Andalucía y la competencia fiscal

Andalucía se ve inmersa en la polémica provocada por Illa con su acusación de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid, a la que no han tardado en sumarse otros ministros, incluida la inefable vicepresidenta segunda del Gobierno, que no deja pasar una oportunidad de demostrar sus limitaciones. Lo más abyecto del caso es que todos los que perciben un grave atentado a la igualdad, ignoran las implicaciones sobre esa misma cuestión de la financiación singular a Cataluña.

La reacción de Ayuso ha estado en su línea habitual de apagar el fuego con gasolina, incluyendo la perla habitual sobre el virtuosismo fiscal de los madrileños, que, ignorando el privilegio de su condición de capital del reino, financian la mayor parte de los servicios públicos al resto de los españoles. Y en medio de este fuego cruzado, Andalucía recibiendo por todas partes, tanto como beneficiarios de la solidaridad madrileña, como cómplices del “delito”, porque aquí también se bajan impuestos.

Existe un discurso hipócrita sobre la perspectiva territorial de la desigualdad que coincide con el abandono del objetivo de corrección de los desequilibrios territoriales. La nueva sensibilidad catalana ha convencido al Gobierno de que los incentivos fiscales en las regiones desfavorecidas, una herramienta característica de la política regional en el pasado, es competencia desleal, pero ignora la capacidad de las mejor financiadas para atraer inversiones mediante ayudas y subvenciones, aprovechando el diferencial de productividad.

El estado de las autonomías establece un marco de competencia entre las comunidades, en el que cada una puede fijar sus preferencias y objetivos y utilizar los instrumentos que las leyes permiten para conseguirlos. Los argumentos competitivos son diversos, pero los más importantes son las infraestructuras, las instituciones propias, la tecnología, los salarios y la fiscalidad y en todos ellos destacan dos características. La primera, que todos tienen un marcado reflejo en la productividad. La segunda, que Andalucía no dispone de ventajas de partida en ninguno de ellos.

Podría tenerla en materia de salarios, pero la centralización de la negociación colectiva y la no discriminación territorial en otras medidas, como el salario mínimo, lo impide. Solo le queda la carta de la competencia fiscal, aunque el margen es estrecho y algunos juegan con cartas marcadas, pero debemos confiar en desenmascarar a tiempo a los tramposos.