El Gobierno pide a Bruselas una prórroga para responder a su infracción abierta por la opa de BBVA

El expediente surge de las dudas de la Comisión Europea sobre ciertas leyes españolas que conceden al Ejecutivo español intervención en este tipo de operaciones

BBVA invita a los accionistas del Sabadell a solicitar el efectivo de la opa sin esperar al dividendo de TSB

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos  Cuerpo , durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros este martes.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo , durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros este martes. / EFE

El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea más tiempo para responder a las dudas planteadas en el expediente de infracción abierto en julio. El caso está relacionado con el poder que otorgan algunas leyes nacionales al Ejecutivo para intervenir en operaciones empresariales, como la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Sabadell, bajo el argumento del “interés general”.

Según fuentes del Ministerio de Economía citadas por Europa Press, la prórroga se solicitó justo antes de que venciera el plazo original, que finalizaba esta semana, y se espera que Bruselas confirme pronto si la concede. En total, el periodo máximo de respuesta se alargaría unas seis semanas.

Las autoridades comunitarias cuestionan varios aspectos: desde si España necesita modificar de raíz la forma en que ha trasladado ciertas directivas europeas a su legislación, hasta si la posibilidad de que el Gobierno intervenga en operaciones de este tipo puede justificarse realmente como defensa del interés público. Además, consideran inadecuado que las decisiones de la CNMC puedan acabar en el Consejo de Ministros.

Pese a ello, la investigación de Bruselas no afectará de forma directa a la opa de BBVA sobre Sabadell, ya que lo que está en juego es la compatibilidad de la normativa española con la legislación comunitaria.

El Ministerio de Economía ha reiterado su disposición a colaborar de manera constructiva con la Comisión para resolver cualquier discrepancia. También recuerda que las normas cuestionadas llevan años en vigor y se han aplicado en numerosas ocasiones: la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y la Ley de Solvencia de las Entidades de Crédito de 2014.

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