Los límites del análisis de los economistas

Intentar entender un problema de naturaleza económica preguntando a economistas puede ser un error. Puede que incluso decepcionante si de las respuestas se pretenden extraer orientaciones sobre la mejor forma de resolverlos. No ocurre lo mismo, o al menos con tanta generalidad, con los problemas relacionados con la salud, la seguridad o la movilidad, por poner ejemplos, y la explicación está en que en el terreno de la economía, la periferia está plagada de conexiones activas con la política, el medio ambiente o simplemente con intereses corporativos (sindicales, empresariales, sectoriales, etc.).

Lo anterior significa que pretender resolver el atasco de la financiación autonómica consultando a expertos puede ser un esfuerzo inútil. Los técnicos pueden ofrecer una visión muy convincente sobre la mejor forma de abordar el problema, en el sentido de garantías de buen funcionamiento y resultados justos, pero siempre dentro de los límites del análisis económico, que es el de la racionalidad. Es poco probable, en cambio, que sus propuestas encajen sin rozaduras en el oscuro juego de intereses en el que la política fija sus objetivos. En el caso del pacto entre socialistas e independentistas catalanes el objetivo oculto, pero indisimulado, es el avance en la dirección del modelo de federalismo asimétrico que en su día pactaron Zapatero y Maragall, según el cual Cataluña y el País Vasco deben gozar de ventajas y privilegios en el futuro diseño del estado de las autonomías.

Tampoco se entiende la radical oposición de Francia al acuerdo con Mercosur, cuando parece evidente que las ventajas para su país superan con creces las desventajas para los agricultores. Macron, tan predispuesto a levantar la voz frente a Trump y Putin, parece plegarse, en cambio, frente a los agricultores y la casi unánime oposición en el parlamento francés, pese a que las opiniones expertas indiquen que supone aceptar que intereses corporativos se impongan al general.

Achacan al exceso de normativa la pérdida de competitividad y puede que tengan razón, lo que justifica las salvaguardas y el posible derecho a compensaciones, pero conviene recordar que buena parte de las normas de protección ambiental tiene como finalidad evitar las externalidades negativas en las actividades ligadas a la naturaleza. Algo tan sencillo y deseable como la repercusión de los costes ambientales en quienes los generan, en lugar de sobre el conjunto de la sociedad.