan la negociación bilateral con Cataluña. Hacen bien, en mi opinión, porque lo trascendente del futuro modelo no son solo las cantidades, sino también que se modifiquen las condiciones de competencia entre territorios. De ello dependerá que la estructura regional se mantenga invariable, con las mismas comunidades en la cúspide del bienestar y el desarrollo, o conceda a las desfavorecidas la posibilidad de mejorar su posición en la jerarquía.

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