La industria y la sociedad civil alertan sobre el riesgo de frenar el desarrollo de redes eléctricas

La industria española y numerosas organizaciones sociales han expresado su profunda preocupación ante la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el nuevo marco de inversión en redes eléctricas.

Según un comunicado suscrito por unas 50 entidades, esta iniciativa limitaría el desarrollo de infraestructuras esenciales, comprometiendo proyectos estratégicos en sectores industriales, transporte y vivienda.

Una situación crítica para la red eléctrica

El documento advierte que la mayoría de las solicitudes de conexión a la red están siendo rechazadas, lo que afecta directamente a la electrificación del transporte, la movilidad sostenible y la construcción de nuevas viviendas.

“Sin redes eléctricas adecuadas no habrá transición energética ni generación de empleo industrial de calidad”, señalan los firmantes.

Este escenario se produce en un momento decisivo, marcado por dos factores.

Por un lado, el incremento de inversiones anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica; por otro, la fijación por parte de la CNMC de las reglas que regirán los próximos seis años, determinantes para que las distribuidoras puedan ejecutar dichas inversiones.

Dos medidas que generan alarma

La propuesta del regulador introduce dos cambios que han encendido las alarmas. La primera de ellas es la fijación, por primera vez, de un límite máximo de inversión para conectar clientes, lo que dejaría fuera del sistema a aquellos cuya conexión resulte más costosa.

La segunda sobre la que alertan estos colectivos es una reducción del 37% en los costes de mantenimiento reconocidos, que podría deteriorar la calidad del servicio y comprometer la fiabilidad del suministro eléctrico.

Estas restricciones, advierten las asociaciones, no solo frenan la ejecución de proyectos industriales y logísticos, sino que también impactan en el desarrollo inmobiliario y en la electrificación del transporte, elementos esenciales para cumplir los objetivos climáticos y económicos.

Las entidades firmantes instan al regulador a “estar a la altura del momento crítico”, garantizando la operación segura y fiable de las redes, evitando recortes que comprometan la continuidad del suministro; la atención a todas las solicitudes de conexión y la ejecución de las inversiones previstas en la planificación nacional; la valoración del impacto económico y social de estas decisiones; la protección de la competitividad frente a países vecinos.

El papel de Andalucía en esta reivindicación

Entre las asociaciones que respaldan este llamamiento destacan varias entidades andaluzas, como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR) y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

Estas organizaciones subrayan que Andalucía, con su potencial en energías renovables y su papel estratégico en la industria agroalimentaria y logística, necesita infraestructuras eléctricas robustas para atraer inversiones y consolidar proyectos que generen empleo y desarrollo sostenible.

El comunicado concluye con una advertencia clara: “La industria está preparada para liderar el cambio hacia un modelo energético sostenible, pero necesitamos que las redes eléctricas estén a la altura del reto”.