Garamendi cifra en más de 32.000 millones de euros el coste del absentismo laboral

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido de que el absentismo laboral superará este año los 32.000 millones de euros, una cifra que refleja, a su juicio, un problema estructural que lastra tanto a las empresas como al sistema público. Garamendi ha alertado además de la escasez de trabajadores en sectores clave de la economía, una situación que se ve agravada, según ha señalado, por el discurso de que “hay que trabajar menos para vivir mejor”.

En paralelo, el presidente de la CEOE ha avisado de que la patronal acudirá a los tribunales si el Ministerio de Trabajo decide blindar los complementos salariales en la próxima subida del salario mínimo interprofesional, de forma que el aumento no pueda quedar absorbido por dichos pluses. “Eso no se puede hacer porque el Estatuto de los Trabajadores marca que eso no es así”, ha manifestado Garamendi en declaraciones recogidas por Europa Press. A su juicio, esta medida sería “otra locura”, ya que podría provocar en algunos casos incrementos salariales de entre el 20% y el 25%, y ha acusado al departamento que dirige Yolanda Díaz de estar jugando con “cosas que no son legales”.

Garamendi ha insistido en que el absentismo laboral supone un lastre económico de primer orden. Según ha detallado, cada día faltan al trabajo alrededor de 1,6 millones de personas, lo que genera un coste directo de 16.000 millones de euros para las empresas y otros 16.000 millones para la Seguridad Social. A este escenario se suma, ha dicho, una creciente dificultad para cubrir vacantes en actividades esenciales como la construcción, la hostelería o el transporte.

En este sentido, el presidente de la CEOE ha asegurado que “falta gente, miles de personas”, hasta el punto de que algunas empresas españolas han tenido que crear escuelas de formación en países como Marruecos o Perú para poder incorporar trabajadores. Garamendi ha lamentado que la cultura del esfuerzo “no esté de moda” y ha defendido que es precisamente con “cariño, tesón y esfuerzo” como una pequeña empresa puede convertirse en una gran compañía.

En paralelo, Garamendi ha cargado contra la intención del Ministerio de Trabajo de blindar determinados complementos salariales, como los de antigüedad, nocturnidad o peligrosidad, para que no puedan compensarse con la subida del salario mínimo prevista para 2026. Esta iniciativa, actualmente en fase de consulta pública y respaldada por CC OO y UGT, busca evitar que el incremento del SMI se diluya en los salarios que ya incluyen pluses. Sin embargo, para la patronal, esta medida supondría “otra locura” y podría provocar incrementos salariales efectivos de entre el 20% y el 25%, algo que considera inasumible para muchas empresas.

Garamendi ha advertido además de que esta modificación normativa “rompería muchos convenios colectivos” y generaría situaciones de inequidad salarial dentro de las plantillas, al coexistir distintos tipos de complementos. A su juicio, el ministerio “está jugando con cuestiones que no son legales”, lo que abocaría a la patronal a recurrir a la vía judicial si la medida sale adelante.

Más allá del absentismo, el presidente de la CEOE ha subrayado que España padece una escasez estructural de profesionales cualificados, pese a mantener una elevada tasa de paro. Ha citado, entre otros ejemplos, la falta de más de 50.000 especialistas en ciberseguridad, ingenieros y médicos, y ha apuntado a la necesidad de reforzar la formación en disciplinas STEM, donde solo el 25% del alumnado son mujeres. También ha reclamado una mejor gestión de la Incapacidad Temporal, un problema que, según ha afirmado, “algunos no quieren entender”.

Garamendi ha aprovechado su intervención para criticar la presión fiscal, que considera más elevada que en otros países europeos si se calcula en función de la población, debido al mayor peso de la economía sumergida en España, cercana al 24%, frente al 14% de media en Europa. En este contexto, ha alertado de que el aumento de los salarios sin tener en cuenta la negociación colectiva puede acabar provocando la necesidad de un “regulador del empleo”.

Como ejemplo de los efectos indeseados de estas políticas, ha citado datos de la AIReF que apuntan a la pérdida de más de 100.000 empleos en el campo en los dos últimos años y de más de 65.000 en el servicio doméstico, una evolución que, según Garamendi, indica que cada vez “más gente” está pasando a la economía sumergida.