Las tribulaciones fiscales a escala global

Llevamos unas semanas en las que hay novedades muy significativas en el ámbito fiscal a escala global. Sin duda, la reciente aprobación en Estados Unidos de la Big, Beautiful Bill es el hito más reconocible, pero también los problemas de la semana pasada del primer ministro Keir Starmer para aprobar sus recortes fiscales en el Reino Unido han recordado el complejo marco económico y financiero de la economía global. La Unión Europea no es ajena a esa incertidumbre sobre el futuro de las cuentas públicas, con una macroeconomía que no da para muchas alegrías y con unos compromisos prácticamente “imposibles” de cumplir con la OTAN, en los que el gasto en defensa debe alcanzar el 5 por 100 del PIB, aunque se haya fijado la muy alejada fecha de 2035. Y centrando el debate en nuestro país, que ha mostrado su escepticismo sobre ese compromiso –ante la ira del presidente Trump–, los retos fiscales que se vienen encima también son de gran calado, a pesar del mayor crecimiento económico. El equilibrio entre austeridad, bienestar y seguridad se ha convertido en el eje de los debates políticos.

En Estados Unidos, en el simbólico 4 de julio, el presidente Donald Trump firmó la One Big Beautiful Bill Act, una ley de más de 800 páginas que redefine la política fiscal y social de EE UU. La legislación extiende recortes fiscales –entre gasto obligatorio y discrecional– del entorno de los 4,5 billones de dólares. Las primeras críticas inciden en que beneficia principalmente a las rentas altas y grandes corporaciones, aunque hay elementos más sociales, como la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra para ciertos trabajadores. Sin embargo, estos beneficios se financian mediante recortes drásticos en programas sociales como Medicaid (esquema de salud para la gente más necesitada) y el programa de cupones de alimentos, lo que podría aumentar las tensiones sociales e incrementar la pobreza, especialmente infantil. Asimismo, la ley incrementa el gasto en defensa y seguridad fronteriza en 350.000 millones de dólares, incluyendo operaciones de deportación masiva. La incertidumbre sobre los ingresos públicos hace pensar que esta reforma puede incrementar el déficit en más de tres billones de dólares durante la próxima década. Una cifra que, junto a otras medidas de la Administración Trump que generan incertidumbre y dudas más que otra cosa, indica que la presión sobre el dólar y los bonos soberanos estadounidenses (Treasuries) va a continuar.

Otro gobierno que está sufriendo por su credibilidad fiscal es el de Keir Starmer en el Reino Unido. Su gobierno ha sido duramente criticado por políticas impopulares, como los recortes a ayudas sociales y a discapacitados, que provocaron una rebelión de diputados laboristas, como se evidenció hace una semana y que obligó a rectificar las medidas, reducir recortes y, por tanto, los ahorros fiscales. Algo que volvió a presionar a la deuda soberana británica (Gilts). La ministra de Economía, Rachel Reeves, estuvo a punto de dimitir al quedar desautorizada durante unas horas. Nada bueno se otea en el horizonte, con una economía británica que no despierta y que parece haberse quedado en el limbo del Brexit.

La última Cumbre de la OTAN en La Haya concluyó con un acuerdo histórico para elevar el gasto en defensa al 5 por 100 del PIB. Este incremento plantea retos fiscales considerables, especialmente para los países de la UE, probablemente con emisiones masivas de deuda, donde Alemania puede atraer gran parte del interés de los inversores y desencadenar otra vez asimetrías entre países en el mercado. Además, en un momento en el que la agenda de prioridades comunitaria está repleta –con la simplificación y aligeramiento regulatorio, el aumento de la productividad y una mayor integración económica y financiera del bloque–, destacando las recomendaciones provenientes de los informes de Enrico Letta y Mario Draghi. Y sin olvidar la menor fortaleza en la macroeconomía de la UE, aunque desde la turbulenta llegada de la Administración Trump en enero, Europa parece despertar un mayor atractivo para los inversores.

La situación fiscal de España se encuentra en una encrucijada, marcada en su lado positivo por un mayor crecimiento económico, pero que sigue sin permitir un mejor equilibrio fiscal. En su lado más negativo, está afectada por presiones internacionales, demandas sociales internas y un deterioro progresivo de las infraestructuras. En la citada cumbre de la OTAN, España decidió mantener su inversión en defensa en un 2,1 por 100 del PIB, argumentando que un aumento al 5 por 100 sería incompatible con el mantenimiento del Estado de bienestar, lo que generó el rechazo de sus socios atlánticos, especialmente del presidente Trump, que prometió represalias comerciales.

En los últimos años, las pensiones públicas –por el envejecimiento de la población y la “generosidad” del sistema– han sido el principal componente al que se ha destinado el aumento del gasto público. Esto ha llevado a claras disfuncionalidades, de las que señalo tres que perjudican al stock de capital de la economía. Por un lado, que no se haya mantenido una adecuada inversión en infraestructuras terrestres y ferroviarias, con un deterioro evidente. Por otro lado, el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 puso en evidencia la falta de inversión en modernización de infraestructuras eléctricas, especialmente en la adopción de tecnologías esenciales para mantener la estabilidad del sistema. Por último, el tema de siempre: la vivienda, que es necesario impulsar desde la financiación privada y las arcas públicas, y que aún no ha recibido el impulso, las medidas y los recursos necesarios. Hará falta mucho más para aumentar, desde lo público y lo privado, la oferta de vivienda que este país necesita. En suma, hace falta más claridad en una estrategia de país que permita cumplir con sus obligaciones internacionales sin descuidar las necesidades internas, garantizando así la sostenibilidad económica y social del país.