El impuesto del 2%, reto para los superricos

Según el informe Billionaire Ambitions Report 2025 que elabora la UBS, existen en España 32 ciudadanos cuyo patrimonio supera los 1.000 millones de dólares. Son ocho más que en 2024. Entre ellos acumulan 213.100 millones (183.500 millones de euros), nada menos que un 21,5% más que el año anterior. Y, de ellos, uno solo, Amancio Ortega, posee más de la mitad (124.000 millones de dólares). El fundador de Inditex, hijo de un factor de Renfe, es uno de los que se hicieron ricos a sí mismos, como un 34% del total de la lista de esos milmillonarios españoles. O, dicho del revés, un 66% de los superricos nacionales lo son por herencia, fenómeno que se seguirá produciendo y que, según los cálculos del banco suizo, hará que 162.000 millones de dólares pasen a los sucesores en los próximos 15 años, lo que exige “un enfoque disciplinado en los procesos sucesorios”.

Eso es en España. En el mundo, el número de multimillonarios que pasan de esa cifra se elevó un 8,8%, pasando de 2.682 a 2.919 ciudadanos, cuya fortuna suma 15,8 billones de dólares. El crecimiento es el segundo mayor de las 11 ediciones que lleva el informe, circunstancia que se produce “por una dinámica empresarial sólida y una intensa creación de compañías”. La nueva generación de multimillonarios procede de sectores tecnológicos, relacionados en gran parte con la IA, por delante de los de consumo y comercio. Y, si se mira por género, se observa que la riqueza de las mujeres creció un 8,4%, hasta 5.200 millones, frente al 3,2% del segmento masculino.

Además de las 32 fortunas españolas que superan los 1.000 millones de dólares hay que contar con los muchos más que rebasan los 100 millones y que también se consideran multimillonarios (en este caso, cienmillonarios). En todo caso, un porcentaje minimísimo frente a los casi 50 millones de habitantes que tiene el país. Ante eso, resulta obligatorio mirar al otro lado y no olvidarse de la gran masa de ciudadanos cuyas posibilidades de pasar a integrarse en ese club son más que remotas mientras se buscan soluciones para luchar contra la precariedad laboral o los graves problemas de acceso a la vivienda, por ejemplo.

La evolución de los ultrarricos ha sido vertiginosa. Ha pasado de 140 personas en los ochenta a la cifra actual. En paralelo, se ha producido un aumento de las vías para ocultar la riqueza (evasión fiscal extraterritorial, ocultación en paraísos fiscales, inversión en bienes inmuebles y otros activos susceptibles de eludir el intercambio de información y mantener el secretismo, traslado de residencia a lugares donde se pagan pocos impuestos…).

Resulta pertinente, por tanto, hablar de la contribución de las grandes fortunas al bienestar general. Recientemente, Olivier de Schutter, Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y de Derechos Humanos de la ONU, se mostró partidario de aplicar un impuesto del 2% a los multimillonarios, lo que, según sus cálculos, permitiría dar protección social a más de 820 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en los países más pobres. “Y los multimillonarios apenas lo notarían”, según el jurista belga, que participó en la conferencia Más allá del crecimiento celebrada en el Congreso de los Diputados español, donde también abogó por el decrecimiento como una solución para reducir la desigualdad.

Eso significa cambiar el paradigma tradicional de “hacer crecer la economía, gravar a las empresas y a los hogares y redistribuir la riqueza financiando los servicios públicos y la protección social”. El crecimiento, aseguró, tiene un coste enorme y se está volviendo contraproducente. Las desigualdades han aumentado dentro países y entre países, por lo que procede “una reducción planificada democráticamente de la producción y el consumo hacia un modelo más sostenible que permita a la sociedad decidir dónde invertirá, qué producirá y qué necesidades satisfará”. Eso no es una recesión, explicó, e implica una distribución más equitativa de la riqueza y contribuye a cerrar la brecha entre ricos y pobres.

La implantación del impuesto del 2% ya ha sido objeto de debate en el G-20 y en algunos países lo viven con intensidad, como Estados Unidos y Francia, donde el economista Gabriel Zucman ha propuesto aplicarlo a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros, lo que permitiría recaudar en torno a 67.000 millones. La propuesta llegó a la Asamblea Francesa, que lo rechazó el pasado 31 de octubre. Los socialistas plantearon un 3% para los que tuvieran más de 10 millones, con excepciones a empresarios emergentes y empresas familiares, pero también fracasaron. Las grandes fortunas francesas llegaron a protestar ante la Asamblea.

Ante ello, el planteamiento de un impuesto especial como respuesta normativa tiene toda la lógica, aunque requeriría un acuerdo global para el intercambio de información y facilitar la implantación y la creación de un registro. “Gravar a los multimillonarios no es una idea radical, sino el mínimo exigible”, manifestó el economista francés, que junto a Thomas Piketti y Enmanuel Sáez, ha demostrado que el descenso de tributación de los más ricos es una realidad constatable en países desarrollados. La mayor parte de la población de un país paga entre el 25% y el 50% de sus ingresos en impuestos mientras que los multimillonarios abonan entre el 20% y el 25%, según análisis estadísticos citados por la Fundación Elcano, que subraya que, en ausencia de políticas que hagan frente al déficit tributario de los multimillonarios, la riqueza de este grupo seguirá creciendo hasta el 20% del PIB mundial en 10 años.