UPTA plantea al Gobierno de Andalucía el plan 'Protege Autónomos' para anticipar el impacto económico de la guerra de Irán

La propuesta incluye ayudas directas, un bono energético, apoyo al combustible y medidas de flexibilidad laboral y fiscal para evitar cierres de pequeños negocios y microempresas

UPTA advierte de que 12.000 autónomos andaluces se han convertido en sociedad en 2025 por la "asfixia fiscal"

El presidente de UPTA, Eduardo Abad.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad. / EFE

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha trasladado al Gobierno andaluz el plan ‘Protege Autónomos’, una iniciativa diseñada para anticipar posibles efectos económicos derivados del actual contexto internacional y proteger la continuidad de la actividad económica del colectivo. La organización plantea un paquete de medidas que combina ayudas directas, apoyo energético y mecanismos de flexibilidad laboral y fiscal con el objetivo de evitar cierres empresariales y preservar el empleo.

Desde UPTA se advierte de que la evolución de la situación internacional, marcada por las tensiones geopolíticas y las consecuencias económicas vinculadas a la guerra en Irán, podría terminar afectando al tejido productivo. Por ello, la organización considera necesario actuar con rapidez y anticipación, impulsando medidas preventivas antes de que el impacto llegue a la economía real.

En este sentido, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha subrayado que en contextos de incertidumbre económica es fundamental transmitir estabilidad tanto a los autónomos como a los consumidores. “Lo primero es generar confianza y crear un clima de tranquilidad, pero al mismo tiempo es imprescindible tener preparados planes de contingencia que permitan responder con rapidez ante posibles escenarios de crisis”, ha señalado.

El plan está dirigido a trabajadores autónomos, pequeños negocios y microempresas con una facturación anual inferior a un millón de euros. Para acceder a las ayudas deberán acreditar al menos uno de estos supuestos: una caída de la facturación igual o superior al 20% o un aumento de los costes de suministros -como energía o combustible- también de al menos el 20%.

Aunque la iniciativa está abierta a todos los autónomos que cumplan estos requisitos, UPTA plantea prestar especial atención a sectores especialmente expuestos al aumento de los costes energéticos, entre ellos el transporte y la logística, la agricultura y la pesca, el comercio minorista, la hostelería, la pequeña industria o los agentes comerciales.

Propuestas concretas

Entre las medidas planteadas destaca la creación de un bono energético específico para autónomos y pequeños negocios, que se aplicaría como descuento directo en la factura de electricidad u otros suministros energéticos esenciales. Este instrumento estaría destinado a aliviar el impacto del encarecimiento de la energía en aquellas actividades que acrediten pérdidas de ingresos o aumento de costes.

El plan también contempla ayudas autonómicas al combustible, que podrían materializarse en subvenciones o bonificaciones para actividades profesionales con elevado consumo de carburante, especialmente en sectores como el transporte o determinadas actividades productivas.

En el ámbito laboral, la propuesta incluye mecanismos de flexibilidad como la posibilidad de aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o suspensiones temporales de contratos en caso de caída de la actividad, con el objetivo de reducir costes laborales de forma puntual mientras se recupera la actividad económica.

Asimismo, el documento plantea que los ayuntamientos puedan aplicar medidas de apoyo fiscal para mejorar la liquidez de los negocios locales. Entre ellas figura la posibilidad de aplazar impuestos municipales hasta 12 meses sin intereses para autónomos y pequeñas empresas que acrediten pérdidas de facturación o incrementos significativos de costes.

UPTA confía en que la Junta de Andalucía valore estas propuestas y abra una vía de colaboración con las organizaciones representativas del colectivo para reforzar la protección del trabajo autónomo ante un contexto económico internacional marcado por la incertidumbre.

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