La promotora gaditana Promaga, a concurso de acreedores con más de 100 millones de deuda

El Juzgado Mercantil 2 de Cádiz ha declarado el concurso necesario de la promotora Promaga, del empresario Manuel Gavira, una declaración de insolvencia que ha sido forzada por uno de los acreedores de esta empresa andaluza que en su día construyó miles de viviendas. La deuda de la compañía supera los 100 millones de euros, incluidos los recargos por impagos, y entre los principales acreedores están el Bank of America Merrill Lynch, el fondo Blackstone o la Agencia Tributaria, según fuentes consultadas por este periódico, que sitúan éste como uno de los mayores concursos de acreedores de Andalucía en 2025 por el volumen del pasivo.

Montserrat Acquisitions, una empresa radicada en Reino Unido, es el acreedor que ha pedido el concurso de acreedores de Promaga, compañía a la que se le han suspendido las facultades de administración. No es la primera vez que se ha solicitado la declaración de insolvencia de esta promotora, que comenzó con graves problemas de tesorería a raíz de la crisis inmobiliaria de 2008, aunque sí es la primera vez que se ha declarado el concurso. Gavira ha declarado a este medio que ha intentando sin éxito hasta el último momento negociar el pago de la deuda con los principales acreedores.

La deuda de la compañía superaría los cien millones de euros, admite el fundador de la empresa, quien subraya esa cantidad incluye los recargos por impago, "por lo que el nominal sería una cantidad muy inferior". Lamenta Gavira que algunos fondos buitre se hayan hecho con parte de la deuda de Promaga por cantidades irrisorias "y ahora nos quieren cobrar el nominal y los recargos, sin aceptar nuestras propuestas de pago".

El principal acreedor es la Agencia Tributaria, que en su listado de morosos de 2025 ha vuelto a incluir a Promaga con una deuda de 69,9 millones de euros. Según Gavira, la deuda con la Agencia Tributaria es en realidad de 43 millones de euros, a lo que añaden 27 millones de euros de recargos e intereses.

Más de 300 activos

Bank of America Merrill Lynch es otro de los principales acreedores de Promaga, a la que reclama 20 millones de euros. Al respecto, Gavira ha declarado a este periódico que "ese banco ha comprado la deuda a otro acreedor y nosotros le hemos propuesto pagarle pero no quiere". Asegura que está igualmente negociando el pago de la deuda con el fondo Blackstone, que -dice- le reclama unos 15 millones de euros.

Para afrontar el pago de sus deudas, Promaga -cuyo administrador concursal es Tato González Concursales- ha aportado más de 300 activos, entre viviendas, plazas de garaje, locales y solares, según ha informado el dueño y fundador de la compañía. Esos activos tendrían un valor de algo más de 30 millones de euros. La compañía llegó a ser dueña del centro comercial situado en la vía de servicio de San roque Club y del hotel San Roque Suite.

Tribunal Supremo

Manuel Gavira fue condenado a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid por un continuado de estafa agravada en grado de tentativa. La sentencia consideró como hechos probados que el empresario realizó aportaciones simuladas de bienes inmuebles desde Promaga a otras sociedades del grupo con el fin de obtener indebidamente la devolución del IVA. El empresario reclamó por este concepto más de 15 millones de euros que la Agencia Tributaria no le reconoció.

Contra esa sentencia, presentaron recursos ante el Tribunal Supremo tanto la Abogacía del Estado como Gavira. Este último consideró que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y denunció la aplicación indebida del Código Penal, así como un error en la valoración de las pruebas al entender que no se había probado que simuló transmisiones de bienes inmuebles entre sociedades para generar una devoluciones indebidas de IVA.

Finalmente, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en 2019 en la que le absolvía del delito continuado de estafa en grado de tentativa, aunque condenaba al empresasario Manuel Gavira como autor responsable de cinco delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa a las penas de seis meses de prisión por cada uno de esos cinco delitos.

Además, en la sentencia se acordó que Gavira perdía la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un 1,6 años, así como a multas que sumaban más de 8 millones.