El Gobierno extiende hasta 2026 las ayudas al transporte y prorroga la moratoria de desahucios y de corte de suministros

El Gobierno ha aprobado este martes un amplio paquete de medidas económicas y sociales que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, y que incluyen tanto la prórroga de las ayudas al transporte público como la extensión de la moratoria de desahucios y de los cortes de suministros básicos para hogares vulnerables.

Las decisiones, adoptadas en el Consejo de Ministros, se enmarcan en un nuevo real decreto ley que el Ejecutivo define como parte del “escudo social” desplegado desde 2020.

Prórroga de las ayudas al transporte y nuevo abono único

En materia de movilidad, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la continuidad de las bonificaciones al transporte público durante todo 2026 y ha aprobado la puesta en marcha del nuevo abono único, que integrará en una tarifa plana mensual de 60 euros -30 euros para menores de 26 años- los autobuses interregionales de titularidad estatal, los trenes de cercanías y los servicios de media distancia. El nuevo título estará disponible a partir de la segunda quincena de enero.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha detallado que el Gobierno destinará 1.371 millones de euros para financiar tanto el abono único como la prórroga del resto de ayudas vigentes.

Según el ministro, estas actuaciones “consolidan la apuesta clara del Gobierno por el fomento del transporte público”, que desde 2018 ha recibido 9.290 millones de euros, cifra que superará los 11.000 millones al sumar los fondos previstos para 2026.

Las bonificaciones prorrogadas incluyen:

• Autobuses estatales: gratuidad infantil hasta los 14 años; bono de 10 viajes con un 40% de descuento; abono mensual con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.
• Transporte autonómico y local: se mantiene la ayuda estatal con gratuidad infantil, descuentos del 50% para jóvenes y una bonificación del 20% en el resto de abonos. A diferencia de años anteriores, el Estado financiará este 20% incluso si la administración autonómica o local no aporta un descuento adicional.
• Territorios insulares y norte peninsular: se mantienen las ayudas específicas para viajeros recurrentes en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre será gratuito para estos usuarios; y en Asturias y Cantabria, donde se mantiene la gratuidad de las cercanías para recurrentes.
• Renfe: continúan el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes) y la gratuidad total para menores de 14 años. En media distancia y Avant especiales, los niños viajarán gratis y los abonos mensuales y bonos de 10 viajes tendrán un descuento del 40%. En los Avant generales se mantiene la bonificación del 50% en el bono de 10 viajes.

Nuevas fórmulas tarifarias

Puente anunció además nuevas herramientas tarifarias, como el abono trimestral Pase Vía para los servicios Avant, que aplicará descuentos crecientes en función del número de viajes realizados, con rebajas que oscilarán entre el 45% y el 72%. Este sistema permitirá pagar solo por los viajes efectivamente realizados, sin desembolsos anticipados.

También se implantará el sistema Cronos para cercanías, que ofrecerá descuentos del 40% a partir del quinto viaje cuando se pague con tarjeta bancaria en los tornos.

En la red de ancho métrico, los descuentos de ida y vuelta aumentarán del 7% al 20%, equiparándose al resto de la red convencional.

El ministro subrayó el impacto económico de estas medidas: para las familias, suponen un ahorro medio del 75% respecto al gasto previo en transporte, porcentaje que aumenta en los hogares que han sustituido el vehículo privado por el transporte público.

En el caso de los usuarios diarios de los trenes Avant, los ahorros pueden superar los 5.000 euros anuales. Entre enero y septiembre de este año, el transporte público movilizó una media mensual de más de 420 millones de viajeros, un 23% más que en 2022.

Puente defendió la continuidad de estas políticas y advirtió de que “un gobierno de derecha y extrema derecha entre las primeras cosas que suprimiría sería esta”, citando el lema de la Agencia Tributaria: “No es magia, son tus impuestos”.

Prórroga de la moratoria de desahucios y de los cortes de suministro

El mismo real decreto ley incluye la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición de cortarles los suministros de luz, agua y gas.

También se mantienen los descuentos del bono social eléctrico, fijados en el 42,5% para consumidores vulnerables y en el 57,5% para vulnerables severos.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó que estas medidas forman parte del “escudo social” que el Ejecutivo ha ido renovando desde 2020 y expresó su confianza en que el Congreso convalide el decreto a finales de enero, recordando que las prórrogas anteriores ya contaron con el respaldo mayoritario de la Cámara.

La moratoria de desahucios fue aprobada inicialmente en marzo de 2020 para proteger a los hogares con menos recursos durante la pandemia y desde entonces ha beneficiado a unas 60.000 familias. Su vigencia se ha ido ampliando en el contexto de la crisis derivada de la invasión de Ucrania y de la persistente emergencia habitacional.

El decreto mantiene también las compensaciones a propietarios afectados, introducidas el pasado año.

La última prórroga ha sido pactada con EH Bildu y venía siendo reclamada por Podemos, Sumar, ERC y numerosas entidades sociales. Organizaciones como el Observatorio DESC han apelado a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios para asegurar la convalidación del decreto y han instado al Gobierno a aprovechar esta extensión para diseñar un plan de choque que garantice el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno para todas las familias vulnerables con desahucios pendientes.

Medidas energéticas y fiscales complementarias

El decreto ley también prolonga hasta finales de 2026 diversas medidas en materia energética y fiscal. Entre ellas destacan:

• Garantía de suministro de electricidad, gas natural y agua para consumidores vulnerables.
• Mantenimiento de los niveles del bono social eléctrico (42,5% y 57,5%).
• Incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga y obras de eficiencia energética o rehabilitación de viviendas, con deducciones en el IRPF del 15%, 20%, 40% o 60% según el tipo de actuación.
• Nueva exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales derivados de los incendios forestales del pasado verano.
• Prórroga de las ayudas a municipios afectados por la dana, junto con exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas perjudicadas.