"Te despiden en 2025, juzgan el caso en 2029 y puede ser que el TSJA no resuelva el recurso hasta 2030"

La litigiosidad en el ámbito laboral sigue creciendo en Andalucía. El pasado año, los despidos que llegaron a los juzgados fueron 27.014, un 13% más que en 2023. Y aunque los despidos resueltos, 23.710, aumentaron un 27%, la escasez de jueces y funcionarios está provocando que los juicios por despido en la jurisdicción de lo Social se estén fijando para 2029, como ya ocurre en Málaga, y en 2027 en Sevilla. Teniendo en cuenta que la mayoría de las veces se recurre la sentencia, el caso se eterniza cuando llega a la sala de lo Social del TSJA, que registra retrasos de hasta dos años en Sevilla. "Te despiden en 2025, juzgan el caso en 2029 y puede ser que el TSJA no resuelva el recurso hasta 2030, cinco años después", advierten abogados laboralistas. La situación de colapso de los Juzgados de lo Social de Andalucía implica importantes perjuicios para los magistrados, los abogados y los trabajadores.

Los despidos pendientes de resolver también han aumentado considerablemente, un 17% respecto a 2023, situándose en 22.954, frente a los 13.247 de 2019. La mayoría de causas pendientes de enjuiciar están en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada. En Huelva, los despidos pendientes de resolver han aumentado un 67%, en Jaén un 51%, en Málaga un 38%, en Granada un 34%, y en Córdoba un 33%. Tan sólo han disminuido en Almería y en Sevilla se han mantenido prácticamente igual, según la memoria del TSJA de 2024.

Más jueces para Cataluña

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, lamenta la falta de interés del Gobierno central en resolver este problema. "El atasco de los juzgados de lo Social es una realidad objetiva que viene manteniéndose en los últimos años, especialmente grave en los casos de despidos, cuyos juicios se están señalando a años vista, cuando deberían resolverse en meses. Ante esa situación hemos pedido al Ministerio de Justicia la necesidad de tomar medidas, ya que para que los órganos de lo Social puedan celebrar más juicios y aligerar la agenda de señalamientos necesitamos más jueces para señalar más vistas y para dictar más sentencias".

Nieto afirma que a pesar de las peticiones de la Junta, "el Ministerio no solo no nos ha hecho caso, sino que ha castigado a Andalucía sin ningún juez más en este año 2025. Algo insólito, porque, aunque pocos, siempre nos han dado algunos, este año ninguno. Así es imposible lograr una Justicia que dé una respuesta ágil y eficaz a los ciudadanos. Eso sí, para Cataluña sí habrá más jueces, sesenta, nada más y nada menos".

El consejero ha declarado que "ante esta situación, y dentro de nuestras competencias limitadas a ser una administración prestacional, teníamos que actuar. Para ello, hemos impulsado un convenio pionero con los Graduados Sociales para implementar la mediación en el ámbito laboral en casos que ya están judicializados para que los jueces puedan derivar aquellos casos en los que crean que es posible alcanzar un acuerdo sin necesidad de llegar a juicio. Es una experiencia piloto, en la que tenemos depositada nuestra confianza, ante el éxito que estamos logrando ya con la mediación Penal de adultos, que desde mayo del año pasado ha logrado evitar más de 1.700 juicios".

Sobrecarga de trabajo para los jueces

Para Reyes Vila, decana de los jueces de Sevilla, el colapso del sistema se está produciendo porque el módulo de entrada de asuntos en los Juzgados de lo Social está fijado en 800 al año, cuando desde hace más de cuatro años estamos en una media de 1.800 por juez. "Es decir, el volumen de entrada de asuntos que recibe el juez de lo Social es más del doble del que tiene que soportar. A eso se une que la litigiosidad es altísima para el número de jueces y funcionarios de la Administración de Justicia que hay", explica.

Vila protesta porque en Sevilla "la insuficiencia de recursos es absoluta", no sólo en lo Social, sino también en lo Civil, Mercantil o Penal. "No existe una relación entre la litigiosidad y el hecho de que sea gratuita la justicia en determinadas jurisdicciones porque la litigiosidad es, si cabe, más alta en la jurisdicción Civil. La litigiosidad es alta en relación con los medios que hay para resolver esos asuntos", precisa esta magistrada, que "existen ya dos refuerzos en lo Social, que no son puntuales, sino estructurales porque hace falta el incremento de plantilla. Con esos refuerzos, siguen haciendo falta más recursos".

En su opinión, "si los jueces reciben el doble de carga de trabajo, cuanto menos hacen falta un 25% más de jueces. En Sevilla hay 14 Juzgados de lo Social y cuatro jueces de refuerzo pero sólo tenemos dos letrados de la administración de justicia y dos oficinas. Todo eso cambiará a primeros de año porque se crearán los tribunales de Instancia, creándose una oficina judicial común".

Se mueren los clientes

Manuel Aguilar, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla y socio de Gaona Grupo RocaJunyent, admite que los jueces de lo Social y los funcionarios hacen lo que pueden teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo que tienen. "Hay casos en los que se se fijan los juicios tan tarde que se mueren los clientes, como es el caso de personas que solicitan una incapacidad permanente absoluta y el INSS se niega, lo que les obliga a poner una reclamación previa y luego una una demanda, de modo que si el juicio se celebra tres años más tarde, a veces las personas no llegan a ver el resultado de su juicio por el tiempo que ha tardado la Justicia", señala este letrado, que destaca la complejidad de los asuntos como los conflictos colectivos con muchos trabajadores, que exigen un estudio profundo a los jueces.

"Un juez puede llegar a tener 17 juicios en un día, algunos de hora y media", señala Aguilar, quien aclara que el juicio por despido puede ser fijado para tres o cuatro años después de solicitarse, y la sentencia puede demorarse entre siete meses y un año. "Si te tocan los juzgados de refuerzo, tienes suerte porque pueden fijar el juicio para tres meses vista al tener menos carga de trabajo pendiente. La suerte influye también en estos casos", puntualiza este miembro del Colegio de Abogados de Sevilla, que lamenta que por reclamaciones de cantidad, despidos o vulneración de derechos fundamentales para interponer una demanda es obligatorio ir al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac), "por lo que la gente va como un trámite, sin voluntad de llegar a un acuerdo, desaprovechadoo así la oportunidad los abogados laboralistas".

El hecho de que el orden social tenga tasas 'cero' ni costas en primera instancia para el trabajador y la empresa, tanto si se reclaman 10.000 euros como un millón de euros, hace que haya mucha litigiosidad, a juicio de Manuel Aguilar, quien critica que "no haya incentivos para llegar a un acuerdo, lo que hace que a las empresas prefieran en algunos casos demorar en tres años la resolución del caso y pagar después intereses legales".

Daños morales

Carlos García-Quílez, abogado laboralista con 29 años de experiencia, es uno de los que letrados que está padeciendo las dilaciones en lo Social. "El juicio por despido más tardío lo tenemos señalado para junio de 2027 en el Juzgado Social 2 de Sevilla. Tenemos ya un juicio señalado para febrero de 2029 en el Social 9 de Sevilla por reclamaciones de cantidad", explica. A la hora de determinar el tiempo medio para la celebración de juicio por despido, añade que "si los casos caen en juzgados de refuerzo, se puede celebrar el juicio entre tres y seis meses. Si caen en los titulares, entre uno y dos años de media".

Las dilaciones provocan importantes perjuicios para los trabajadores. "Normalmente, la prestación por desempleo atenúa de alguna manera posible situaciones de necesidad, si bien cada trabajador presenta circunstancias diferentes y la prestación por desempleo no cubre las necesidades de aquellos trabajadores que tiene, por ejemplo, nóminas superiores a 2.000. Estas demoras hacen perder la fe en la Justicia a los trabajadores y en ocasiones las empresas se financian a costa del trabajador. De este modo, si una empresa despide a un trabajador con un salario anual de 40.000 euros sabiendo que no tiene razón y que tendrá que abonar una indemnización de 60.000 euros, en relativamente poco tiempo ha amortizado el despido, sobre todo porque después de un año para la primera instancia el asunto llega al Tribunal Superior de Justicia, que está tardando dos años en resolver los recursos de suplicación en casos de despido, y después también se puede ir al Tribunal Supremo, que supone un año más de espera", afirma.

Sobre el hecho de que la jurisdicción de lo Social sea gratuita pueda estar fomentando que no se lleguen a acuerdos en la mediación, este abogado cree que es así. "También hay un porcentaje muy alto de demandas presentadas por trabajadores con reclamaciones que si hubiera condena en costas jamás presentarían o lo harían de una manera bastante más prudente. Demandas con peticiones de decenas de miles de euros por supuestos daños morales en casos de despidos nulos suponen ya una constante, así como reclamaciones de centenares de miles de euros en accidentes de trabajo leves o graves, no muy graves, en las que se demanda a empresas que no han tenido responsabilidad alguna. La gratuidad de la Jurisdicción Social está siendo aprovechada para intentar obtener beneficios que no siempre se ajustan a lo correcto, utilizándose esta vía de presión judicial", explica.