El juez decidirá en noviembre si el concurso de Abengoa fue culpable o fortuito

Sevilla/La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla celebrará una vista, entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025, convocada para que el juez decida si el concurso de acreedores que provocó la disolución de la histórica multinacional sevillana Abengoa fue fortuito o culpable. Esto es, si el estado de insolvencia fue provocado o agravado por dolo o culpa grave de los administradores. En concreto, la gestión que será escrutada será la de dos consejos de administración de la entonces cotizada, el que presidió Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz –integrado además por Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui yPilar Cavero Mestre– (fue miembro Josep Piqué Camps, ya fallecido) y el que le sucedió en la administración de la compañía y declaró del concurso, presidido por Juan Pablo López-Bravo Velasco e integrado por Margarida de la Riva Smith.

Esta vista de calificación del concurso debió celebrarse en marzo pasado, pero la representación de Abengoa SA y de estos administradores a los que se podría considerar responsables pidió un aplazamiento y el juicio tendrá lugar en noviembre.

De las tres calificaciones posibles de un concurso –culpable, fortuita o fraudulenta–, en el caso de Abengoa la administración concursal, EY Abobados, argumenta que el concurso fue fortuito. Mientras que un acreedor The Saudi British Bank (SABB) pide que se declara culpable. También ha instado la declaración de culpabilidad en la sección VI del concurso la sociedad que aglutina a la mayoría de los fundadores de Abengoa, Inversión Corporativa (IC), que hizo esta petición en marzo de 2023. El juez aún no se ha pronunciado si IC puede ser parte, ya que es accionista y no acreedor, y tendrá que decidirlo en la propia vista.

En cualquier caso, el juez del concurso de Abengoa sí ha citado como testigo en la vista al presidente de IC y ex presidente de Abengoa, Felipe Benjumea Llorente, que tendrá ocasión de explicar una vez más el parecer de los accionistas: que los miembros del consejo de administración "actuaron de forma desleal, agravando la insolvencia de la sociedad concursada e irrogando importantes daños y perjuicios tanto a Abengoa como a sus socios minoritarios", según constaba en el escrito en el que se pedía el concurso culpable. IC también pedía que se culpabilizase del concurso culpable al al administrador de las sociedades instrumentales creadas en la primera reestructuración Christian Anders Digemose, que consideran que actuó como "administrador de hecho" del grupo Abengoa, en nombre de los principales acreedores, para realizar dos reestructuraciones únicamente encaminadas a conseguir que esos mismos acreedores tuviesen el mínimo impacto posible y la sociedad quedase liquidada, como sucedió. Por el camino, los acreedores que se adjudicaron la mayoría de las acciones en la primera reestructuración financiera ejecutada en 2017, vendieron sus participaciones a decenas de miles de accionistas minoritarios que quedaron atrapados –de hecho aún siguen– y perdieron toda su inversión.

En lo sustancial, coinciden con la petición de SABB, que en su escrito de petición de calificación de concurso culpable señalaron que Abengoa se encontraba en estado de insolvencia desde 2015 y que los dos planes de reestructuración que hizo el grupo fueron una "ficción" que solo sirvió para retrasar la presentación del concurso de acreedores y "agravar seriamente el estado de insolvencia de Abengoa, en detrimento de sus activos".

SABB denuncia inexactitudes graves en la documentación presentada por Abengoa al solicitar el concurso frente a las que acreditó el administrador concursal. La lista de activos presentada por Abengoa ascendía a 666 millones de euros, cantidad que EY redujo a 631 millones de euros. No es la única desviación denunciada por SABB, ya que también alerta sobre la diferencia entre el pasivo que declaró Abengoa, 999 millones, y los 1.196 millones en la que lo cifró la administración concursal. Enfatiza también lSABB a discrepancia en el número de acreedores, mientras la empresa dijo que eran 330 al pedir el concurso, EY los elevó a 520.

Otro argumento puesto sobre la mesa por el banco saudí británico que que el consejo de administración que presidía Urquijo retrasó la formulación y presentación de cuentas del ejercicio de 2019, con el objetivo de hacer una tercera reestructuración que nunca se llevó a efecto, razón por la que sus integrantes fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), unas multas que confirmó la Audiencia Nacional tras ser recurridas por Urquijo y el resto de consejeros.

La declaración de concurso culpable puede derivar en acciones penales contra los administradores, si bien contra esos mismos ex consejeros de Abengoa ya se sigue unas diligencias previas en un juzgado de Sevilla.