Competencia mantiene la retribución a las eléctricas en el 6,58% pese a las quejas de las empresas

La tasa de retribución financiera (TRF) de las redes eléctricas y la metodología para la distribución, recién aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se han confirmado esta semana como la gran fuente de desencuentros en el sector de este 2025, más allá del apagón de abril.

Por un lado, el organismo defiende que, con sus propuestas, ha buscado conseguir el equilibrio entre fomentar la inversión en redes y maximizar el uso de las existentes sin generar un sobrecoste excesivo para el consumidor, mientras que, por el otro, las eléctricas afean a la CNMC su "falta de diálogo" y urgen cambios.

Posturas que parecen irreconciliables a falta de una semana para la entrada en vigor del nuevo periodo 2026-2031 -siempre que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique las circulares antes del 31 de diciembre-.

Quedaba por conocer si la CNMC, una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado, mantenía la propuesta de elevar la TRF del 5,58% actual al 6,58% de su segundo planteamiento (en el primero hablaba de un 6,46%), o si atendía los reclamos de las eléctricas y la llevaba por encima del 7%.

Finalmente, el organismo dio por bueno ese 6,58%, un incremento que se traduce en algo más de 2.000 millones de euros. Pero alcanzar el 7% que pedían las compañías equivaldría a unos 900 millones más a pagar por los consumidores, explican fuentes de la CNMC, que ven en ello un escenario de bastante riesgo.

De esta versión discrepan las distribuidoras. En un comunicado lanzado este martes, Aelec -asociación que integran Iberdrola, Endesa y EDP, entre otras- subraya que limitar la inversión en distribución "no reduce costes para el sistema ni los consumidores, (...) los incrementa".

Así, prosigue, frenar el refuerzo y la expansión de las redes "retrasa la electrificación, bloquea nuevas conexiones, ralentiza la actividad económica y acaba trasladando sobrecostes a hogares y empresas". Los costes derivados del acceso a las redes eléctricas se reparten entre los usuarios a través de los peajes, que computan en cada factura. De este modo, a mayor demanda, menos tendrían que abonar los consumidores en este concepto, y viceversa.

La CNMC reitera que su propuesta ha perseguido el equilibrio entre más inversión en redes y la maximización de su uso, con el sobrecoste que ello puede generar en el recibo eléctrico de los usuarios.

Todo para un periodo de seis años, uno de los más largos que se observan en la Unión Europea. En su análisis, el organismo ha descartado elevar más la TRF por el riesgo que podría suponer que las inversiones en redes se disparasen y la demanda no creciera lo suficiente, lo que rompería esa estabilidad en los peajes.

"Sin debate"

Lejos de temas técnicos, las eléctricas denuncian que la CNMC ha sacado adelante su nuevo modelo retributivo "sin debate alguno con el sector, sin la creación de grupos de trabajo, sin análisis de consecuencias y sin unanimidad".

Desde el organismo se oponen a este relato, y sostienen que se han reunido con todo el mundo, desde distribuidoras a consumidores, comunidades autónomas, titulares de almacenamientos presentes o futuros, y ministerios.

También ha analizado y discutido el contenido de los cientos de documentos que dice haber recibido, y ha simulado toda la metodología para hallar el equilibrio entre empresas y consumidores. Lo que no puede hacer, indican las fuentes de competencia, es atender reuniones de forma continua y todas las semanas con las compañías.

Sea como fuere, la CNMC confía en el rigor jurídico de sus circulares y del procedimiento en sí -así como en sus victorias en los tribunales a cuenta de la normativa del periodo anterior-, y no percibe un riesgo judicial alto.

Tensión en la industria

La tensión ha trascendido la pugna eléctricas-CNMC. Esta mañana, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha solicitado desvincularse de la Alianza España Verde y Conectada, integrada por distintas asociaciones, entre ellas Aelec.

Lo ha hecho a raíz de un comunicado en el que la Alianza reclamaba a la CNMC una retribución de redes que genere inversión para conectar la nueva demanda, un mensaje basado en "juicios de valor" sobre los que no se había mantenido "debate interno", cuentan los electrointensivos.

En opinión de AEGE, son peticiones "perfectamente legítimas" pero muy específicas, por lo que "corresponde a los afectados su argumentación y defensa a través de los canales que considere oportunos, pero sin adherir otros intereses de forma espuria".