tribuna económica
Joaquín Aurioles
Compradores compulsivos
España debe movilizar 103.824 millones de euros en los próximos 10 años para afrontar los efectos de la sequía y reducir el riesgo de inundaciones. Así lo recoge el informe “Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España”, presentado por Seopan –patronal de las empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras– y la ingeniería Typsa en la jornada “Agua y Futuro: Hoja de ruta para España”, organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
La mayor parte de la inversión se concentra en la atención a las demandas de agua: 84.644 millones para contrarrestar la escasez derivada de la variabilidad climática. El documento detalla que 2.769 millones se destinarán al conocimiento y monitorización del ciclo del agua mediante tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, con control en tiempo real de consumos y pérdidas y modernización de los sistemas automáticos de información hidrológica. Otros 10.933 millones se orientarán a la adaptación al cambio climático mediante la ampliación de desalación y reutilización, especialmente en las cuencas mediterráneas. El ciclo urbano del agua absorberá 59.183 millones para cumplir las directivas europeas de abastecimiento y saneamiento y alcanzar una tasa mínima de renovación del 1% anual. El cumplimiento de los objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico requerirá 4.112 millones. Además, el informe incorpora 7.647 millones en el marco de un Acuerdo Nacional del Agua: incluye nuevos trasvases y optimización de los existentes, evaluación de nuevas presas, planes de conservación y mantenimiento —con especial atención a la seguridad— y propuestas para modificar la Ley de Aguas con el fin de mejorar la coordinación entre planes hidrológicos, de sequía y de inundaciones.
La segunda parte del estudio cifra en 19.180 millones las inversiones necesarias para reducir el riesgo de inundación y mejorar la resiliencia hídrica. El documento contempla medidas estructurales por 3.550 millones, sistemas de drenaje urbano sostenible y tanques de tormenta por 9.443 millones, infraestructuras verdes para conservación de cauces y litoral por 1.542 millones y adecuación y modernización de presas conforme a las normas de seguridad por 4.644 millones. Estas actuaciones incluyen la adaptación de aliviaderos, órganos de desagüe y sistemas de monitorización, así como nuevos sistemas de alerta temprana y mejora de la permeabilidad de infraestructuras lineales.
El informe advierte que 2,7 millones de personas residen en zonas inundables, con más de 473.000 en áreas de alto riesgo, y que España cuenta con 25.000 kilómetros de ríos y litoral clasificados como inundables.
El estudio incorpora un programa adicional de 4.052 millones para actuaciones no previstas en los planes hidrológicos en las cuencas mediterráneas. Recomienda nuevas presas o alternativas a las de Villamarchante (120 millones), Estubeny (80 millones) y Marquesado (80 millones), una nueva presa del Buseo y la anticipación de la presa de Montesa (100 millones). También contempla actuaciones en estudio en el barranco del Poyo, el Pla de Quart y los barrancos de Saleta, Pozalet y Massanassa, con una inversión estimada de 424 millones.
El documento subraya la necesidad urgente de establecer un marco financiero estable y predecible para ejecutar los planes hidrológicos y de riesgo de inundación, actualmente inexistente. Señala la fragmentación competencial y la falta de gobernanza homogénea como factores que generan ineficiencias y diferencias territoriales. La ejecución es muy baja: en el último ciclo, los Planes Hidrológicos de Cuenca no alcanzaron el 30%.
Las infraestructuras hidráulicas están sujetas a la Directiva Marco del Agua, que obliga a elaborar planes cada seis años. Hoy están en vigor los Planes Hidrológicos de tercer ciclo y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo (2022-2027), con programas dotados con 37.938 y 3.312 millones, respectivamente, pero con escasa coordinación.
Julián Núñez, presidente de Seopan, advirtió: “La catástrofe causada por la DANA de octubre de 2024 ha subrayado la urgencia de un enfoque integral sobre la planificación, ejecución y financiación de infraestructuras hidráulicas. Además, nuestro país afronta sequías cada vez más frecuentes que afectan a palancas clave de nuestra competitividad como la agricultura, ganadería y turismo y a las nuevas demandas de agua en la economía global como la industria de la transformación digital y la industria verde basada en el hidrógeno”.
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