El Parlamento Europeo aprueba las salvaguardas destinadas a la agricultura para salvar el acuerdo comercial con Mercosur

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a las cláusulas de salvaguarda agrícolas pactadas con los 27 y con Bruselas como condición para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, un pacto que podrá entrar en vigor de manera provisional en los próximos meses si así lo decide el Ejecutivo comunitario tras lograr la firma el pasado enero.

Las medidas están diseñadas para reforzar la protección del campo europeo ante potenciales distorsiones graves causadas por la apertura al mercado del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) en sectores como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar.

El Partido Popular, cuyo eurodiputado Gabriel Mato es el ponente del aval europarlamentario, ha celebrado tras la votación que las salvaguardas asegurarán "una protección real y efectiva para los agricultores" una vez entre en vigor el nuevo régimen comercial con los países del Cono Sur. También ha destacado en un comunicado que se trata de una medida "fundamental", porque "permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible".

Este marco establece umbrales específicos para que la Comisión Europea pueda iniciar investigaciones -y activar medidas específicas después en un plazo máximo de 21 días- en caso de que se detecte un fuerte impacto en productos agrícolas sensibles europeos.

El pasado diciembre, el Consejo y el Parlamento acordaron fijar estos umbrales en un 8%, pero finalmente se han reducido a un 5% -tal y como defendía la Eurocámara de salida- para satisfacer las demandas de Italia, cuyo gobierno frenó la firma entonces al sumarse al bloqueo de Francia y Polonia. Tras lograr estos cambios, el Gobierno de Giorgia Meloni retiró su veto, lo que permitió en enero reactivar el proceso para firmar el acuerdo en enero.

De este modo, Bruselas actuará cuando las importaciones de productos sensibles se incrementen de media un 5% y los precios caigan en el mismo porcentaje en un periodo de tres años (frente al 10% que propuso la Comisión en un primer momento). Tanto las autoridades nacionales como personas o empresas representantes del sector podrán solicitar que los servicios comunitarios inicien una investigación en caso de riesgo de perjuicio grave para un sector. Además, el Ejecutivo comunitario deberá presentar al menos un informe cada seis meses ante la Eurocámara sobre la evaluación del impacto de las importaciones de productos sensibles.

A falta de que los Veintisiete den su visto bueno formal a las salvaguardas -último trámite antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE y entrada en vigor del mecanismo-, las medidas podrán activarse a partir de que el acuerdo interino se aplique provisionalmente.