El pacto Junta-sindicatos moviliza 200 millones y refuerza la estabilidad del empleo público andaluz

El Gobierno andaluz y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han alcanzado un preacuerdo que marca un punto de inflexión en la política laboral del sector público autonómico.

El pacto, que será ratificado en la Mesa General de Negociación Común, contempla mejoras salariales, recuperación de derechos sociales y un nuevo modelo profesional orientado a la estabilidad y la eficiencia.

Su impacto económico se estima en hasta 300 millones de euros sobre la actividad regional, en un contexto de crecimiento previsto del PIB andaluz del 2,3% para 2026.

Un impacto medible en las cuentas y en la economía

El presupuesto de la Junta para 2026 asciende a 51.597,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% respecto al ejercicio anterior.

En este marco, el acuerdo representa cerca del 0,4% del total, con una dotación adicional superior a 200 millones destinada a aplicar las retribuciones máximas fijadas en los Presupuestos Generales del Estado y a financiar mejoras laborales.

El efecto sobre la economía regional no se limita al gasto directo.

Con un multiplicador fiscal estimado entre 1,2 y 1,5, la inyección podría generar entre 240 y 300 millones de euros adicionales en el PIB andaluz.

Este impacto se suma a la previsión de crecimiento del 2,3% para Andalucía y a la creación de 85.750 empleos contemplada en las cuentas autonómicas, reforzando el papel del sector público como motor económico.

Modernización y competitividad del sector público

Más allá del componente salarial, el pacto introduce un nuevo modelo profesional basado en mérito, evaluación del desempeño y formación continua, alineado con la Ley de Función Pública de Andalucía.

Este sistema busca incentivar la especialización y la productividad, en un contexto donde la administración afronta retos como la digitalización y la mejora de la calidad del servicio.

Asimismo, se actualizarán convenios colectivos obsoletos en el sector público instrumental, adaptándolos al marco normativo vigente y a las necesidades organizativas actuales.

Esta medida responde a una demanda histórica de los trabajadores y contribuirá a modernizar las relaciones laborales en entidades y empresas públicas andaluzas.

Recuperación de derechos y acción social

Uno de los avances más simbólicos es la recuperación progresiva de las ayudas de acción social suspendidas desde 2012, que incluyen prestaciones sanitarias complementarias, apoyo a la conciliación y ayudas educativas.

Esta medida revierte uno de los recortes más controvertidos aplicados durante la crisis económica y responde a una reivindicación sindical sostenida durante más de una década.

Estabilidad laboral y reducción de la temporalidad

El acuerdo establece un plan de planificación inmediata para reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8%, cumpliendo la normativa estatal y consolidando los avances logrados con la Ley 20/2021.

Esta medida busca prevenir futuros abusos en la contratación temporal y garantizar un marco estable para la administración pública andaluza durante el período 2026-2030.

Contexto

José Antonio Nieto, consejero de Justicia y Función Pública, calificó el acuerdo como “histórico” y destacó que “supone un salto de calidad en la Administración”.

Por su parte, CCOO subrayó que el pacto “es fruto de movilizaciones sostenidas y garantiza aplicar las retribuciones máximas aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado”.

El camino hasta este preacuerdo no ha estado exento de tensiones.

Las movilizaciones sindicales, incluida la manifestación del 18 de junio de 2024 que reunió a más de 7.000 personas frente al Palacio de San Telmo, han sido determinantes para desbloquear unas negociaciones que llevaban meses estancadas.

A estas acciones se sumaron las protestas del 30 de octubre y la concentración celebrada el día previo al acuerdo.

Análisis macroeconómico: sostenibilidad y comparativa

El impacto del acuerdo sobre las cuentas públicas es limitado en términos relativos (0,4% del presupuesto), pero significativo en términos cualitativos.

Andalucía mantiene un margen fiscal que le permite absorber este incremento sin comprometer la estabilidad presupuestaria, gracias a un crecimiento sostenido de ingresos y a la contención del déficit autonómico.

En comparación con otras comunidades, el esfuerzo inversor en personal público sitúa a Andalucía en línea con regiones como Cataluña o Madrid, que también han impulsado planes de estabilización y mejoras retributivas.

A nivel macroeconómico, la medida refuerza el papel del gasto público como estabilizador en un contexto de desaceleración del crecimiento, contribuyendo a sostener el consumo interno y la demanda agregada.

El multiplicador estimado (1,2-1,5) indica que cada euro invertido en salarios y derechos sociales genera entre 1,2 y 1,5 euros en actividad económica, lo que convierte este acuerdo en una herramienta eficaz para dinamizar la economía regional.

Además, la reducción de la temporalidad y la mejora de la carrera profesional pueden tener efectos indirectos sobre la productividad y la calidad del servicio público, factores clave para la competitividad territorial.