Vaya un panorama: Montoro haciendo buena a Montero

Apenas unos días después del anuncio del paquete de medidas anticorrupción, que no van a servir de nada ni habrían servido en la mayoría de los casos habidos en el pasado, tenemos noticia de que el exministro Montoro –un señor que no tiene nada que ver con el PP, según el postulado de su sucesora– está acusado por haber cometido delitos muy graves y que tampoco habrían sido impedidos por dichas medidas.

En esencia, el asunto es que las empresas productoras de gases industriales y medicinales aspiraban en 2013 a obtener una reducción en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, dado que se iban a producir modificaciones en su regulación y se bonificaría a determinadas actividades industriales. Estas empresas y también las grandes consumidoras de electricidad comenzaron por el camino correcto, apoyándose en sus asociaciones respectivas y manifestando sus razones, pero sin tener ningún éxito. No lo tuvo una enmienda al proyecto de ley 16/2013 presentada por el grupo parlamentario popular, ni tampoco la petición que elevaron al Secretario de Estado de Hacienda. No les faltaba razón en su objetivo, ya que el precio de la electricidad era muy alto y esta energía es el principalísimo componente del coste de fabricación de esos gases. Esa falta de éxito fue lo que les condujo a contratar los servicios de un despacho que, a su juicio, podría persuadir al ministro. A mi modo de ver, esto es lo verdaderamente desalentador y lo que hay que combatir: que la influencia sea más importante que la razón.

Un año después, mediante la ley 28/2014 se amplió el rango de beneficiarios de la bonificación, añadiendo el regadío intensivo en el uso de electricidad y las actividades industriales cuyo coste de electricidad supere el 50% del coste del producto o bien el 5% del valor de la producción. Ahora bien, se trata de un impuesto armonizado en la UE y no se hizo otra cosa que aplicar lo permitido en la Directiva 2003/96/CE. Es decir, que no hubo ningún invento legal o algo parecido, y son numerosas las actividades que pueden ser bonificadas. Ha de suponerse que al Gobierno posterior le parecen totalmente adecuadas dichas modificaciones, ya que en su mano está la posibilidad de modificarlas.

El segundo asunto que ha sido investigado en secreto durante siete años –¡todo un récord!– es el cambio de epígrafe del IAE para pasar a otro que tiene una tarifa inferior. Es cierto que estos industriales lo venían intentando desde hacía mucho tiempo por el camino correcto; o sea, la justicia ordinaria y la Dirección General de Tributos, pero siempre sin éxito hasta que en la ley de presupuestos generales de 2018 se modificó la asignación del epígrafe, con la consecuente reducción en los impuestos municipales correspondientes a la localización de las plantas.

En todo caso, en su momento sabremos cómo se gestaron estos cambios normativos, aunque me resulta difícil de creer que hubiese un contubernio generalizado entre los altos cargos del Ministerio. Quizá sí una orden del ministro a la que no se le puede decir que no.

Sin embargo, si el juez está en lo cierto, el daño reputacional a la Hacienda Pública y a su partido político y las consecuencias legales y profesionales para sus subordinados, no sería más que una parte menor del daño que de verdad ha causado. No solamente desaprovechó una ocasión única para mejorar la eficiencia de la Administración, sino que utilizó a la inspección de la Agencia Tributaria como el instrumento personal contra las personas objeto de sus fobias, tal y como ya vamos sabiendo, y no solamente introdujo incentivos perversos en la remuneración de los inspectores, sino que también destruyó una relación entre el contribuyente y la AT que había costado muchos años y mucho trabajo construir. Me explico, hasta entonces teníamos mucha tranquilidad: si hacíamos las cosas bien, no habría sorpresas. Y si tratábamos de ocultar o evadir, éramos conscientes de que podíamos ser “pillados”. Este era el término utilizado y describía perfectamente la sensación de ser descubiertos. Desde su mandato, ya no es así, por el contrario, se ha ido extendiendo una cierta sensación de persecución fiscal.

Lo más grave de todo es que el Gobierno posterior no ha corregido la aberración de utilizar la acción de la AT como instrumento político, tal como alguna vez hemos visto en el congreso. Ni tampoco ha hecho nada por paliar la sensación de persecución fiscal.

Finalmente, sí me gustaría añadir algo al respecto de la famosa amnistía fiscal que ya está siendo aireada otra vez. La realidad es que desvelaron patrimonios en el exterior que no estaban siendo inspeccionados y cuya detección habría sido poco menos que imposible, por lo cual es difícil concebirla como una amnistía ya que la disposición aumentó la base fiscal. La única amnistía fiscal que ha habido en nuestro país ocurrió durante el primer mandato del presidente González: bastaba con ir al banco y adquirir determinados pagarés, sin ninguna pregunta sobre el origen del dinero con el que se habían abonado.