Andalucía, la comunidad con más alojamientos turísticos ilegales notificados por Vivienda para su retirada
Marbella y Sevilla concentran la mayoría de anuncios apercibidos a las plataformas online para su retirada, con la provincia malagueña en su conjunto a la cabeza
En el conjunto de España, el volumen total de viviendas turísticas y de temporada identificadas como ilegales asciende a 86.275
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La presión del alquiler turístico vuelve a situar a Andalucía en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha detectado cerca de 22.000 alojamientos turísticos y de temporada que operaban sin cumplir los requisitos legales y ha ordenado a las plataformas digitales su retirada inmediata.
El volumen de irregularidades, especialmente elevado en la provincia de Málaga, coincide con un contexto de fuerte encarecimiento del alquiler residencial y creciente tensión en los mercados urbanos.
Andalucía, epicentro de las irregularidades
El Ministerio ha comunicado a las plataformas la existencia de 21.872 viviendas turísticas y temporales ilegales en Andalucía, lo que convierte a la comunidad en la que registra más solicitudes de registro denegadas de toda España.
Estos inmuebles habían solicitado el código obligatorio para operar desde julio de 2025, pero no superaron la verificación de requisitos.
El grueso de estas irregularidades se concentra en la provincia de Málaga, que incluye siete municipios entre los veinte con más solicitudes revocadas en todo el país.
La combinación de alta demanda turística, fuerte capacidad de atracción internacional y elevada rentabilidad en estancias de corta duración explica la presencia de tantos municipios andaluces en los primeros puestos del listado.
Un registro para ordenar un mercado en expansión
El Gobierno recuerda que España fue el primer país de la Unión Europea en adaptar la nueva normativa obligatoria sobre alquileres de corta duración. Desde julio, todos los alojamientos turísticos deben contar con un código único, otorgado por los Registradores de la Propiedad y compartido automáticamente con las plataformas digitales.
La mayoría de los anuncios retirados pertenecen a viviendas que intentaron regularizarse pero no cumplían los requisitos. Una vez realizada la notificación, las plataformas están obligadas a suprimir cualquier anuncio activo de manera inmediata.
El fenómeno en España: más de 86.000 pisos ilegales
En el conjunto del país, el volumen total de viviendas turísticas y de temporada identificadas como ilegales asciende a 86.275. Las comunidades que siguen a Andalucía en número de solicitudes revocadas son:
- Comunidad Valenciana: 14.387
- Canarias: 13.726
- Cataluña: 13.350
- Madrid: 5.893
En el ranking municipal, Madrid (5.344) y Barcelona (5.005) lideran el listado, seguidas de Marbella y Sevilla.
El Ministerio subraya la “anomalía” de la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes registradas corresponden al alquiler de temporada, una proporción inusual en comparación con el resto del país.
Contexto económico: impacto del alquiler turístico en los precios y el mercado residencial
La proliferación de alojamientos turísticos ilegales tiene efectos directos en la evolución de los precios del alquiler residencial, especialmente en zonas urbanas tensionadas. El Ministerio sostiene que una parte relevante de estas viviendas operaba al margen de la normativa, lo que alteraba la oferta disponible y generaba varios efectos:
Presión al alza en los precios del alquiler
Las ciudades con mayor presencia de viviendas de corta duración (como Sevilla, Málaga, Marbella o Madrid) han experimentado incrementos significativos de rentas durante los últimos años.
La desviación de viviendas del mercado residencial al turístico reduce la oferta disponible para estancias de larga duración y contribuye a encarecer los precios.
Expulsión de residentes y pérdida de tejido social
En los barrios con mayor concentración de pisos turísticos, el Ministerio advierte de fenómenos crecientes de expulsión de familias, especialmente jóvenes, trabajadores y rentas medias, que no pueden competir con la rentabilidad del alquiler por días o semanas.
Este proceso favorece la gentrificación y la pérdida de identidad de los barrios históricos y céntricos.
Beneficios para el mercado si los alojamientos vuelven al alquiler residencial
El registro obligatorio y la retirada de anuncios persiguen no solo combatir el fraude, sino también incentivar que una parte de estas viviendas pueda reincorporarse al mercado de larga duración, fortaleciendo la oferta residencial.
Transparencia y seguridad jurídica
Para el Ministerio, ordenar el mercado permite avanzar hacia un sistema más equilibrado, donde convivan el turismo y la función social de la vivienda sin distorsiones ni competencia desleal frente a quienes operan de manera regulada.
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