Bruselas prepara un marco legal para limitar los alquileres turísticos en zonas tensionadas

La Comisión Europea propondrá en 2026 un argumentario jurídico que permita a los entes locales en zonas con problemas de vivienda limitar los alquileres turísticos. El objetivo es ofrecer una base legal sólida para que las autoridades puedan aplicar restricciones proporcionadas y específicas. Así lo anunció este martes el Ejecutivo comunitario en Estrasburgo, durante la presentación del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible.

El plan busca crear “un marco jurídico coherente” que facilite la intervención local en un mercado tensionado por el auge de los alojamientos de corta duración. Bruselas reconoce que estas plataformas aportan ventajas –ingresos adicionales para propietarios, incentivos para reformas y dinamización del turismo–, pero advierte que su crecimiento del 93 % entre 2018 y 2024 ha reducido la disponibilidad de vivienda asequible en destinos muy demandados, donde pueden representar hasta el 20 % del parque residencial.

Déficit estructural y necesidad de inversión

La Comisión parte de un diagnóstico claro: la oferta actual, de 1,6 millones de viviendas al año, no cubre la demanda en la UE, especialmente en áreas urbanas. Para cerrar la brecha en la próxima década será necesario añadir 650.000 viviendas anuales, lo que supondrá un coste aproximado de 150.000 millones de euros por ejercicio.

El plan incluye medidas para aumentar la oferta, impulsar la inversión y apoyar a los colectivos más afectados, además de reducir la burocracia en los procesos de construcción. Bruselas anima a simplificar códigos urbanísticos y procedimientos de zonificación, planificación y permisos, con el fin de acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones.

Regulación y transparencia en los alquileres turísticos

El Reglamento sobre Alquileres de Corta Duración, que entrará en vigor en mayo de 2026, exigirá el registro obligatorio de propietarios y el intercambio de datos sobre transacciones para aportar transparencia. Sin embargo, la Comisión admite que “aún quedan cuestiones por resolver”, como la competencia desleal frente a alojamientos tradicionales sometidos a normas más estrictas de seguridad y protección al consumidor.

Bruselas descarta imponer una prohibición general y tampoco adopta la propuesta del Consejo Asesor de Vivienda de la UE, que planteaba crear una tasa para que las plataformas contribuyan a un fondo contra el sinhogarismo. Los expertos también sugerían armonizar la regulación fiscal, denunciando que estas compañías “pagan poco o nada de impuestos”.

Financiación y lucha contra la especulación

El plan prevé movilizar 10.000 millones de euros adicionales en 2026 y 2027, además de 1.500 millones procedentes de la reprogramación de Fondos de Cohesión. Bruselas subraya que uno de los principales obstáculos para combatir la especulación inmobiliaria es la falta de datos fiables. Por ello, presentará en 2026 un análisis sobre la dinámica de precios, patrones especulativos y consecuencias económicas, con propuestas para mejorar la transparencia.

La Comisión recomienda a los Estados miembros aplicar políticas fiscales eficaces para frenar comportamientos especulativos y asignar una proporción fija de las nuevas promociones a vivienda social y asequible.