Los ganaderos consiguen la primera sentencia favorable por el cártel de la leche contra Industrias Lácteas de Granada y Grupo Lactalis Iberia

El sector ganadero español ha conseguido una victoria judicial histórica en su lucha por la reparación de los daños causados por el cártel de la leche. El juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid ha dictado la primera sentencia favorable que reconoce la responsabilidad de las empresas implicadas en este acuerdo ilegal de precios entre los años 2000 y 2013, sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2019.

La resolución, fechada el 16 de octubre de 2025, condena a Industrias Lácteas de Granada y Grupo Lactalis Iberia por prácticas anticompetitivas que, según el tribunal, provocaron un perjuicio económico directo a los productores al reducir artificialmente los precios pagados por la leche cruda.

El fallo considera acreditado que las demandadas intercambiaron información sensible sobre precios, cuotas y ganaderos, afectando de manera directa a la libre competencia en el mercado de aprovisionamiento.

Aunque la resolución de la CNMCaún no es firme, el juez la toma como un "instrumento de convicción de gran autoridad", concluyendo que la infracción está suficientemente probada. Esta decicisón abre la puerta a que ganaderos de toda España, y especialmente de Andalucía, con el caso de Industrias Lácteas de Granada, puedan sumarse a las reclamaciones para recuperar las pérdidas sufridas durante los años en los que operó el cártel.

El juzgado también establece que las demandas no están prescritas, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo español, que determina que el plazo de prescripción no comienza hasta que la resolución sancionadora de la CNMC sea firme.

Un cártel que duró más de una década

En relación con la cuantificación del perjuicio, el tribunal acepta la metodología económica elaborada por Compass Lexecon, fijando una compensación equivalente al 9,4% del precio efectivamente percibido por la leche cruda durante los años afectados.

Además, la sentencia reconoce el pago de intereses compuestos hasta la fecha de la demanda y los intereses legales y procesales posteriores, conforme al criterio del Tribunal Supremo en el caso del Cártel de los Sobres, con el fin de asegurar una reparación íntegra del daño.

Desde Eskariam, la firma que lidera la reclamación en nombre de más de 7.000 productores en colaboración con el bufete internacional Hausfeld y bajo la dirección jurídica de Hitchings & González, destacan la trascendencia del fallo: "La sentencia representa un precedente histórico y un paso decisivo en la defensa de los derechos de los ganaderos españoles. Confirma la solidez de nuestras reclamaciones y valida el trabajo jurídico y económico realizado durante años para demostrar el perjuicio sufrido por miles de productores de leche de toda España", afirma Juan Álvarez, COO de Eskariam.

Pasos previos a esta primera victoria

Entre los años 2000 y 2013, se produjo un continuo intercambio de información sobre los precios de compra de leche cruda entre las principales industrias lácteas españolas. Con el objetivo de repartirse el mercado, las empresas intercambiaban datos sobre los ganaderos para controlar sus movimientos e impedir que pudieran cambiar libremente de industria.

El 8 de marzo de 2011, la extinta Dirección de Investigación de la CNMC recibió un informe del Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, titulado Estudio sobre el Sector de Leche Cruda en Castilla y León. En él, se detallaba el funcionamiento del mercado y se señalaban posibles conductas ilícitas relativas a la recogida de leche cruda y la fijación de precios, basadas en encuestas y documentación de productores. A raíz de ese informe, y tras una denuncia de Unions Agrarias, la CNMC abrió una investigación formal.

El 26 de febrero de 2015, la CNMC impuso las primeras sanciones por 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones, al considerar probada una infracción de las leyes de defensa de la competencia españolas y europeas. Aquella resolución fue anulada por un defecto de forma, pero el 11 de julio de 2019 la CNMC dictó una segunda y definitiva sanción, confirmando la existencia de una conducta ilícita sostenida durante más de una década. En total, ocho compañías y dos asociaciones fueron sancionadas con 80,6 millones de euros por coordinar estrategias comerciales que perjudicaron a los ganaderos e impidieron que fijaran libremente los precios de su leche.