Consumo abre un segundo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria por cobros de comisiones ilegales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un segundo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por posibles cobros de comisiones ilegales a inquilinos y por la sospecha de que habría obligado a contratar servicios no solicitados.

En un comunicado de prensa, el departamento que dirige Pablo Bustinduy informa de este nuevo expediente, que se enmarca en la investigación abierta el pasado mes de octubre y que derivó en un primer expediente sancionador en marzo a una agencia inmobiliaria por las mismas prácticas abusivas.

La investigación que ha derivado en los expedientes sancionadores sigue en marcha con otras empresas, y se puso en marcha tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU y de asociaciones de consumidores como Facua y OCU, que alertaron de que se estaban cometiendo infracciones como obligar a los inquilinos a pagar una comisión, contratar un seguro u otros servicios no solicitados.

De hecho, el pasado 27 de marzo, Facua aseguró en un comunicado de prensa que Alquiler Seguro había sido objeto del expediente sancionador abierto por Consumo a raíz de la denuncia que esta asociación interpuso en noviembre de 2023 porque la agencia obligaba a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario".

En el comunicado de prensa del Ministerio de Bustinduy para informar del segundo expediente sancionador, gestionado a través de la Dirección General de Consumo, se recuerda que la ley prohíbe expresamente que los inquilinos paguen gastos no solicitados, y establece sanciones con multas que pueden ser graves -de hasta 100.000 euros- o muy graves -hasta un millón de euros-.

Estas acciones se suman a los expedientes abiertos a gestoras de pisos de alquiler, con el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales en la plataforma Airbnb, según recuerda el comunicado de prensa.

"La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley. Por tanto, todas las iniciativas anteriormente mencionadas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo", resume el comunicado de prensa.