Análisis
Santiago Carbó
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Decreto por los daños del temporal
El Gobierno central ya ha definido el plan de ayudas al sector primario con la publicación el pasado jueves 19 de febrero en el BOE del decreto de medidas urgentes por el tren de borrascas que ha asolado Andalucía en los últimos meses. Y ya quedan algunas cosas claras: solo serán beneficiarios agricultores, ganaderos, acuicultores o pescadores de Andalucía y Extremadura afectados por los fenómenos meteorológicos desde el 1 de enero, con lo que se disipa el temor de algunos actores de que se extendieran por toda España; y, en concreto, solo tendrán a su disposición el paquete los que tenga una explotación o embarcación en los municipios citados en el anexo final.
Son 623 en total, de los cuales 566 corresponden a la comunidad, de todas las provincias y de 43 comarcas. Las ayudas se circunscriben a ese ámbito geográfico y fuera de él, aunque el productor haya podido tener daños, no será posible recibirlas, salvo que la explotación en cuestión tenga parte de su terreno -solo parte- en uno de los municipios mencionados.
La principal de las medidas, la ayuda “extraordinaria y temporal” a fondo perdido, cuenta con una dotación de 2.121 millones de euros, lo que no quiere decir que se vaya a agotar. Ese es solo el máximo previsto. Consiste en una única subvención, pagada de una sola vez consistente en el 30% de los ingresos agrarios declarados en el último ejercicio fiscal, ya sea a través del IRPF (en el caso de las personas físicas), de impuesto de Sociedades (para las personas jurídicas) o de la declaración informativa anual de las entidades en régimen de atribución de rentas (para los entes sin personalidad jurídica). El BOE precisa que si los rendimientos se determinan en Régimen de Estimación Objetiva, será el Ministerio de Agricultura el que calculará de oficio los ingresos con datos de la Agencia Tributaria.
Ese es el principio general, 30% de los ingresos declarados en 2024, pero después hay matices. Por ejemplo, no tendrán acceso a la subvención quienes declaren ingresos inferiores a 2.000 euros, lo que impide recibir esta ayuda a los que no tengan en el sector primario su principal medio de vida. Y la cuantía mínima será de 5.000 euros y la máxima 25.000. Es decir, hay un suelo y también hay un tope.
También se incluyen en el capítulo de ayudas aquellos agricultores jóvenes que, aunque no tuvieron ingresos en el año anterior, sí que hicieron la solicitud única de la PAC para el relevo generacional en el campo. En este caso, la cuantía de la subvención será de 5.000 euros.
El BOE deja caer que, si todo va bien, la ayuda será abonada en tres meses. En un plazo de tres meses el Fondo Español de Garantía Agraria publicará en su web la relación de personas y entidades que cumplen con los requisitos. Habrá después un plazo de cinco días para renunciar o comunicar errores, y a partir de ahí se procederá al pago. Como ha sucedido en las ayudas por la sequía la actuación será de oficio, con el cotejo de datos del FEGA y de Hacienda.
El Ministerio de Agricultura también ha contemplado ayudas para los daños no cubiertos por la póliza de seguro agrario combinado, con un presupuesto máximo de 14,2 millones de euros. Se dirige a las personas que son titulares de explotaciones aseguradas, pero no han sido indemnizadas por todos los perjuicios, en los municipios contemplados en el anexo del decreto. El importe que recibirá el agricultor será el resultado de restar la valoración de daños totales y la cuantía de la indemnización, que nunca podrá ser inferior a 100 euros. Y la relación de adjudicatarios la publicará de oficio el Ministerio de Agricultura a medida que se vayan conociendo las tasaciones definitivas, con un plazo máximo de dos meses
También, en relación con los seguros, hay una ayuda “extraordinaria y temporal” para hacer frente a la prima del seguro combinado, que alcanza hasta el 70% de su importe con un máximo de 100.000 euros, un tope que no se aplica cuando la asegurada es una entidad asociativa. La subvención solo se contempla para las pólizas vigentes desde el 1 de enero y hasta la entrada en vigor del decreto-ley (19 de febrero). El presupuesto total para este capítulo es de 28,8 millones.
El Gobierno también ha abierto una línea ICO de 75 millones de euros para agricultores y pescadores que será gestionada por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca). Para acceder a ella, y en el caso de la agricultura, los productores deberán tener contratado un seguro agrario en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados. Además, se destinan 25 millones de euros para subvenciones destinadas a obtener avales de la Saeca. De nuevo, estas medidas solo se aplicarán a los municipios referidos en el anexo.
Por último, habrá una exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas en zonas con limitaciones naturales y específicas, siempre que en 2026 hayan sufrido una reducción del rendimiento neto de un 20% con respecto a la media de los últimos tres años. El Gobierno compensará a municipios y diputaciones por la merma de ingresos correspondiente.
Para la pesca, la ayuda se dirige a la flota cuyo puerto base esté en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga y pertenezcan al arrastre de fondo del Golfo de Cádiz; el arrastre de fondo del Mediterráneo; cerco de Golfo de Cádiz; cerco del Mediterráneo; artes menores del Golfo de Cádiz y artes menores del Mediterráneo.
El decreto afirma que las ayudas serán el equivalente a la pérdida de ingresos por las borrascas respecto a la media de enero y febrero 2023, 2024 y 2025 siempre que sea superior al 40%. Pero a continuación, justo en el punto siguiente, se dice que los ingresos de 2026 (enero y febrero) sumados a la cuantía de la ayuda nunca podrán superar el 60% de los rendimientos medios en el arranque de los tres últimos años. En la práctica, pues, el Gobierno pone un tope a las ayudas, ya que no se va a compensar en ningun caso el 100% de las pérdidas de los años anteriores. El presupuesto para esta partida es de diez millones de euros.
El decreto, en lo que se refiere al sector primario, contempla también obras de urgencia para restaurar los caminos rurales dañados, con un presupuesto de 600 millones de euros. El Ministerio declara de interés general estas actuaciones, por lo que se podrá actuar también en parcelas privadas. Y asigna a las empresas públicas Seiasa y Tragasa la dirección de obra, algo que ha sido criticada por el sector constructor a través de Fadeco Contratistas al considerar que reduce la licitación pública y merma la competencia.
Este decreto es solo una de las patas de las ayudas que recibirá el sector primario. La Junta de Andalucía ha anunciado casi mil millones, pero aún no las ha detallado en el BOJA. Bruselas, por su parte, ha anunciado su intención de activar el mecanismo de crisis previsto en la PAC, pero de momento solo hay una prenotificación por parte del Ministerio de Agricultura.
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