Democracia y bienestar

Con una nueva prórroga presupuestaria y el Gobierno decidido a gobernar para el pueblo (mejorar la vida de la gente, según dice la nueva ministra Portavoz) sin pasar por las Cortes, es decir, sin contar con sus representantes en el Congreso y el Senado, cabe preguntarse sobre las consecuencias presupuestarias de una reforma en profundidad del sistema político. Una posibilidad sería que el pueblo fuese el que, mediante referéndum o cualquier otra forma de participación accesible a través de las nuevas tecnologías, decidiese sobre las prioridades políticas y la forma en que se emplean los recursos púbicos, es decir, sobre lo que se hace y lo que se deja de hacer. Se trataría básicamente de lo que se conoce como modelo de democracia directa, que tanto interés y controversia ha provocado a lo largo de la historia, sin llegar a despejar las dudas sobre su operatividad y eficiencia y mucho menos el temor a la infiltración de los populismos.

Precisamente por la influencia de los populismos cabe imaginar que las decisiones con efectos inmediatos, es decir, en el corto plazo, se impondrían sobre las de efectos a largo plazo. Es lo mismo que con frecuencia se critica de los políticos en activo, a los que habitualmente acusamos de adaptar sus decisiones al ciclo político y a sus implicaciones electorales, pero que en el caso de las preferencias populares podrían más bien estar relacionadas con las políticas de bienestar.

Aclaremos que el sistema de bienestar se identifica con el conjunto de necesidades de la población cuya cobertura está garantizada por el Estado. Podría decirse que cuanto mayor sea el volumen de necesidades cubiertas, mayor será el nivel de bienestar, pero esto no significa, como a veces se nos intenta hacer creer, que cuanto mayor sea el peso del sector público en la economía y menor el del privado, mayor será el nivel de bienestar y prosperidad del país. Baste recordar casos de todos conocidos, donde el Estado desplaza al mercado en sus funciones de asignación de los recursos, siendo el resultado un elevado nivel de insatisfacción con la cantidad y calidad de los servicios públicos que recibe el ciudadano.

Podría decirse que cada país define su propio modelo de bienestar, de manera que no existen dos que sean idénticos, pero en todos ellos figuran la sanidad y la educación como piezas centrales, con independencia de las diferencias en el grado cobertura. El Gobierno acaba de publicar la distribución por funciones del gasto de las administraciones públicas en 2024. El total ascendió a 725 mil millones de euros, lo que significa que el peso del gasto público en el PIB es del 45,5%. Ese dato es muy superior al de Estados Unidos (37,9%) e incluso está por encima de Portugal (42,6%) o Reino Unidos (44,04%), aunque a notable distancia de Alemania (49,4%), Italia (50,4%) o Francia (57,3%).

Europa, en general, ofrece los valores más elevados de la ratio “gasto público/PIB”, lo que habitualmente nos lleva a concluir que el modelo de bienestar europeo es el más avanzado del mundo, incluidos los Estados Unidos. Esta afirmación debe ser, sin embargo, matizada debido a que si se desglosa por funciones se aprecia que en Estados Unidos en 2024 el gasto en educación ascendió al 14% del total del gasto público y el de sanidad al 23%, en ambos casos bastante por encima de lo habitual en Europa. España dedica a educación el 9,9% del gasto público y a sanidad el 14,9%, que son porcentajes relativamente cercanos a los de Francia (9,1% y 13,8%), Italia (7,4% y 11,4%), Alemania (9,3% y 19,2%) o Reino Unido (10,6% y 20%). La impresión, por tanto, es que la intervención en la economía en Estados Unidos es inferior que en Europa, pero, al menos hasta los recortes de Trump en 2025, más concentrada en políticas de bienestar.

Además de por circunstancias excepcionales como el COVID 19, la evolución del peso del sector público en la economía española ha estado condicionado por la intensidad del crecimiento. Durante la década de los 90 del pasado siglo, el tamaño del sector púbico en España superó en todo momento el umbral del 40% del PIB, pero tras el cambio de siglo, y debido al intenso crecimiento de la economía durante la burbuja inmobiliaria, se situó inmediatamente por debajo. Así se mantuvo hasta el estallido de la crisis y el hundimiento del PIB, cuando la ratio comenzó a elevarse hasta alcanzar su récord histórico del 49,2%. Solo durante la pandemia se superaría esta cifra, debido tanto al excepcional aumento de los servicios públicos, como al hundimiento del PIB.

Durante este mismo periodo, la educación y la sanidad han seguido patrones muy diferenciados. La educación, que representaba más del 11% del gasto público antes de la crisis de 2008, redujo su peso en los años posteriores y se mantuvo por debajo del 10% en el último ejercicio presupuestario aprobado por el Gobierno en 2022. La sanidad, en cambio, que absorbió el 12,4% del gasto público en 2000, experimentó un fuerte crecimiento en los años posteriores, hasta situarse habitualmente por encima del 15% del total desde 2016. Pese a ello, la sensación general es que el gasto en salud es insuficiente y que España no suele salir bien parada en las comparaciones internacionales sobre la calidad de la educación. También es generalizada la convicción de que algunas necesidades básicas de la población, como la vivienda o la seguridad, están muy mal cubiertas y que el todo poderoso estado del bienestar debería hacer algo más por resolver el problema.

Este es el tipo de razonamiento que lleva a pensar que una participación más directa de los ciudadanos en las decisiones de gobierno provocaría un aumento del gasto en políticas de bienestar social. Si así fuera, es probable que uno de los principales problemas para el gobierno responsable de ejecutarlas sería encontrar un ministro de Hacienda que aceptase el cargo. Sobre todo si tiene que explicar que el gasto público debe financiarse con los impuestos que han de pagar esos mismos ciudadanos.