Trabajo propone subir el salario mínimo un 3,1% en 2026, hasta 1.221 euros brutos

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. La propuesta elevaría esta referencia de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales, lo que supone un incremento de 37 euros. Con esta propuesta, el Ejecutivo mantiene la exención fiscal sobre el SMI, según ha confirmado el departamento que dirige Yolanda Díaz, que adelanta que también estudian cambios en la Ley de Desindexación

La iniciativa se ha trasladado este miércoles en una reunión con patronal y sindicatos que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha calificado como “sincera y constructiva”. Las organizaciones empresariales y sindicales se han comprometido a estudiar el planteamiento antes de fijar una posición definitiva.

El Gobierno defiende que la subida consolida el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos y avanza en el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Con el incremento propuesto, el salario mínimo se situaría en 1.221 euros brutos por 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales.

Pérez Rey ha subrayado que la medida busca “proteger a quienes más lo necesitan” y ha recordado que el SMI seguirá exento de tributación, lo que evita que los perceptores tengan que declarar por este concepto. El Ejecutivo considera que esta política es clave para reducir la desigualdad y mejorar la cohesión social.

Contexto reciente: subidas acumuladas y objetivo europeo

La propuesta se enmarca en la senda de incrementos iniciada en 2019, cuando el SMI pasó de 735,9 euros a 900 euros mensuales. Desde entonces, el Gobierno ha aplicado sucesivas subidas que han llevado esta referencia hasta los 1.184 euros actuales. En términos acumulados, el salario mínimo ha aumentado más de un 60% en siete años, lo que lo sitúa entre los más altos de la Unión Europea en relación con el salario medio.

El Ejecutivo insiste en que el objetivo es cumplir con la Carta Social Europea, que fija el umbral del 60% del salario medio como referencia para garantizar condiciones dignas. Con la subida propuesta, España se acercaría a ese nivel, aunque sindicatos como CCOO y UGT reclaman que el incremento sea mayor para compensar la inflación acumulada y el encarecimiento de la vivienda.

Reacciones y posiciones enfrentadas

La patronal ha mostrado cautela ante el impacto que la subida puede tener en sectores con márgenes ajustados, especialmente en agricultura, hostelería y comercio. Las organizaciones empresariales advierten de que un incremento superior al previsto podría afectar a la contratación y a la competitividad de las pymes. Por su parte, los sindicatos consideran que la propuesta es insuficiente y piden que el SMI alcance los 1.250 euros en 2026 para garantizar el poder adquisitivo.

El diálogo continuará en las próximas semanas con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de que el Consejo de Ministros apruebe la subida. El Gobierno insiste en que la medida es compatible con la estabilidad presupuestaria y que no afectará a la competitividad empresarial.

Impacto económico previsto

El incremento del SMI beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores, según cálculos del Ministerio de Trabajo. El Ejecutivo sostiene que la subida tendrá un efecto positivo sobre el consumo interno y contribuirá a reducir la brecha salarial, especialmente en colectivos vulnerables como jóvenes y mujeres. No obstante, los economistas advierten de que el impacto sobre el empleo dependerá de la evolución de la economía en 2026, marcada por la moderación del crecimiento y la incertidumbre internacional.

Indexación en los contratos públicos

"No tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos, es decir, que sectores muy importantes para la economía del país, sectores auxiliares como la limpieza o la seguridad privada, que esas empresas tengan la capacidad de trasladar al precio de los contratos públicos algunas de las subidas laborales. Digo algunas, no en términos generales. Esto es algo que nos vienen reclamando los interlocutores sociales de manera unánime", ha explicado Pérez Rey.

De hecho, desde Trabajo se muestran a favor, como los sindicatos y la patronal, de la indexación en los contratos públicos, con la idea de que se relajen las reglas actuales de tal manera que se puedan trasladar a los precios de los contratos públicos las subidas del SMI. El Ministerio siempre ha defendido, frente a la postura de Hacienda, la posibilidad de estudiar dentro del marco fiscal, tributario y laboral la incorporación de reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública.

El secretario de Estado explica que trabajan en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos que, en al menos dos de sus pasajes, obliga a los estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas de los salarios mínimos a la contratación pública. Incluso se compromete a tratar con otros ministerios competente un acuerdo para modificar la normativa en cuanto a condiciones de trabajo. "No es tanto un tema de oportunidad política o de oportunidad jurídica, sino casi una obligación derivada de una directiva que ha sido salvada casi en su integridad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ningún caso se ha cuestionado esa parte que tiene que ver con la desindexación o con la traslación a los precios de la contratación pública de los salarios", ha detallado.

Sobre si esta reforma de la Ley de Desindexación obligaría a hacer un Real Decreto-Ley en lugar de solo un Real Decreto, Pérez Rey ha apuntado que hay que verlo "con más calma", pues "hay muchas maneras de llevar a cabo esta adaptación".