El dilema nuclear

EL pasado martes, la sociedad propietaria de la central nuclear de Almaraz se dio prisa en comunicar que ha iniciado los trabajos para entregar la documentación necesaria para el desmantelamiento del primer reactor al Consejo de Seguridad Nuclear antes de que acabe octubre, como es preceptivo: debe hacerlo dos años antes de la fecha del cierre, previsto para el 1 de noviembre de 2027. Según la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), que crearon los accionistas de ambos complejos (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), el reactor ha pasado los exámenes del grupo de expertos enviados por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) para analizar si los trabajos cumplen de forma segura la transición para el desmantelamiento. WANO, con sede en París, es la organización mundial que se encarga de certificar la seguridad de las nucleares en base a una clasificación de cinco escalones. Tanto Almaraz como Trillo figuran en el primero, es decir, el de máxima seguridad.

El Gobierno decidió en 2019 el cierre escalonado de las siete centrales existentes (Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Cofrentes, Vandellòs 2 y Trillo) entre 2027 y 2035. La primera en el calendario es Almaraz 1; la segunda, Almaraz 2, en octubre de 2028; y la última, Trillo. Las compañías eléctricas se mostraron contrarias, pero asumieron el cierre, a sabiendas que había tiempo para rectificar y buscar las vías (cambio de Gobierno, reconsideraciones internas, presiones externas...) para que se rectificase la decisión. Pero, el caso es que las cosas siguen como estaban ya a las puertas de que se inicie el proceso definitivo, y que, si el Ministerio para la Transición Ecológica no la modifica antes de marzo de 2026, el desmantelamiento entra en una fase irreversible.

En realidad, el anuncio del comienzo del proceso no deja de ser un trámite burocrático. La importancia radica en su trasfondo político y social. Busca la reacción de una población que ve agotarse una comarca y se siente segura con la nuclear. Supone el punto de partida de la última partida (valga la redundancia) sobre el futuro de la energía nuclear en España. Tanto el anuncio de CNAT como las acciones dirigidas por el Foro Nuclear son una parte de la representación. Incluso, la decisión de Iberdrola, principal accionista de Almaraz, de no incluir la central nuclear en su plan estratégico anunciado recientemente por su presidente, Ignacio Sánchez Galán, forma parte de la función.

La población, especialmente en la comarca del Campo Arañuelo, en la que se ubica Almaraz, lleva ya tiempo con protestas. Este mismo fin de semana, la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro convocó un acto en Navalmoral de la Mata para presentar la Alianza por Almaraz, que ha juntado a más de 80 instituciones que respaldan un manifiesto en defensa del “futuro económico y social de Extremadura”. En su argumentario destaca que la decisión es “unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional, que convierte a Extremadura en un conejillo de indias de políticas caprichosas”, según el alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, que daba voz a los alcaldes de las principales poblaciones afectadas (de distintos partidos y tendencias). También denunció la falta de diálogo con Transición Ecológica. Para la comarca, el cierre de los dos grupos nucleares supone un tajo para la economía comarcal. Están amenazados 4.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos), lo que explica la incertidumbre generada, aunque, en contraposición, el Foro Extremeño Antinuclear ha celebrado la noticia como “un hito energético y ambiental” al tiempo que pide que el desmantelamiento cuente con una supervisión técnica y comunicación continua.

El debate se centra en algo que en 2019 parecía bien definido, con la actual vicepresidenta europea, Teresa Ribera, en el ministerio. Ahora empieza a cuestionarse, precisamente alentado en gran parte desde Bruselas, donde se ha incorporado la energía nuclear entre las verdes. En el ministerio, que ahora dirige Sara Aagesen, se da vueltas a la posibilidad de cambiar la decisión. El alargamiento de la vida de las nucleares de 2ª Generación (entre las que están las citadas) más allá de los 40 años (vida útil de diseño más frecuente), en 10, 20 o incluso 40 años, también se ha planteado en otros países. Según la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos cinco años se ha extendido la vida útil al 15% del total de reactores nucleares. Estas iniciativas corresponden a países más nuclearizados, como Estados Unidos o Francia. Otra cosa es que se estén aprobando centrales de 3ª Generación, cuyos costes son prohibitivos.

Aunque en España tiene rasgos específicos, la cuestión relevante estriba en la comparación con los costes de sus alternativas: el coste de nuevas renovables (especialmente fotovoltaicas y eólicas) más el coste del respaldo necesario (sistemas de inercia y almacenamiento) y, en un periodo transitorio, el sobrecoste de una mayor presencia de gas natural en el mix energético, ya que la nuclear supone en torno al 20% de la producción.

Debe determinarse, por tanto, cuál es la estimación correcta de los costes nivelados (costes totales medios) de la nueva capacidad renovable y compararlos con los imputables al alargamiento de las nucleares. Es decir, lo que supone incluir los costes totales, fijos y variables (requeridos por imperativos de eficacia y seguridad), y los derivados del aumento de los residuos durante el periodo de alargamiento. No se incluyen los costes hundidos (es decir, a los que hay que hacer frente se prolongue o no la vida de los reactores). Si el coste nivelado, calculado y ajustado al valor diferencial que aporta la generación nuclear en términos de firmeza a la fiabilidad del sistema, es inferior al coste nivelado de las alternativas, el alargamiento de las nucleares estaría justificado, a juicio de expertos como el exministro de Industria y Energía Claudio Aranzadi.