Un auto judicial cuestiona el megaproyecto solar de Greenalia en Lopera (Jaén) por posible fraccionamiento irregular

La implantación de grandes plantas fotovoltaicas en el entorno de Lopera (Jaén) ha entrado de lleno en el terreno judicial tras un auto dictado el pasado 26 de enero por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Andújar, que apunta a un posible fraccionamiento irregular de los proyectos millonarios promovidos en la zona por la empresa gallega Greenalia.

Así lo explicó este jueves en Sevilla la portavoz nacional de la organización sin ánimo de lucro que defiende los intereses del campo, SOS Rural, Natalia Corbalán, durante un encuentro con la prensa. Según señaló, la resolución judicial detecta irregularidades "idénticas" a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a anular en julio de 2025 una megaplanta fotovoltaica en los municipios cordobeses de Bujalance y Montoro por fraude de ley ambiental.

Según expuso Corbalán, el auto judicial identifica indicios de que el gran proyecto energético previsto en los municipios de Lopera, Marmolejo y Arjona habría sido fragmentado artificialmente en varias instalaciones independientes, todas ellas con una potencia inferior a los 50 megavatios. Este umbral resulta clave en la normativa energética, ya que permite que los proyectos sean tramitados por la administración autonómica en lugar de ser evaluados por el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que evita la realización de una evaluación ambiental conjunta que analice el impacto global sobre el territorio.

La portavoz de la plataforma sostuvo que esta fragmentación impediría valorar adecuadamente las consecuencias ambientales y económicas de las plantas solares en una comarca cuya economía depende en gran medida del olivar.

Por su parte, Greenalia sostiene en una nota de prensa que "las autorizaciones fueron consentidas durante años y los recursos presentados ahora son manifiestamente extemporáneos". Según la compañía, los proyectos fotovoltaicos de Greenalia en Lopera cuentan con todas las autorizaciones sectoriales y ambientales otorgadas por la Junta de Andalucía.

"Estas autorizaciones fueron públicas desde su concesión e incluyeron los preceptivos períodos de información pública durante los cuales cualquier ciudadano, asociación o colectivo pudo formular alegaciones. Las mismas plataformas que hoy reclaman ante los tribunales no presentaron alegaciones en esa fase, que es precisamente el momento procesal diseñado por el ordenamiento para canalizar la participación ciudadana. Tampoco impugnaron las autorizaciones mediante recurso de alzada ni recurso contencioso-administrativo en los plazos legalmente establecidos", añade la empresa.

Carrera de fondo

El procedimiento judicial abierto a raíz de las denuncias presentadas por agricultores de la zona fue archivado provisionalmente en la vía penal al no apreciarse indicios suficientes de delito. Sin embargo, el propio auto remite el debate sobre la legalidad de los proyectos a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde deberán analizarse las autorizaciones concedidas a las instalaciones fotovoltaicas.

En este contexto, la asociación Ecología y Libertad, junto a SOS Rural y plataformas locales, presentaron recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra las delegaciones provinciales de Industria y de Medio Ambiente de Jaén por la concesión de autorizaciones sectoriales a los proyectos fotovoltaicos.

Además, el 20 de enero se interpuso otro recurso contra el Ayuntamiento de Lopera ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén por el levantamiento de la suspensión cautelar de las licencias urbanísticas mediante un decreto de Alcaldía.

Corbalán afirmó también que el Ayuntamiento de Lopera no ha concedido todavía las licencias de obra para las plantas solares, una situación que atribuyó a la presión ejercida por agricultores y colectivos contrarios al proyecto.

Confrontaciones

Durante su intervención en Sevilla, la portavoz criticó además que algunos proyectos energéticos puedan declararse de interés general para facilitar la expropiación o el arrendamiento forzoso de tierras agrícolas durante décadas para la instalación de plantas fotovoltaicas.

Según informó en mayo la cooperativa La Loperana, los olivos que se pretenden eliminar en Lopera ascienden a 42.600 en 426 hectáreas de olivar, lo que implicaría pérdidas anuales de dos millones de kilos de aceitunas, unos 400.000 litros de aceite y más de tres millones de euros en jornadas y ventas vinculadas al aceite de oliva. Además, recuerdan que estos árboles actúan como captadores naturales de dióxido de carbono.

Aunque en torno a las cifras existe cierta opacidad, SOS Rural sostiene que parte del sector agrario prefiere no pronunciarse públicamente por temor a posibles represalias derivadas de las expropiaciones de terrenos vinculadas a estos proyectos.

Asimismo, Corbalán advirtió de los impactos que, a su juicio, podrían derivarse de estas instalaciones, entre ellos la alteración del paisaje agrícola y los posibles efectos sobre el suelo y la biodiversidad.

Por otro lado, la portavoz denunció haber recibido un burofax de la empresa Greenalia en el que se le exige que cese sus declaraciones públicas sobre los proyectos solares de Lopera. Corbalán rechazó este requerimiento y lo calificó como un intento de "amedrentar y silenciar" el debate público sobre iniciativas que, según defendió, afectan al interés general del territorio.