La AIReF reclama que el marco fiscal español debe reformarse para responder a las exigencias europeas

El segundo día del foro OEA/Cesur Avanzando en la incertidumbre dedicó uno de sus focos a las implicaciones del nuevo marco fiscal europeo para las administraciones españolas. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), analizó en profundidad los retos que afrontan las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en una sesión presentada por Joaquina Laffarga, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla.

Herrero situó el debate en el nuevo escenario comunitario. Recordó que la gobernanza fiscal de la UE reformada en 2024 supone un giro de gran calado, diseñado para garantizar la sostenibilidad sin frenar el crecimiento. Este sistema introduce tres grandes novedades: una estrategia fiscal individualizada por país, con España solicitando un horizonte de ajuste a siete años; el gasto primario neto como única variable de control, lo que aporta transparencia y mayor capacidad de gestión; y los planes fiscales y estructurales de medio plazo, que integran compromisos, inversiones y reformas y se convierten en la pieza central de la supervisión europea.

Este nuevo marco obliga a España a adaptar su propio sistema. La presidenta de la AIReF sostuvo que el marco fiscal nacional necesita una revisión profunda, ya que arrastra problemas de diseño e implementación y no está preparado para absorber plenamente los principios comunitarios de apropiación, diferenciación y visión de medio plazo. Recordó que España se ha comprometido ante Bruselas a una senda de gasto para los próximos cuatro años con el objetivo de garantizar una reducción gradual y creíble de la deuda.

La clave ahora, apuntó, es cómo trasladar esos compromisos a cada administración. Para ello, la propuesta de objetivos de estabilidad y deuda debe ser coherente tanto con la regla de gasto nacional como con la europea. La consistencia se logra, explicó, tomando como referencia la regla de gasto nacional y verificando que contribuye al cumplimiento del marco comunitario. De la misma forma, la traslación del nuevo modelo exige que las administraciones territoriales elaboren sus propios planes fiscales y estructurales de medio plazo, avanzando hacia una verdadera apropiación del sistema.

Herrero subrayó que el actual sistema de reparto de reglas fiscales “no tiene en cuenta la situación de partida de cada administración”. Por ello, defendió la necesidad de implantar reglas claras, explícitas y factibles, adaptadas a la posición fiscal de cada territorio. En el caso de las corporaciones locales, reclamó además una diferenciación específica en su contribución a los compromisos nacionales. Para las entidades con problemas de sostenibilidad, afirmó, es imprescindible superar las limitaciones de los actuales planes de ajuste -con revisiones anuales insuficientes- y pasar a planes de viabilidad sólidos y consensuados.

En este contexto de crecientes presiones de gasto, la presidenta de la AIReF insistió en que la evaluación de políticas públicas será determinante. Puso como ejemplo el estudio en curso sobre el sistema universitario andaluz, encargado para analizar su eficiencia y orientar mejor la asignación de recursos.

Herrero detalló también las previsiones macrofiscales de la institución. La AIReF estima que el déficit de las Administraciones Públicas se mantendrá por debajo del umbral del 3% del PIB en los próximos años, aunque el envejecimiento demográfico ampliará el gasto a partir de 2027. La deuda se redujo hasta el entorno del 95% del PIB en 2023, pero, sin medidas adicionales, las presiones estructurales llevarían en 2050 a un déficit del 7% y a una deuda del 129% del PIB.

En cuanto a las comunidades autónomas, la AIReF prevé una estabilización del saldo alrededor del equilibrio en el medio plazo, aunque anticipa un incumplimiento de la regla de gasto nacional. La propuesta de objetivos para los próximos tres años contempla un saldo del -0,1%, compatible con tasas de gasto superiores a las anteriores. En el caso de las corporaciones locales, se proyecta un superávit en torno al 0,3% del PIB, acompañado también de incumplimientos de la regla de gasto en 2025 y 2026.

No obstante, Herrero advirtió que estas perspectivas no son homogéneas. Andalucía, por ejemplo, alcanzaría un nivel de deuda del 19%, y presenta una fuerte dependencia de mecanismos extraordinarios de financiación -un 55,7%-. En el ámbito local, aunque el subsector en su conjunto está saneado, en Andalucía persisten problemas de sostenibilidad en municipios como Jaén, Barbate o Jerez de la Frontera.

Su intervención dejó un mensaje de fondo: el nuevo marco fiscal europeo es una oportunidad para ordenar y modernizar el sistema, pero exige claridad, responsabilidad y una visión estable y coordinada entre todas las administraciones. España, dijo, está a tiempo de hacerlo, pero tendrá que actuar con rigor para no perder el paso.