Un inciso
Carlos Navarro Antolín
"Gastan menos que un turista"
La historia de la casi bicentenaria fábrica de loza La Cartuja Pickman parece haber escrito su última página, aunque bien podría ser la penúltima, dada las múltiples vicisitudes que han jalonado su vida. La familia Zapata, propietaria de la fábrica a través de la empresa Ultralta, ha pedido en el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla la reapertura del concurso de acreedores y la fase de liquidación de la compañía ante la imposibilidad de cumplir el convenio aprobado el pasado mes de julio y llegar a acuerdos singulares de pago con los acreedores privilegiados, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, según fuentes consultadas por este diario.
La solicitud de liquidación llega después de que en septiembre Hacienda haya embargado sus cuentas por una deuda de 744.167 euros y de que haya habido un requerimiento de pago por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de 520.376 euros. A la Seguridad Social le debe casi un millón de euros. La empresa ha informado al Juzgado Mercantil que mantuvo sin éxito negociaciones con estos acreedores para lograr un aplazamiento en el pago de los créditos, ofreciendo garantías hipotecarias. La compañía asegura que para poder firmar esos tres acuerdos se le exigió el pago inmediato de una gran cantidad de créditos que no podía afrontar "con la maltrecha situación económica de la compañía después de un concurso de más de cinco años".
Ultralta solicitó el concurso de acreedores en 2019 a raíz de que la Seguridad Social le derivara una deuda de seis millones de euros del anterior propietario. El litigio llegó al Tribunal Supremo, lo que provocó que el concurso se suspendiera hasta que hubiera una resolución. La llegada de la pandemia, la falta de financiación pública y privada, la crisis de suministros o la subida de los precios de la energía provocaron una sangría en la compañía. El Supremo terminó dando la razón a la sociedad en 2023 y ahora Ultralta estudia pedir responsabilidades a la Seguridad Social porque considera que provocó su insolvencia al intentar derivarle una deuda de seis millones de euros.
Y aunque en los últimos meses ha habido interesados en la compra de esta fábrica, que inició su actividad en 1841, las deudas que acumula la compañía les han hecho desistir de presentar una oferta en firme, a lo que se suma el hecho de que al entrar en liquidación, la unidad productiva se venderá sin pasivos. De hecho, Ultralta explica que ha explorado la posibilidad de financiación externa que nadie quiere conceder y la transmisión de la compañía pero -dice- "nadie quiere verse inmerso en posibles contingencias con estos acreedores públicos".
La compañía Ultralta, participada en un 86,50% por Ana Zapata y en un 13,50% por Mario Vázquez Iriberri, anunció en julio un Expediente de RegulaciónTemporal de Templeo (ERTE) para toda la plantilla durante medio año con el fin de arreglar la cubierta de la fábrica, que debido a su mal estado de conservación provocaba goteras dentro de la fábrica cuando llovía. El ERE extintivo dejará ahora en la calle a 32 empleados, algunos con más de 30 años de antigüedad, a los que se adeuda la nómina de agosto y "que llevan cinco años sin subida salarial, con salarios por debajo del convenio", según han declarado a este periódico José Hurtado, secretario general de CCOO de Industra de Andalucía. Para este jueves se ha convocado una asamblea media mañana en la puerta de la fábrica.
Se da la circunstancia de que el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla había aprobado en julio el convenio de acreedores de Ultralta, aunque la administración concursal ya advirtió que difícilmente la empresa podría salir adelante si la Seguridad Social y Hacienda, acreedores con privilegio especial, no se adherían al convenio, como ha ocurrido finalmente. De hecho, cuando la empresa perdió el escudo protector que le proporcionó el concurso, Hacienda ejecutó la deuda de casi 800.000 euros el pasado mes, impidiendo abonar la nómina a los empleados. El Juzgado Mercantil acaba además de resolver que el concurso ha sido fortuito, por lo que no se derivan responsabilidades para los administradores.
El nuevo naufragio de esta fábrica, a la que han intentando reflotar media docena de empresario, se produce después de que Ultralta -que compró la fábrica en 2014- hubiera ganado en los tribunales el pleito que tenía con la Seguridad Social para que no le derivara una deuda de seis millones de euros del anterior propietario. Después de haber nadado durante años para no hundirse, la compañía se ha ahogado en la orilla.
Los trabajadores lamentan que tendrán que ir al Fogasa porque la empresa no tiene activos, salgo alguna maquinaria y el stock, valorado este último en unos 100.000 euros y que saldrá a la venta próximamente en una mercado outlet. Ni las marcas ni la nave son propiedad de Ultralta. Las marcas de loza La Cartuja fueron vendidas en 2022 por 800.000 euros a la empresa Nox Industrial, radicada en Madrid y propiedad de Juan Manuel Martín Buendía, según figura en el Registro Mercantil. El acuerdo de venta incluyó la posibilidad de recomprar las marcas por parte de Ultralta en un plazo de cinco años. De otro lado, las naves son propiedad de la sociedad Internacional Crane and Equipment Company, vinculada también a la familia Zapata.
Además, se ha pedido la liquidación también de la comercializadora de los productos de cerámica y loza que fabricaba Ultralta, la compañía La Cartuja Distribuciónc 1841, propiedad de European Lifting Company, ligada a la familia Zapata y Mario Vázquez, también accionistas de Ultralta.
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