Sobre el despoblamiento rural

En nuestro país se considera que el despoblamiento rural es un problema serio y que, por tanto, ha de ser objeto de una acción pública que permita corregirlo o, al menos, paliarlo. El Gobierno de España, aficionado a palabras sonoras tales como lucha o reto, ha incluido Reto Demográfico en la denominación del ministerio que es también la vicepresidencia tercera. Sin duda, su personal se pasa la jornada laboral bregando contra algo, ya que se ocupan también de la Transición Ecológica, ese nombre bonito para una lucha contra el cambio climático basada en la firme creencia de que su origen es humano y que se dispone de un arma milagrosa: la generación renovable. ¿Para qué pensar, pues, en adaptación al cambio climático cuando la victoria va a estar cada vez más cercana? Pero, ay, mucho me temo que cada vez va a ser más frecuente que se pongan en duda las causas y consecuencias generalmente aceptadas y publicitadas del fenómeno, así como la eficacia de las acciones que se están adoptando. El ejemplo más reciente, publicado hace un solo un par de semanas, es un documento muy serio redactado por varios científicos para el Departamento de Energía de EEUU y cuyo título original, A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate, es indicativo por sí mismo. Se encuentra con toda facilidad en www.energy.gov/topics/climate.

Hago alusión a este asunto porque me han llamado mucho la atención dos de los ejes y los seis indicadores del Plan 130 Medidas frente al reto demográfico propuesto por el citado ministerio en 2021. Se trata de los ejes 1. Impulso a la transición ecológica y 4. Impulso del turismo sostenible. Las líneas de actuación generales muestran claramente por dónde el pensamiento: Gobernanza multinivel, Neutralidad en carbono, Movilidad rural sostenible, Infraestructura verde y ecosistemas resilientes, Turismo local sostenible y Bioeconomía rural sostenible. Es un perfecto ejemplo de alineamiento intraministerial, sin ninguna duda, ya que ha bastado con añadir “en zonas en declive demográfico” a cuatro líneas de acción del otro negociado e inventarse la primera y la última.

La Junta de Andalucía ha aprobado a mediados de julio la I Estrategia frente al Desafío Demográfico 2025-2030, si bien desde hace años existen programas con esta finalidad. Sinceramente, me parece una estrategia bastante más sensata y cercana a la realidad que el mencionado plan ministerial y, por tanto, es presumible que sea bastante más eficaz, siquiera sea por la cualificación de sus redactores. Mediante un conjunto de indicadores demográficos, se identifican los municipios más afectados por el despoblamiento y se clasifican en tres niveles de prioridad para la acción pública, lo cual permitirá definir con precisión actuaciones y programas específicos relacionados con el empleo, la vivienda y la accesibilidad a los servicios públicos, entre otros.

El despoblamiento rural es un fenómeno presente en buena parte de los países de la UE, por lo cual la Comisión Europea ha producido una propuesta de Pacto Rural y un plan de Acción Rural. Como es fácil de imaginar, los conceptos de ecologización, resiliencia y otros relacionados están muy presentes en estos documentos.

Por otra parte, existe investigación académica sobre el despoblamiento rural en Andalucía. Por ejemplo, la publicada en la revista Investigaciones Geográficas, nº 85, y basada en entrevistas, pone de manifiesto que la permanencia de en el territorio depende, sobre todo, de la empleabilidad y, en menor medida, de la disponibilidad de los servicios mínimos que puedan satisfacer las necesidades básicas de las familias.

Dicho con otras palabras, es el empleo lo que determina la permanencia de la población y la posibilidad de asentamiento de nuevos habitantes. Salvo, claro está, para aquellos cuyos ingresos no dependan del trabajo o de una actividad económica. Por esta razón, difícilmente tendrá éxito cualquier iniciativa pública que no esté directamente orientada a ampliar la oferta de empleo o a resolver las limitaciones que verdaderamente lo impidan. No creo que valgan de mucho buena parte de las soluciones que se mencionan habitualmente, tales como las relacionadas con la dotación y características de las infraestructuras físicas. Tampoco creo que la totalidad de los territorios tengan características capaces de atraer un flujo turístico sostenido, y mucho menos creo que sirva de algo eso de la agricultura bonita –producir es muy fácil, lo difícil es vender–. Y, para ser completamente sincero, no creo que la contribución a la transición ecológica se traduzca en empleo, y mucho me temo que esto se traduzca en el establecimiento de unos requisitos que limitarán la aplicación de las disposiciones que puedan establecerse para animar la actividad económica, incluida la rehabilitación de viviendas.

Finalmente, he de señalar que echo muy en falta la reflexión sobre el porqué de la existencia de un pueblo o de una aldea. No surgieron por generación espontánea, sino por razones prácticas, ya fuesen de naturaleza económica, defensiva o resultado de decisiones públicas (Carlos III). Si no hay un reemplazo de las causas económicas que motivaron el nacimiento o el crecimiento de una población, difícilmente se podrá evitar su despoblamiento, por muy amplia y cercana que sea la oferta de servicios públicos, por buenas que sean las comunicaciones y por atractivo que sea el paisaje. El turismo rural no da para tanto y mucho menos el teletrabajo y el nomadismo digital.