Las peticiones de acceso a la red eléctrica desde 2023 triplican el consumo actual de Andalucía

La saturación de la red en la comunidad hace que se rechacen la mitad de las solicitudes, que van desde proyectos industriales a centros de datos y desarrollos urbanísticos; el sector pide que se aceleren las inversiones para desatascar el problema y no limitar el desarrollo económico

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Subestación eléctrica de Carmona, en Sevilla
Subestación eléctrica de Carmona, en Sevilla

El mapa de capacidad disponible de demanda que e-distribución, filial de redes de Endesa, publicó la semana pasada demuestra que el sistema eléctrico está teniendo muchas dificultades para acoger las peticiones de nuevos proyectos para acceder a la red. El 93% de los más de 800 nodos que hay en Andalucía están saturado -no tienen capacidad para recepcionar más solicitudes- y más o menos el 90% de la demanda está ya cubierta, ya sea por el consumo actual (siete gigavatios fue el pico de 2024), ya sea por lo que ya está reservado para nuevos proyectos, algo más de cuatro gigavatios.

La saturación es para los proyectos de más de cinco megavatios: el pequeño consumidor tiene asegurado el suministro

Eso pone al sistema en tensión, pero hay que recordar cuando se habla de saturación no se hace en ningún caso al pequeño consumo, cuya cobertura está completamente asegurada. Son las iniciativas de cinco megavatios o más las que se pueden ver afectadas.

Lo primero que procede es preguntarse es por qué se ha llegado a esta situación. La operadora en la comunidad, e-distribución, registraba hasta 2022 un crecimiento de peticiones acorde con lo que se denomina "incremento vegetativo de la demanda”, que es lo que se prevé que avance año a año el consumo. Pero en 2023, 2024 y lo que va de 2025 se produce un salto exponencial. De solicitudes en 2022 equivalente a 2,5 gigavatios se pasa a 6 gigavatios en 2023, 14 en 2024 y 25 a mediados de 2025 en términos acumulados. Se han pedido, pues 22,5 gigavatios en los últimos dos años y medio, una cifra espectacular que equivale a tres veces el consumo andaluz (de siete gigavatios, recordemos).

Los cuatro gigavatios nuevos que sí han entrado en el sistema, por otro lado, representan un tercio de la capacidad disponible firme de demanda (casi 12 gigavatios), que se refiere al pico de consumo actual más lo que está ya comprometido para el futuro.

Visto de otra manera, el consumo (todavía potencial) de los nuevos proyectos en los últimos dos años (los mencionados 4 gigavatios) equivale a más de la mitad de la demanda actual de toda Andalucía (7 gigavatios).

Las inversión en redes, la principal clave para liberar la demanda

Esto se produce por dos razones, según explican fuentes del sector. Por un lado, cada vez hay más iniciativas de proyectos industriales (algunos con gran demanda de electricidad, como las gigafactorías), de centros de datos, de polos de hidrógeno verde (últimamente en menor medida) o de almacenamiento de baterías, por no mencionar los nuevos desarrollos urbanísticos.

Por otro, hay un cierto componente especulativo. Un mismo proyecto puede reservar capacidad de demanda en varios nodos, con el objetivo de tener asegurado el suministro, aunque luego solo vaya a usar uno (o incluso ninguno, si no sale finalmente adelante). Eso ha copado el sistema de capacidad que seguramente al final no se vaya a usar. Ya se ha regulado para evitar esta barra libre y se exige un aval cuando se solicita la reserva de un nodo. Además, si no se cumplen determinados hitos (como la declaración de impacto ambiental, por ejemplo), la reserva queda liberada.

Estas medidas vienen bien para liberar algo la capacidad, pero no solucionan el problema. La causa principal de que el sistema se esté saturando es que se acumulan las iniciativas que exigen electrificación. En el sector ya se da casi por hecho que el mes que viene, cuando por ley se publique de nuevo el mapa de capacidad disponible, habrá un cero en todos los nodos. El sistema estará completamente saturado, debido a que la publicación del mapa en estos días -algo que se hace para dar una mayor transparencia al sistema- hará (ya está pasando) que las peticiones aceleren aún más el ritmo para llegar a las plazas que aún tienen disponibilidad.

Los proyectos se aceptan según la orden de solicitud, siempre que cumpla criterios estrictamente técnicos

En los dos últimos años e-distribución ha rechazado más o menos el 50% de las solicitudes en este sentido. Es decir, no obtienen reserva de capacidad más o menos los mismos proyectos que sí lo consiguen. Y aquí no hay criterios más allá de los estrictamente técnicos. “El primero que llega es el que se lo lleva”, afirman las fuentes consultadas, lo que significa que un centro de datos -con una inversión millonaria, pero con poco empleo generado- puede salir adelante antes que una industria de transformación que sí cree cientos de puestos de trabajo.

Ahora la pregunta es cómo hacer que el sistema tenga más disponibilidad, para que quepan todos (o al menos una gran parte). Y hay dos fórmulas, no más. Una es la liberación de capacidad disponible y eso solo puede pasar si los proyectos decaen o renuncian. Eso es más factible que pase en el corto plazo, aunque habrá que ver el balance entre nuevas peticiones y decaimientos.

Endesa tiene preparados 1.500 millones para Andalucía, pero hay problemas para ejecutarlos

La otra es una mayor inversión en redes, que es algo más lento pero que es la verdadera solución al problema. Una simple liberación de la capacidad solo sería un parche.

El Ministerio de Transición Ecológica dio una buena señal al anunciar el viernes una inversión de 13.500 millones de euros hasta 2030 en redes, en este caso en redes de transporte de alta tensión. Pero, para que ese gasto llegue al consumidor final, hace falta también apostar por la media y baja tensión, y aquí la competencia es de las distribuidoras.

Endesa tiene un plan para aumentar su inversión un 45% en Andalucía en los próximos tres años, lo que supone 1.500 millones de euros en Andalucía. Pero hay dos problemas: por ley, el gasto en infraestructuras de redes eléctricas está limitado al 0,13% del PIB, un tope que estaba pensado para un crecimiento “vegetativo” de la demanda, es decir, sin tener en cuenta el 'boom' de proyectos que requieren electrificación. Y, además, la retribución que plantea el Gobierno a las eléctricas para sus inversiones es del 6,36%, algo considerado insuficiente por el sector, que reclama un nivel del 7,5%, similar al de los países del entorno. Si no es así, dice, las inversiones decaerán o se trasladarán a otros países por una simple cuestión de rentabilidad.

Pero casi más importante que la inversión es la rapidez con la que se acometa. En la red de transporte (alta tensión) se tarda de media siete años entre que se anuncia un proyecto de infraestructura y se materializa. Si la demanda sigue creciendo como desde 2023 no habrá más remedio que agilizarlos. “Si el industrial ve que va a tardar ocho años en que su proyecto pueda tener viabilidad, se va a ir a otro sitio”, se afirma desde el sector.

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