Bruselas alerta de que España aumentará el gasto público más de lo comprometido en 2026

La Comisión Europea situó este martes a España entre los países que corren riesgo de incumplir la nueva disciplina fiscal comunitaria debido a que el crecimiento del gasto público neto previsto para 2026 superará el techo del 3,5% establecido en la senda de ajuste acordada con Bruselas. Aun así, el desvío estimado no superará los márgenes permitidos, el 0,3% del PIB anual y el 0,6% acumulado en el periodo 2025-2026, por lo que el Ejecutivo comunitario no considera que España esté vulnerando todavía el plan comprometido.

Como al resto de Estados en la misma situación, Bruselas insta a España a adoptar medidas adicionales en su procedimiento presupuestario nacional para asegurar que la política fiscal del próximo año se alinea con las recomendaciones. La evaluación se ha realizado sin un borrador presupuestario español para 2026, que aún no ha sido presentado, y se basa en las previsiones macroeconómicas publicadas la semana pasada.

El análisis forma parte del paquete económico de otoño, en el que la Comisión insiste en que la UE debe construir una Europa más competitiva en un contexto internacional cada vez más incierto. El pronóstico económico europeo confirma que la Unión necesita un crecimiento más fuerte, sostenible y autónomo, y que ese impulso debe venir desde dentro. Por ello, mejorar la competitividad, productividad e innovación sigue siendo la máxima prioridad para liberar el potencial económico europeo y asegurar la prosperidad futura.

Bruselas recuerda que la Brújula de Competitividad actúa como la hoja de ruta para avanzar en este objetivo, mientras que el Semestre Europeo permite coordinar reformas nacionales coherentes con estas líneas estratégicas. Las recomendaciones a los Estados miembros incluyen medidas para desbloquear cuellos de botella en la industria de defensa, garantizar un uso más eficaz de los fondos públicos, simplificar el entorno empresarial, culminar el mercado único y priorizar inversiones en investigación y desarrollo. También reclaman promover políticas activas de educación y formación que fortalezcan el mercado laboral, aumentar la participación de la población activa y avanzar en proyectos como el euro digital para reforzar el papel internacional de la UE.

En el ámbito fiscal, la Comisión subraya que la aplicación del nuevo marco ha comenzado con buen pie, pero advierte de la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto y los ingresos públicos en un contexto de crecientes presiones sobre la sostenibilidad financiera. Tras años de descenso, tanto el déficit como la ratio deuda/PIB de la eurozona repuntaron en 2025, lo que exige mantener la vigilancia.

Entre los 17 países de la eurozona evaluados por haber presentado sus borradores presupuestarios, Países Bajos y Malta incumplen ya la senda fiscal, mientras que Croacia, Lituania y Eslovenia -como España- presentan riesgo de desviación. Otros doce Estados, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Portugal o Finlandia, se ajustan a lo recomendado. Bélgica y Austria, que al igual que España no han remitido aún sus planes, cumplirán con sus trayectorias según las previsiones. En el resto de la UE, Hungría y Bulgaria están en riesgo de incumplimiento, mientras que República Checa, Dinamarca, Suecia, Polonia y Rumanía mantienen la senda adecuada.

Bruselas volverá a evaluar la situación en junio, con los datos definitivos de 2025, y revisará además la implementación de las reformas e inversiones comprometidas por los países, incluida España, que solicitaron ampliar de cuatro a siete años el periodo de ajuste fiscal.

A pesar de las incertidumbres fiscales, la Comisión publicó también el último informe de supervisión vinculado al rescate bancario de 2012, que confirma que España mantiene plena capacidad para devolver la deuda pendiente gracias a una fuerte expansión económica y un sólido crecimiento de los ingresos. Con más del 71% de los 41.333 millones reembolsados, el país quedará fuera de la vigilancia comunitaria a finales de este año, convirtiéndose en el primer Estado miembro en concluir este proceso de seguimiento