La Junta de Andalucía inicia la expropiación de los terrenos por donde discurrirá el tubo del vertido de la mina de Aznalcóllar al Guadalquivir

La Junta de Andalucía, a través de las delegación de Economía y de Industria, ha iniciado ya el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de los terrenos por donde pasará el tubo de 30 kilómetros que verterá agua al río Guadalquivir desde mina de Aznalcóllar. La infraestructura partirá desde esta instalación y discurrirá por siete términos municipales hasta desembocar en la arqueta de descarga situada a la altura del término municipal de Santiponce, muy cerca del estadio de La Cartuja.

Las expropiaciones afectan a 249 fincas de los municipios de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Valencina de la Concepción, Olivares, Salteras y Santiponce, según consta en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes. La Junta ha abierto un plazo de 15 días hábiles para que los “titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas puedan formular por escrito ante esta administración las alegaciones que consideren oportunas”.

Fuentes de Minera los Frailes, adjudicataria de la explotación, han señalado que la tubería pasa por una antigua vía de ferrocarril actualmente inoperativa, por lo que la parte afectada por las expropiaciones carece de valor para los propietarios. Creen, por tanto, que no debe haber trabas para que las expropiaciones se lleven a cabo. Las medidas de simplificación administrativa aprobadas por la Junta de Andalucía por decreto ley en 2021 recogen, además, que la aprobación de un proyecto de este tipo implica su declaración de utilidad pública y, por tanto, “la necesidad de ocupación de los terrenos y derechos afectados” y su tramitación urgente.

La Junta ha convocado a los afectados en los primeros días de noviembre para levantar las actas previas a la ocupación, en el que se reflejará el pago por el terreno, e insiste en que las únicas alegaciones posibles son las de corregir errores en la descripción de los “inmuebles afectados, así como examinar el expediente en el que figuran las características de las parcelas y detalle de los bienes objeto de expropiación, con sus derechos y accesorios”.

Minera los Frailes, por otro lado, ya se ha puesto en contacto por los municipios por donde pasa la tubería para el inicio de los trámites de la licencia de construcción en cuanto las expropiaciones se lleven a efecto.

Un largo proceso no exento de polémica

La adjudicación de la mina de Aznalcóllar a finales del pasado mayo es el fin de un largo proceso que ha durado 12 años (desde que el Parlamento andaluz aprobara su reapertura) y que no ha estado exento de polémica. Organizaciones ecologistas y una parte de la comunidad científica creen que llevar agua depurada directamente al estuario del Guadalquivir puede favorecer la sedimentación de materiales contaminantes para el medio ambiente. La empresa, con el apoyo de la Junta de Andalucía, afirma por su parte que las partículas que se verterán al Guadalquivir se “homogeneizarán” con el entorno, al funcionar la marea como una batidora.

Tanto la Autorización Ambiental Unificada como la propia adjudicación están recurridas en los tribunales de Justicia.

El inicio de las obras de la depuradora, en septiembre

El inicio de las obras de la mina, por otro lado, se prevé para septiembre (la firma habla de “semanas”), y no para el inicio del verano, como se había calculado. Minera Los Frailes afirma que, tras la preadjudicación, se ha tenido que “cerrar” el acuerdo y firmar el contrato con Aqualia Industrial para la construcción de una estación de tratamiento de agua. Y que también se está pendiente de la licencia de obras del Ayuntamiento para esta infraestructura, aunque esto se considera un mero trámite.

La inversión inicial prevista para la depuradora será de 50 millones. En la primera mitad de 2026 se destinarán 150 millones para la planta de proceso, las labores subterráneas y otras infraestructuras asociadas al inicio de las operaciones. El objetivo es completar el 100% de la inversión (valorada, en total, en 450 millones) en 2027, para procesar en 2028 las primeras toneladas de mineral. El proyecto generará 1.200 empleos directos e indirectos y 800 inducidos. El 20% de la inversión (42 millones de euros) se destinarán a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera.