Tribuna Económica
Fernando Faces
El coste económico de una legislatura agónica
Tribuna Económica
DURANTE los últimos años el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido dificultades para que sus propuestas de leyes fueran aprobadas por el Congreso de los Diputados. Esto ha sido debido a que es un Gobierno débil y fragmentado en el que los socios han condicionado siempre su aprobación a compensaciones inadmisibles. La fragmentación del Gobierno y del Congreso ha dificultado la labor del Ejecutivo desde el inicio.
Tras la corrupción detectada por la UCO, la situación actual es de parálisis legislativa. “Estamos ante una legislatura muerta”, como afirma Podemos. Un Gobierno sin Presupuesto durante dos años, que amenaza con llegar a tres si no se aprueban las cuentas del Estado para 2026. El costo económico de esta parálisis puede llegar a ser muy alto en términos de crecimiento y empleo. Hasta ahora la inercia y el dinamismo de la economía española han ocultado este costo. Pero las cosas están cambiando internamente y externamente. Las tensiones geopolíticas y las guerras van en aumento y el crecimiento interno de España se está desacelerando. Hasta ahora los inversores internacionales no han ponderado suficientemente la inestabilidad política de España. Pero esta misma semana el mayor banco del mundo, JP Morgan, se ha referido a la corrupción en España como un elemento que dañará su crecimiento y creación de empleo. Todos los organismos internacionales y nacionales como el Banco de España o la Airef están rectificando a la baja sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026.
A nivel internacional, la escalada en las tensiones geopolíticas y últimamente la guerra entre Irán, Israel y EEUU auguran un desplome del crecimiento mundial con tensiones inflacionistas por la previsible subida de precio de los hidrocarburos. La estanflación acecha a la economía global. Si esta situación se materializa, los bancos centrales no podrían seguir bajando los tipos de interés, lo cual afectaría negativamente al consumo, a la inversión, al crecimiento y a la creación de empleo.
Este escenario, una legislatura zombi incapaz de actuar, no es sostenible. La voluntad del Gobierno es llegar hasta el final de la legislatura en 2027. Pero no es posible en la situación descrita. Cada día que pase sin convocar a elecciones tendrá un alto costo en términos de crecimiento, de empleo y prima de riesgo para el país. Sería un gran error tanto para el PSOE y sus socios, como para España intentar alargar la legislatura hasta 2027. Todos llegarían más debilitados y con su futuro más dañado.
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