Consumo propone sancionar con 3,6 millones a Alquiler Seguro por "vulnerar los derechos de los consumidores"
Facua ya denunció a la empresa por cobros irregulares a inquilinos y otras deficiencias
Consumo abre un segundo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria por cobros de comisiones ilegales
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha trasladado una propuesta de sanción de 3,6 millones de euros contra Alquiler Seguro por "vulnerar los derechos de los consumidores", un expediente generado tras las denuncias de organizaciones de consumidores como Facua.
El ministro del ramo, Pablo Bustinduy ha indicado este lunes que, aunque los recursos son "limitados", van a destinarlos todos a asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley en el mercado de la vivienda, ya que ha sostenido que, en los últimos años, se ha impuesto la "ley de la selva".
Bustinduy ha subrayado también que los inquilinos están en una situación de indefensión, en la que buscar un piso se ha convertido en una competición, se producen abusos y se "violenta" el derecho constitucional a una vivienda digna.
Fase de valoración
Consumo inició en marzo de este año un procedimiento sancionar contra Alquiler Seguro, después de que Facua denunciara a la empresa por sus cobros irregulares a inquilinos y otras deficiencias, una propuesta que pasa ahora a la fase de valoración y que se resolverá "en los próximos meses" una vez que las partes presenten sus posibles alegaciones, ha recordado Facua en una nota.
En la resolución, que Consumo ha comunicado a Facua tal y como establece la ley al estar personada como parte en el procedimiento, se desgranan las numerosas irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios, como la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los mismos de gastos que debe pagar el propietario.
Del mismo modo, se les obliga a contratar un seguro del hogar, algo que también debe pagar el arrendador, y un estudio de solvencia económica, se limita el derecho de desistimiento del contrato y se impone a los inquilinos el pago de todos los gastos derivados de posibles reclamanciones judiciales o extrajudiciales.
Propuestas del Ministerio
El ministro Bustinduy ha defendido que se congelen los precios del alquiler y que se prorroguen tres años los contratos ya existentes, ya que, según ha recordado, en los próximos meses hay 300.000 contratos que van a llegar a su fin y eso implica que hay muchas familias que viven con la angustia de que cuando vayan a renegociar el alquiler se lo puedan subir un 30% o un 40%.
Además, ha apostado por otras medidas que van contra la acaparición y acumulación de viviendas aplicando medidas fiscales "muy gravosas" a quienes posean cuatro casas o más y también la prohibición de la compra especulativa de una vivienda en una zona tensionada.
El Ministerio de Consumo tiene varios expedientes y varias investigaciones contra plataformas de pisos turísticos que han forzado a Airbnb a retirar 65.000 anuncios. Después de estas decisiones, Booking también ha decidido retirar 4.000 pisos.
También están abiertas indagaciones sobre empresas gestoras de pisos turísticos e inmobiliarias por, presuntamente, violentar los derechos de los inquilinos.
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