Juan Manuel Rosillo, presidente de ACP Málaga: “Los Gobiernos y responsables públicos se afanan en dictar más y más normas, más trámites y, en definitiva, generar más incertidumbre”

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, organizado por el Palacio de Congresos de Málaga (Fycma), ha dado comienzo este jueves a su 21 edición con más de 220 empresas y entidades públicas y privadas y una oferta superior a las 9.400 propiedades. El encuentro, que finalizará el 15 de noviembre, ha puesto el foco a lo largo de esta jornada en la vivienda de protección oficial y los retos que atraviesa el mercado de la vivienda.

Juan Manuel Rosillo, presidente de la Asociaicón de Constructores y Promotores de la Provincia de Málaga (ACP Málaga), ha calificado la feria inmobiliaria como “gran punto de encuentro del sector” y “uno de los principales foros estratégicos de debate en materia de urbanismo y de vivienda”. Así, ha aprovechado este espacio para poner sobre la mesa la excesiva burocracia y falta de claridad normativa que arrastra el sector. “Los Gobiernos y responsables públicos se afanan en dictar más y más normas, más tramites y, en definitiva, generar más incertidumbre”, lamentaba.

“Vivimos momentos de enormes contradicciones”, ha declarado para señalar como mientras desde el sector y empresas se esfuerzan en “repetir fórmulas para hacer más viviendas y poder hacerlas más baratas”, quienes mandan solo generan incertidumbre. “La seguridad jurídica, que debería de ser el pilar básico normativo para fomentar la inversión y el desarrollo, se ha convertido en una materia sujeta a vaivenes, a interpretaciones, a modificaciones continuas y en definitiva a una inacción administrativa”, continuaba. Y ha recordado que, actualmente, en Andalucía coinciden en tramitación la Ley de Vivienda, la Ley de Gestión Ambiental y la Ley de Patrimonio.

De esta forma, si bien ha apuntado a que “en todas se han incorporado algunas de nuestras propuestas”, también ha dicho que “quizás no con la suficiente valentía para que la situación de nuestro marco legislativo sea ya realmente un marco simple y ágil”. Y ha destacado el buen hacer de las Islas Baleares, donde, ha aseverado, han aprobado una ley autonómica publicada en el BOE el 1 de noviembre que permite tramitar en un único instrumento urbanístico y ambiental el plan de ordenación, el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización. “Todos en un solo procedimiento”, puntualizaba. Además, autoriza un incremento de edificabilidad de hasta un 45% en aquellos proyectos que consideran son estratégicos para la comunidad, ha añadido.

Con ello, Rosillo ha propuesto declarar de emergencia la gestión del suelo y obras de urbanización en zonas con déficit de vivienda para acortar plazos, actualizar la edificabilidad de suelo en desarrollo para destinarla íntegramente a vivienda protegida, modificar la ley del suelo para generar seguridad jurídica y presupuestos públicos dedicados a vivienda “dotados de los recursos necesarios proporcionales a la importancia del problema que pretenden solventar”.

No obstante, también celebró que “ayer mismo por la tarde el Gobierno Central” trasladara que en el Plan Estatal de Vivienda estarán contempladas ayudas para el desarrollo de obras de urbanización. Igualmente, ha agradecido al alcalde de Málaga “la puesta en marcha de medidas que van en esa dirección correcta”. Su intervención concluía con tres máximas: “trabajar con una planificación y visión a largo plazo más allá de los ciclos y compromisos electorales; cooperación entre administraciones, contar con un pacto de Estado en materia de vivienda es una responsabilidad de todos nuestros gobernantes; y, sobre todo, confiar en la profesionalidad de quienes generan empleo, inversión y vivienda”. “El sector promotor no es parte del problema, es parte de la solución”, finalizaba.

Por su lado, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha inaugurado Simed recordando el déficit de 700 mil viviendas anunciado por el Banco de España y ha argumentado que “aquí en el plano de las promociones, me consta que hay una oferta muy importante de suelo ya de viviendas terminadas como 9000, suelo como para 7000 de distintas comunidades, no solamente de las todas las provincias andaluzas, sino también de Asturias, Canarias y de Madrid, de Valencia y de también de países de fuera, solo para 4000 viviendas, República Dominicana, México, Estados Unidos, Cuba, España, bueno, el salón se va internacionalizando”.

El alcalde ha destacado el éxito del SIMED y el dinamismo actual del sector inmobiliario, sin olvidar el gran desafío de España: el déficit de vivienda, que provoca una demanda superior a la oferta y el consiguiente aumento de precios. Por ello, ha insistido en la necesidad de incrementar la producción de vivienda —libre, protegida, social y asequible— acelerando la disponibilidad de suelo finalista, compartiendo buenas prácticas entre administraciones y promoviendo la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local. Asimismo, ha mencionado iniciativas como el uso de suelos públicos infrautilizados para vivienda social, modelos de alquiler asequible con apoyo y proyectos concretos en Málaga que buscan ofrecer soluciones habitacionales especialmente para jóvenes.

Un nuevo marco estatal: Plan de Vivienda 2026-2030

Una de las conferencias del día ha abordado la presentación de las líneas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pone el foco en la movilización del suelo público para alquiler asequible, el refuerzo del parque público y la coordinación entre administraciones. Así lo han destacado desde Simed, Anselmo Menéndez Menéndez, Subdirector General de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU); y Benjamín Augusto López Rodríguez Sepes, director de Coordinación de Sepes, quien ha resaltado el papel de la empresa pública en la creación de suelo asequible con servicios urbanos integrados.

El nuevo marco normativo que va a enmarcar cómo comunidades, Estado y operadores públicos y privados abordan la actual crisis de vivienda y el acceso a vivienda accesible es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Como novedad, Anselmo Menéndez Menéndez, Subdirector General de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha destacado que su periodicidad será por cinco años en lugar de cuatro y que sus efectos se alargarán en el tiempo hasta 2038 aproximadamente. El nuevo plan del Gobierno cuenta con una financiación de 7.000 millones de euros, dotación que triplica a la de años anteriores y que se dividirá en un 60%, 4.200 millones, a cargo del Ministerio y un 40%, 2.800, de las comunidades autónomas.

Así, los objetivos que integran el plan son más vivienda, impulsar la construcción y adquisición de vivienda protegida; mejorara la vivienda existente rehabilitándola; reducir la edad de emancipación, pues España es el país de la OCDE con la edad más elevada; rebajar la tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda de alquiler; y prestar especial atención a las zonas tensionadas, actualmente, hay 300 municipios.

Para ello han desarrollado tres líneas de financiación, cada una con sus respectivas ayudas: la primera relativa al fomento de la oferta de vivienda social y asequible, esta señala Menéndez es la más importante desde el punto de vista estructural y se corresponde con un 40% fijo como mínimo del total de la financiación; las otras dos líneas van destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria, accesibilidad y renovación rural y a reducir la tasa de esfuerzo de adquisición de la vivienda y reducir la edad de emancipación, ambas cuentas con una dotación inicial del 30% pero el plan permite su modificación y movimiento de una actuación a otra conforme a la realidad del momento.