El crecimiento económico e industrial de Andalucía, pendiente de las redes eléctricas

La red eléctrica constituye una infraestructura crítica para el desarrollo económico. Su capacidad y cobertura determinan la viabilidad de nuevos proyectos industriales, urbanísticos y energéticos. La metodología de retribución que regula su mantenimiento y expansión es, por tanto, un elemento estructural del modelo productivo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado una nueva metodología de retribución para las redes eléctricas que estará vigente entre 2026 y 2031. El documento propone una tasa de retribución financiera del 6,58%, inferior a la media europea, situada entre el 7,5% y el 8%. Esta diferencia ha generado preocupación entre operadores, inversores y sectores dependientes de la infraestructura eléctrica.

El texto incorpora además un límite máximo de inversión reconocida para nuevas conexiones, lo que excluye del modelo retributivo aquellos proyectos cuyo coste de conexión supera ese umbral. Esta medida afecta especialmente a iniciativas industriales y urbanísticas de gran escala, que requieren infraestructuras eléctricas complejas y costosas.

Según estimaciones del sector, la aplicación de esta metodología supondría una reducción de 650 millones de euros anuales en inversión y mantenimiento de redes. El ahorro estimado para el consumidor se sitúa en torno a 1,8 euros mensuales por cliente, lo que plantea un debate sobre la eficiencia del modelo frente a sus implicaciones estructurales.

Capacidad saturada y solicitudes rechazadas

La red eléctrica española presenta un alto grado de saturación. Más del 85% de los nudos eléctricos están actualmente comprometidos, lo que ha derivado en el rechazo de más de 100 GW de solicitudes de conexión desde 2020. Esta cifra equivale a una parte sustancial de los proyectos energéticos e industriales que no han podido ejecutarse por falta de capacidad.

En el caso de Andalucía, esta situación está aún más comprometida, lo que limita el desarrollo de nuevos polos industriales, parques logísticos, urbanizaciones y plantas renovables. La comunidad autónoma concentra una parte relevante de los proyectos vinculados al hidrógeno verde, la electrificación del transporte y la expansión de la vivienda, todos ellos dependientes de una red eléctrica disponible y dimensionada.

Infraestructura envejecida y riesgo operativo

La Comisión Europea ha advertido que entre el 40% y el 55% de las líneas de baja tensión en España superarán los 40 años de antigüedad en 2030. Este dato plantea un escenario de riesgo operativo, especialmente si se reduce la inversión en mantenimiento como consecuencia de la nueva metodología.

El apagón registrado en abril de 2025, que afectó a millones de usuarios en España y Portugal, evidenció la vulnerabilidad de la red ante situaciones de estrés. La falta de inversión en refuerzo y digitalización limita la capacidad de respuesta ante picos de demanda, fenómenos meteorológicos extremos o fallos técnicos.

Impacto en la transición energética y la competitividad

La electrificación de sectores clave como el transporte, el almacenamiento energético o la producción de hidrógeno verde requiere una red capaz de absorber y distribuir grandes volúmenes de energía. Según cálculos de EY, España debería destinar más de 4.000 millones de euros anuales a la red eléctrica para cumplir con los objetivos de descarbonización, frente a los 1.800 millones actuales.

La insuficiencia de inversión en redes afecta directamente a la competitividad industrial, al encarecer los costes de conexión, limitar la expansión de empresas y dificultar el acceso a energía limpia. También condiciona el desarrollo de vivienda, al retrasar o impedir la urbanización de nuevos suelos por falta de capacidad eléctrica.

Marco regulatorio y modelo de país

La distribución eléctrica representa aproximadamente el 14% del importe de la factura antes de impuestos. La reducción propuesta por la CNMC en este componente —del orden del 1,7%— tiene un impacto limitado en el recibo final, pero introduce restricciones significativas en el modelo de inversión.

El debate abierto por esta propuesta no se limita al ámbito energético. Afecta a la planificación territorial, a la política industrial y a la estrategia de transición ecológica. La disponibilidad de redes eléctricas adecuadas es un requisito previo para el despliegue de cualquier iniciativa vinculada al crecimiento económico.