OCU exige que se vele por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por BBVA ante la CNMC en materia de defensa de los consumidores y usuarios

Sevilla/En respuesta a la consulta pública realizada por el Gobierno a todos los interesados con motivo de la OPA del BBVA al Sabadell, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado en un comunicado "la importancia de garantizar y vigilar el cumplimiento de los compromisos de protección a los usuarios de ambas entidades asumidos por el banco ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".

La primera responsabilidad es comunicar cualquier cambio contractual con una antelación no inferior a dos meses a sus usuarios de forma clara, individualizada, desligada de otras informaciones y en un soporte duradero.

Luego, garantizar el compromiso de permanencia y asistencia en oficinas físicas, también en los pequeños municipios, y mantener las condiciones comerciales en zonas sensibles donde haya monopolio, duopolio o presencia de solo dos competidores, de modo que no perjudique a los consumidores más vulnerables.

También, facilitar el acceso transitorio a los cajeros del Sabadell en las mismas condiciones durante al menos 18 meses, adoptando luego la política más favorable para los usuarios.

Finalmente, OCU insta al Ministerio de Economía para que adapte la normativa nacional de modo que se facilite a las personas vulnerables el traslado automático de una cuenta corriente a una básica sin comisiones. Actualmente, para solicitar la cuenta básica es preciso cerrar antes cualquier otra cuenta, lo que supone un riesgo de impago de los recibos domiciliados.

No obstante, una vez superado los exámenes de solvencia del Banco Central Europeo y de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, OCU considera irregular el trámite de consulta pública; de hecho, no hace sino crear confusión entre los implicados. La Organización advierte que la consulta no debería bloquear la capacidad de decisión de los accionistas, que deben ser quienes decidan en último término a favor o en contra de la fusión.