El ovillo de la SEPI

Dice el magistrado Joaquín Bosch, autor del libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, que “las prácticas corruptas parasitan nuestras instituciones". La causa del clientelismo histórico en nuestro país habría que buscarla, según él, en la colonización que los partidos han realizado con sus militantes de los órganos de las empresas públicas, cientos de cargos repartidos a dedo para premiar fidelidades internas. Y lo que viene después es la puerta giratoria, el trasvase de servidores públicos a empresas privadas gracias a los contactos obtenidos durante las trayectorias políticas.

Por su parte, Ignacio Muro, impulsor del grupo Economistas frente a la Crisis, piensa que “nuestro modelo de empresa pública es especialmente débil en cuanto a defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno”.

En unos pocos meses dos ex presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero -nombrada por el popular Cristóbal Montoro- y Vicente Fernández -nombrado por la socialista María Jesús Montero- se han visto involucrados en investigaciones policiales sobre corrupción.

Nuestro modelo de empresa pública es especialmente débil en cuanto a defensa de los intereses nacionales"

La SEPI está en la cúspide de todo ese conglomerado de empresas públicas de las que hablaba Bosch. Las decisiones sobre los 85.000 trabajadores y las catorce empresas en las que la participación del Estado es total o mayoritaria, más otras diez minoritarias y un centenar en las que participa de manera indirecta, son adoptadas por un consejo de administración de trece vocales que son todos secretarios, subsecretarios de Estado o directores generales. Entre ellos se encuentra, por su condición de director de gabinete de Montero, Carlos Romero, al que el comisionista Víctor Aldama metió en el ‘ajo’, de momento sin pruebas, de los cobros a Koldo García, el asistente del ministro Ábalos. Además, en cada una de esas catorce empresas públicas, del hipódromo de La Zarzuela a Correos pasando por la agencia Efe, hay un puesto de dirección bien remunerado de designación gubernamental, a dedo de nuevo, más otros muchos cargos inferiores, como fue el caso de la 'fontanera' Leire Díez en un área de Correos.

Bajo sospecha

Tanto Platero como Fernández, los dos investigados, ambos con muy poco perfil público, eran personas estrechamente vinculadas a los políticos que los nombraron. Platero, que llegó a presidir el consorcio para el fallido parque industrial de Las Aletas en la bahía de Cádiz, había sido socia fundadora del despacho consultor con el que, según la instrucción judicial, Montoro atraía empresas a las que se le acomodaba la legislación para obtener mayores beneficios. Montoro, ministro de Hacienda con Aznar y Rajoy, utilizó a Platero en su batalla contra el ministro de Economía, Luis de Guindos, para que fuera su departamento el que controlara la SEPI. Tras dejar la SEPI, pasó a ser consejera de Logista, una de las principales operadoras logísticas europeas.

Por su parte, Fernández, un jurista malagueño criado en Cádiz, formaba parte del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía y fue el que aceptó el reto que le ofreció Montero cuando era consejera de Susana Díaz de asumir la intervención general de la Junta. No era una época fácil, ya que coincidió con la exhaustiva investigación de la juez Alaya sobre los EREs. Cuando Montero dio el salto a Madrid se llevó a Fernández con ella y le entregó el codiciado puesto en la SEPI con un sueldo de 245.00 euros al año, donde duró el poco tiempo que pasó -año y medio- hasta que fuera imputado por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar en los tiempos en que él ejercía como secretario general de Innovación y Energía de la Junta.

Cuando se quedó sin trabajo pudo sonar extraño que tan alto ejecutivo de la cosa pública eligiera como nuevo empleo una pequeña empresa de construcción de Navarra, Servinabar, que entonces no conocía nadie y que ahora se ha hecho enormemente célebre por su supuesta vinculación con el ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán. Gracias a esa vinculación se pudo saber en la comisión del Senado sobre el caso Koldo que el ex presidente de la SEPI y trabajador de Servinabar tenía un piso de lujo en Madrid, otros dos en Sevilla y tres chalés en Marbella.

La SEPI ahora está pilotada por una ingeniera de caminos granadina de 51 años, Belén Gualda, que también viene de la Junta de Andalucía, donde tuvo cargos directivos en departamentos relacionados con la gestión del agua, el medio ambiente y las obras públicas. Montero eligió para ella la presidencia de Navantia hasta que Fernández tuvo que abandonar su cargo, pero le costó tomar la decisión, ya que Fernández se fue en octubre de 2019 y Gualda no fue nombrada hasta marzo de 2021. Gualda se ha tenido que enfrentar a un panorama muy diferente a la de la mayor parte de sus predecesores, cuya principal tarea había sido la desinversión.

Los orígenes

La SEPI había nacido en 1995 como la heredera del Instituto Nacional de Industria (INI), el mecanismo creado por el franquismo para la reconstrucción de un país destrozado por la guerra civil y con un sector privado sin pulso. Así que un Estado encerrado en sí mismo, despreocupado de la sanidad pública y la educación, despreciado por el orden internacional, se dedicó a construir barcos, coches, carreteras, casas, transportar a la gente en tren o en avión, cultivar plantaciones y sacrificar al ganado distribuyendo los resultados por los mercados de abastos, prestar dinero a través de bancos públicos, gestionar las cartas de correo… Todo esto daba también para una buena dosis de corrupción.

Con la llegada de la democracia, el Estado heredado se encontró con decenas y decenas de empresas públicas con una gestión anticuada, ineficaces y poco competitivas que eran un lastre para la modernización de la economía. Fueron aquellos los años 80 de las batallas de los astilleros y de los ajustes para ser admitidos en Europa, que no aceptaba la respiración asistida a las empresas que no se considerasen de imprescindible servicio público. Es cuando aparece la SEPI con una vocación de ir adelgazando el sector empresarial estatal.

Aznar nombró como presidente de la SEPI a un abogado del Estado, Pedro Ferreras, hombre de confianza del ministro Josep Piqué, que adoptó el lema de “sanear, consolidar y privatizar”. Básicamente, hizo lo último. Durante su mandato, antes de presentar su dimisión por unos motivos personales que nunca quedaron muy claros, se privatizaron nada menos que 35 empresas, entre ellas Iberia y Telefónica. En total, durante las dos legislaturas de Aznar se privatizaron 60 empresas con un valor equivalente al 7% del PIB. Tras salir de SEPI, Ferreras, fallecido en 2021 a los 67 años, presidió, sin haber trabajado nunca anteriormente en el sector privado, la cementera catalana Uniland -hoy dentro de la FCC del mexicano Carlos Slim- y fue consejero de NH Hoteles, Abertis Telecom, Renta 4 y Vueling.

A Ferreras le siguió un inspector de Hacienda, el “lenguaraz” Ignacio Ruiz Jarabo, que tras su paso por la SEPI montó una consultoría fiscal para empresas, y Zapatero tuvo durante todo su mandato a otro inspector de Hacienda, Enrique Martínez Robles, mientras que Rajoy, hasta la llegada de Pilar Platero, se inclinó por un diputado por Guadalajara, Ramón Aguirre, que cuando dejó el cargo volvió a su puesto de diputado por Guadalajara.

Todos estos presidentes, apenas conocidos por el gran público, se dedicaron principalmente a tratar de lidiar con los números rojos. La SEPI estaba ahí sin que se hablara mucho de ella. Había sobresaltos cuando Navantia perdía carga de trabajo o cuando Correos no encontraba el camino para desenvolverse en la revolución tecnológica, pero pocas veces estos avatares copaban las primeras páginas de la prensa generalista y su discurrir se seguía en las páginas salmón.

La 'renacionalización'

Con Pedro Sánchez y su hombre en la SEPI, Vicente Fernández, la cosa iba a cambiar. Fernández era una recomendación de Montero. Se iba a necesitar a un hombre “arrojado” para llevar a cabo los planes de Sánchez, que consistían en tener una mayor presencia estatal en las empresas que consideraba estratégicas. Al cruzarse el caso Aznalcóllar primero y la pandemia de covid después, hubo que retrasar los planes. A Fernández no le sustituyó nadie. De forma interina se colocó al jerezano Bartolomé Lora, que llevaba muchos años en la SEPI y que había hecho carrera en los años de Montoro. Se le consideró el ideal para llevar a cabo sin verdadero mando en plaza los rescates de empresas que se ejecutaron a golpe de talonario público durante los meses que siguieron al gran confinamiento. La SEPI fue dotada con un fondo de diez mil millones de euros, de los que se gastaron 3.255 millones en el rescate de treinta empresas a modo de créditos blandos, entre ellas Air Europa. Otras 43 empresas, que pedían un total de 2.150 millones, se quedaron por el camino. Sus solicitudes fueron denegadas o nunca fueron contestadas. Algunas eran demasiado pequeñas y se evaluó que otras, debido a su precaria situación, hubieran caído igual, con o sin rescate. Hay quien piensa que, en realidad, Fernández no se fue nunca y que no estuvo muy alejado del proceso de selección. Posiblemente los nuevos capítulos de la novela por entregas de la UCO arrojarán luz sobre este asunto.

Pasada la tormenta del covid, empezó a funcionar la estrategia inicial ya con Gualda al frente, una profesional sobre la que existe un consenso de que es una mujer mucho más cauta que su predecesor. El Estado iba a estar presente en más consejos de administración a través de la SEPI, una SEPI que la administración Aznar había dejado en los huesos. Su presencia se dejó sentir en la multinacional española Indra, dedicada principalmente a Defensa y Seguridad. La siderúrgica Celsa también se puso en su punto de mira. Pero el gran debate se produjo cuando se decidió hacerse fuerte en una antigua empresa del INI, la privatizada Telefónica, para contrarrestar, se dijo, la entrada de capital saudí.

Que la SEPI se encuentre ahora mezclada en informaciones sobre manejos turbios ha sido un gancho a la línea de flotación del Gobierno y el golpe lo ha acusado porque nadie sabe cuánto ovillo hay una vez que se empieza a tirar del hilo.