BBVA recurre al Supremo la prohibición de una fusión con el Sabadell

BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de prohibir su fusión con el Banco Sabadell durante un mínimo de tres años, ampliable a cinco, en caso de que tenga éxito la opa, cuyo plazo de aceptación prevé abrir a lo largo del mes de septiembre después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dé vía libre al folleto.

El banco presentó este recurso el pasado 15 de julio, tres semanas después de que el Gobierno anunciara la condición de la operación, según ha adelantado 'El Español' y ha confirmado fuentes de la entidad.

El recurso no interfiere con la opa

El banco ha subrayado que la decisión de llevar al Gobierno al Tribunal Supremo "no interfiere con la opa".

La decisión se conoce pocos días después de que el banco anunciara que continuaba adelante con la opa, a pesar de la condición impuesta por el Gobierno y después de que Banco Sabadell decidiera vender TSB a Banco Santander y abonar un macrodividendo de 2.500 millones de euros, algo refrendado por la junta general de accionistas el pasado 6 de agosto.

El 24 de junio, el Gobierno decidió autorizar la opa a condición de que ambas entidades mantengan un patrimonio y gestión independientes durante un periodo mínimo de tres años extensible a cinco.

Apenas un día después de conocerse la decisión del Ejecutivo, el 25 de junio, el 'country manager' de BBVA para España, Peio Belausteguigoitia, afirmó que no se descartaba la vía judicial ante esta medida, porque el deber del banco es estudiar "todas las alternativas y posibilidades" al tener un "deber fiduciario" con los intereses de sus accionistas.

El banco ya había manifestado que la condición del Gobierno no era legal

Antes, el banco azul, a través de su presidente, Carlos Torres, había manifestado ya que consideraba que la decisión del Consejo de Ministros de prohibir su fusión no entraba dentro de la legalidad, ya que, según su interpretación, la legislación contempla que el Gobierno pueda mantener o aliviar las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), pero en ningún caso endurecerlas, como es el caso.

La única duda es si el grupo que preside Carlos Torres ha pedido la suspensión cautelar de la decisión del Gobierno, lo que daría alas a un escenario más favorable para que el BBVA consiga los ahorros previstos con la eventual integración.

La decisión del Consejo de Ministros, según el banco, aumenta los riesgos de la operación y retrasa la posibilidad de obtener los 850 millones de ahorros previstos cuando se lanzó la opa, una cifra que está ahora en revisión.

El Gobierno ha actuado de acuerdo a la normativa nacional, según Economía

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, han asegurado que el Gobierno "ha actuado en todo momento en línea con la normativa nacional, tal y como avalan los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias". Las mismas fuentes han recordado que la normativa está vigente desde 2007 y ha sido aplicada "en numerosas ocasiones desde entonces".

"En cualquier caso, respetamos la decisión del BBVA", han recalcado dichas fuentes.

Expediente de la comisión europea

El pasado 17 de julio, dos días después de que el banco presentara este recurso ante el Supremo, la Comisión Europa decidió abrir un expediente de infracción contra España por los poderes discrecionales que varias normas en la legislación española otorgan al Gobierno para poder frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general.

Como resultado de esto, Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente. En cualquier caso, en caso de que España resultase sancionada, ello no tendría efectos prácticos sobre la condición del Gobierno a BBVA, solo le obligaría a modificar la legislación.

El recurso no afecta a los tiempos de la operación

Este recurso, en cualquier caso, no afecta a los tiempos de la operación. Tal y como detalló BBVA al anunciar que seguía adelante con la opa, el folleto se publicará a principios del mes de septiembre.

Cinco días después de que se haga público el folleto se abrirá el periodo de aceptación. Este periodo puede durar entre 15 y 70 días, según la normativa española aplicable. No obstante, como también interviene la legislación estadounidense, el periodo mínimo sería de 30 días. Sea cual sea el periodo que decide aplicar BBVA, posteriormente podría ampliarlo hasta llegar a ese máximo de 70 días.

El BBVA anunció un beneficio semestral récord a principios de agosto y la previsión de que ganaría 48.000 millones en cuatro años, una media de 12.000 millones al año,.

Y como gancho para que los accionistas del Sabadell acaben vendiendo, el BBVA en solitario prevé disponer de más de 36.000 millones de capital de máxima calidad para distribuir entre sus accionistas hasta 2028, con una rentabilidad media del 22%.

Tras conocer la decisión de recurrir ante el Supremo, las acciones del BBVA subían un 2,12%, hasta intercambiarse a un precio de 16,36 euros.