Rosa Santos, CEOE: "El aumento de las bajas es un problema de país"

La directora del departamento de Empleo, Protección Social y Diversidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Rosa Santos, ha protagonizado este martes en Córdoba un encuentro con un amplio grupo de empresarios para transmitir las últimas novedades en los múltiples frentes abiertos con los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social. Santos es una de las personas que se sienta en esa negociaciones con las que el Gobierno plantea modificar la jornada laboral, el salario mínimo, los permisos retribuidos o la gestión de las bajas de los trabajadores. Un rango muy amplio de cambios que en algún caso, advierte la CEOE, puede acabar en los tribunales.

Pregunta.Hace unos días la vicepresidenta Yolanda Díaz hacía un llamamiento a cerrar el acuerdo para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Han tenido algún contacto?

Respuesta.Llevamos un año prácticamente con una mesa dedicada a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos, pero no hemos tenido un texto global de la norma, una propuesta del Gobierno de toda la ley, hasta el mes de septiembre. Entonces, en la práctica la negociación empezaría ahora. Otra cuestión distinta es si la actualización podrá hacerse ahora, porque no vale solo el acuerdo de los interlocutores sociales. En caso de que lo hubiera, que de momento con los mimbres que hay en la mesa no lo vemos, luego la fragmentación del Parlamento también tiene mucho que decir para modificar una ley.

P.También se intentó abrir una negociación sobre la reforma del despido, pero la CEOE no se sentó a esa mesa. ¿Por qué no presentar siquiera una propuesta por parte de los empresarios?

R.Tuvimos una primera y única reunión a la que el Gobierno no trajo ninguna propuesta. Si son el Gobierno y los sindicatos quienes consideran que se tiene que reformar esa institución, a ellos les correspondería hacer una propuesta. ¿Por qué nosotros hemos decidido no volver a esta mesa? Porque hicimos una reforma laboral donde tan importante era lo acordado como lo apartado, y se apartó el despido, por lo tanto formaba parte del acuerdo, esto por un lado. Y por otro lado, hay una sentencia recientísima del Tribunal Supremo que dice claramente que las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son vinculantes ni para los tribunales ni para los Estados, y que la norma española cumple perfectamente con las exigencias de la Carta Social Europea. Por lo tanto, ¿nosotros qué vamos a negociar llevándole la contraria al Tribunal Supremo? Pues nada.

Se está produciendo una instrumentalización del diálogo social por parte del Ministerio de Trabajo a la que nosotros no nos vamos a prestar"

P.Sí que están negociando reformas sobre las incapacidades temporales que tanto preocupan al empresariado. ¿En qué punto se encuentra esa negociación?

R.Efectivamente, el incremento de las ITs por contingencias comunes preocupa mucho en el mundo empresarial y debería preocupar mucho en el mundo sindical. De hecho, es un problema de país en este momento, porque afecta primero a la salud de los trabajadores, y segundo, afecta lógicamente a las arcas del Estado. En el año 2024 la factura por ITs por contingencias comunes ascendió a 29.000 millones de euros. La mitad los paga el INSS, la otra mitad los pagamos las empresas. A raíz del Covid se ha ido incrementando el porcentaje de bajas por contingencias comunes de una manera exponencial, va creciendo año a año. Hasta 1.600.000 personas no van a trabajar a diario y esto representaría que la sociedad española está ciertamente enferma. Nosotros creemos que el principal problema está en el déficit de recursos sanitarios, tanto en Atención Primaria y especialidades como en el INSS. Luego hay que mejorar la gestión de las bajas. Queremos que se incrementen las competencias de las mutuas para poder dar asistencia sanitaria e incluso las altas. El 7% de los trabajadores tienen el 50% de las bajas; ahí hay un problema que el INSS debe controlar. Es cierto que vemos un cambio de actitud muy importante en el ministerio en este sentido.

P.Han alertado también sobre las bajas por problemas de salud mental. ¿Tan alto es su número en las empresas?

R.En esta última etapa, las bajas por razones de salud mental en contingencias comunes se han incrementado un 90%. Pero además, se ha invertido la curva, ahora son los menores de 35 años los que más bajas cogen y la causa que más ha crecido es la salud mental. En 2018 los jóvenes menores de 35 años perdían un millón y medio de días por razones de salud mental. En este momento se pierden 9 millones y medio de días en ese mismo colectivo. Y los propios médicos de Atención Primaria ya te dicen que tienen una verdadera dificultad para poder medir esa patología, a lo que se añade un problema de falta de profesionales sanitarios, psicólogos y psiquiatras.

P.La reducción de jornada y la modificación del salario mínimo interprofesional han generado una gran polémica entre el Gobierno y la patronal. ¿Puede abrirse algo la vía de negociación?

R.A la reducción de jornada por vía legal, CEOE lo que dio es un rotundo no. No porque estemos en contra, sino porque creemos que se debe hacer a través de la negociación colectiva. Ahora una parte que iba en aquella norma la quieren llevar a un real decreto, el registro de la jornada, que ya está perfectamente regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que hacen en esta propuesta, que no tiene rango de ley, es incorporar un montón de elementos burocráticos más que van a hacer imposible el cumplimiento de la norma. Si tenemos que llegar a recurrir el real decreto, lo recurriremos, porque creemos que hay una infracción del principio de jerarquía normativa y del principio de legalidad.

P.¿Y en cuanto al salario mínimo?

R.En el SMI, lo que se nos propone en el texto que ha traído el Gobierno a la mesa son varias cuestiones que también irían en contra del principio de jerarquía normativa. Por ejemplo, quiere que el comité de expertos elabore un informe previo a la consulta a los interlocutores sociales y sitúe el SMI siempre en el 60% del salario medio y eso no está en la norma, ni siquiera está en la Carta Social Europea. Hay un elemento que es gravísimo, que los complementos salariales no se van a poder compensar y absorber. ¿Esto qué produce? Que a cada trabajador le resultará un salario mínimo distinto y se produzca un incremento exponencial del SMI. Y que el Gobierno va a ser quien fije los salarios, cosa que le gusta hacer a este ministerio (Trabajo). En el fondo, hay una hoja de ruta que tiene que ver con erosionar el modelo constitucional de relaciones laborales, que está basado en la negociación colectiva, y torpedearlo; de hecho, el efecto que (la ministra) ha conseguido con todos estos anuncios que hace continuamente es el de paralizar la negociación colectiva.

P.También recurrirán esa propuesta en los tribunales.

R.Por supuesto, esa propuesta está completamente fuera de la ley.

Debíamos haber abordado la renovación de la ley de formación en el empleo. Hay un riesgo muy grave de dejar a mucha gente en el camino si no se hace esa formación de manera adecuada"

P.En ese contexto de confrontación, ¿el diálogo social está a punto de romperse?

R.El diálogo social es una institución democrática de primer nivel, no solo en España, sino en el mundo. Lo cierto es que el Ministerio de Trabajo está instrumentalizando en este momento el diálogo social y espigándolo, y nosotros no nos vamos a prestar. ¿Por qué digo esto? Pues teniendo abiertas varias mesas, en un desayuno de trabajo, la vicepresidenta anuncia un montón de permisos y licencias que tienen un impacto directo sobre la jornada efectiva, que ahora mismo está en 30,9 horas. Esta utilización que está haciendo del diálogo social para las cuestiones que pueden ser más mediáticas lo está erosionando muchísimo, por no hablar de la multitud de cambios que se han hecho después de la reforma laboral.

P.Sobre esa propuesta de ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar, ¿qué cifras le parecen razonables a la CEOE?

R.Nosotros no vamos a entrar a cuestionar el fondo del tema, porque, evidentemente, ante el fallecimiento de un hijo no hay días suficientes para poder hacer frente a una situación tan dramática como esa. La cuestión es que, como digo, al margen del diálogo social, se plantean unos permisos que no habían sido solicitados ni siquiera por los sindicatos. Al extenderse tanto el grado de consanguinidad, hacer una propuesta relacionada con la discontinuidad en el disfrute, etc., se está trasladando a las empresas lo que debería ser una política pública de cuidado a la familia. Solamente el permiso de los 10 días oscilaría entre los 700 y los 1.000 millones de euros de coste para las empresas. Es algo que debería estudiarse en negociación colectiva.

P.Después de tantos años de consenso sobre el problema de productividad que tiene España, ¿por qué no llega esa mejora?

R.Tenemos dos problemas gravísimos que se conectan perfectamente con lo que hemos estado hablando. Uno, pues 1.600.000 personas que no van a trabajar diariamente. Segundo problema, estamos en un momento de transiciones muy importantes. La ecológica, la digital, con un reto demográfico importantísimo. La formación a lo largo de la vida es clave. Y en este aspecto, que también corresponde al Ministerio de Trabajo, pero que debe tener un poco de rédito electoral porque no se está ocupando de él, debíamos haber abordado la renovación de la ley de formación en el empleo. De hecho, hay un riesgo muy grave de poder dejar a mucha gente en el camino si no se hace esa formación de manera adecuada.